Planes de gobierno: de qué sirven cuando un candidato es electo
Cuando un político se lanza como candidato, obligatoriamente tiene que presentar un plan de gobierno con sus propuestas. Si las incumple, puede ser sujeto de una revocatoria de mandato.
Una ciudadana deposita su voto durante la jornada de votación de este 20 de agosto de 2023 en Quito.
AFP
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A lo largo de esta campaña electoral, los planes de gobierno que los candidatos presidenciales presentaron en su inscripción se han llevado elogios y críticas. Estos documentos contienen un resumen de las propuestas que los binomios impulsan, pero pasan a segundo plano después de las elecciones.
Sin embargo, los planes de gobierno pueden ser instrumentos de control ciudadano, pues son el principal insumo que podría llevar a una revocatoria del mandato.
Pero, ¿qué es el plan de trabajo o plan de Gobierno? Según la Enciclopedia de la Política del expresidente Rodrigo Borja, es un "instrumento de acción política, económica y social materializado en un documento, que establece el conjunto de objetivos a alcanzarse por el gobierno en un determinado plazo y los medios que le servirán para ello".
Este documento, por lo tanto, contiene la propuesta que los candidatos deberán ejecutar como autoridad una vez electos.
Por ello, su análisis es crucial durante la campaña electoral, pues lo que está escrito debería ser lo que guíe el gobierno de quien resulte electo.
El contenido de los planes de gobierno
El Código de la Democracia establece que los candidatos presidenciales deben presentar un plan de trabajo que contenga al menos:
- Un diagnóstico de la situación actual.
- Objetivos generales y específicos.
- Plan de trabajo plurianual, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos.
- Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión.
Este documento tiene que ser entregado el momento de la inscripción de la candidatura. Es decir que los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Luisa González y Daniel Noboa, ya los entregaron.
En el plan de trabajo, por lo tanto, deberían estar contenidas las principales propuestas que los candidatos hacen en la campaña electoral. El problema es que esto no siempre se cumple.
Por ejemplo, en la primera vuelta electoral, el candidato Jan Topic habló constantemente de un plan de seguridad, pero este no estaba incluido en el plan de gobierno que presentó en su inscripción.
Además, dado que el plan se presenta mucho antes del inicio de la campaña electoral, los postulantes van sumando ofrecimientos de acuerdo a la coyuntura y que no quedan por escrito.
Un tercer problema es que los planes de gobierno no hablan de los "cómos", es decir, de qué forma se van a cumplir las metas ofrecidas.
Y finalmente, Consejo Nacional Electoral (CNE) solamente revisa la entrega del documento, pero no su contenido. Por ello, la mayoría no cumplió con todos los requisitos, de acuerdo con un análisis de Usuarios Digitales.
El incumplimiento del plan de trabajo
En el caso de que una autoridad electa no cumpla su plan de trabajo, la ciudadanía puede iniciar un proceso de revocatoria del mandato. Esto es una votación para decidir si dicha autoridad mantiene o no el cargo.
La Constitución establece que se podrá iniciar un proceso de revocatoria de mandato una vez cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el período de gestión, podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria.
Para iniciar este proceso contra el Presidente de la República, el ciudadano o grupo deberá contar con el respaldo de al menos el 15% del padrón electoral. Esto significa unas 2 millones de firmas de apoyo a la revocatoria.
Pero antes de comenzar a recoger las firmas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hace una revisión de la solicitud de revocatoria del mandato, para evaluar que esta no contenga no haya vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad. Por ejemplo, que se refiera específicamente a los incumplimientos en el plan de gobierno.
Esto ya sucedió en 2022, cuando el CNE negó los formularios a agrupaciones que pretendían revocar el mandato al presidente Guillermo Lasso.
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