Correa: Tendremos entre 60 y 65 asambleístas; decidiremos sobre juicio a Lasso

Será un segundo intento. Pierina Correa Delgado, de 62 años, encabeza nuevamente la lista de asambleístas nacionales por la Revolución Ciudadana (RC).

La hermana del expresidente Rafael Correa llegó a la Asamblea en 2021, pero no logró cumplir su periodo por la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso.

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Ahora intenta regresar al Legislativo para continuar con leyes pendientes como la condonación de deudas de hasta USD 10.000 a los clientes de BanEcuador y del Banco Nacional de Fomento en liquidación.

Pierina Correa cuestiona que funcionarios del Gobierno no usen leyes vigentes en casos urgentes, como la alimentación a damnificados de desastres naturales y se pregunta: "¿Para qué estamos trabajando?".

¿Cuáles serán las prioridades de la Revolución Ciudadana sobre los proyectos de ley que quedaron pendientes en la Asamblea, tras la muerte cruzada?

A pedido de nuestra candidata Luisa González, el primer impulso será la ley que permita complementar otra condonación de deudas de hasta USD 10.000 de aquellos clientes que, por diversas razones, están en mora con BanEcuador y el Banco Nacional de Fomento en liquidación.

Yo añadiría una reestructuración de ese banco, porque con intereses del 14% al 16% casi se convierte en banca privada y hace rato perdió su esencia de fomento y desarrollo, porque con esas condiciones no benefician al grupo objetivo.

Nosotros llegamos con un plan de trabajo legislativo. Hemos logrado pasar algunas. Aprobamos 38 leyes en total, 11 relacionadas directamente con seguridad.

Hay que hacer seguimiento para que el Ejecutivo prepare el reglamento dentro de los seis meses que señala la ley o en menos tiempo, dada la urgencia del tema de la seguridad, que asigne recursos y defina política pública.

¿Cuáles son las leyes sobre seguridad, de las 11 aprobadas, que van a priorizar, tomando en cuenta el tiempo que estarán en funciones?

El tema del factor tiempo no afecta a la legislación. El tiempo promedio para aprobar una nueva ley desde el inicio o una reforma es más o menos un año, incluido el veto presidencial.

Con la disolución de la Asamblea, algunas leyes quedaron en diferentes etapas y procesos.

Por ejemplo, hay leyes en trámite de socialización, otras en elaboración y aprobación de informe para primer debate, entonces nosotros no tenemos tantas limitantes como el Ejecutivo.

Y así se inicien ahora nuevos proyectos de ley, igualmente algunas quedarán en proceso al finalizar el periodo, porque es un tema dinámico.

¿Cuáles va a priorizar?

Las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la incidencia de los jueces en la liberación de detenidos, femicidio -en el que hay propuestas de incremento de penas-.

Al aprobar la ley contra la trata y el tráfico de personas, se incluyeron dos nuevos delitos para que sean tipificados: extorsión y el coyoterismo. Estas son cosas pendientes que no pueden esperar más.

Retomar el Código Orgánico de la Salud, que fue vetado totalmente por (el expresidente) Lenín Moreno y ya cumplió el año, por lo que debe regresar a la agenda legislativa para aprobarlo o no. Está en revisión la Ley de Riesgos, ahora con miras al Fenómeno de El Niño.

En esto no vemos ningún tipo de acción, de prevención o de información sobre desazolve de ríos, limpieza de canales, cunetas, definición de lugares seguros en los que ubicar a la gente tras los desalojos, rutas de evacuación, nada de eso se está haciendo.

Me preocupa quién va a responder a los agricultores por la pérdida de cultivos y que quedan en deuda con los bancos por los préstamos.

¿Cuáles serán los nuevos proyectos que van a presentar?

El de impulso a la Productividad en el sector agrícola y agropecuario, impulso a los procesos de industrialización y semi industrialización, esos entre los principales.

Y ahí intervienen todas la preocupaciones del sector del agro en cuanto a asesoría, tecnificación, certificaciones de origen orgánico, de buenas prácticas, acceso a líneas de financiamiento, seguro agrícola, control de precios de los insumos.

Eventualmente salvaguardas si en algún momento se requiere, entre otras cosas.

El tema de la revisión de la ley de riesgos es importante, ante todo lo que está pasando. Tenemos volcán, Niño y el riesgo de terremotos.

Para lograrlo tendrán que consolidar una mayoría en el legislativo.

El cálculo, con base en resultados históricos y tomando en consideración el método Webster, nos señala que tendríamos entre 60 y 65 asambleístas. Ahora, hay que considerar otro tema adicional, que el bloque de gobierno no puso candidaturas a ninguna dignidad.

Pachakutik e Izquierda Democrática tampoco, entonces son consideraciones nuevas que entran también en ese cálculo.

No tenemos en este momento formas de saber cuántos legisladores entrarían por bloque, los socialcristianos quedaron muy debilitados, ya que al término de la Asamblea estuvieron a punto de dejar de ser bancada.

Entonces habría que ver cómo se comporta el electorado con ellos, porque les endosan algunas responsabilidades, entre ellas que (Guillermo) Lasso haya sido presidente.

¿Apuntarían entonces a Pachakutik y a la ID para conformar una mayoría?

No estoy diciendo eso. Me refiero a la diferente situación de cada bloque. Por ejemplo, en Pachakutik prácticamente ninguno (de sus exlegisladores) repite por la reacción de parte de la militancia que no está de acuerdo en cómo se manejaron como bloque.

En la Izquierda Democrática también bloquearon por diversas razones a gente como Ramiro Narváez, a quien considero un asambleísta valioso, por las broncas internas.

Entonces ahí hay afectación y no sabemos cuál será la respuesta del electorado a las nuevos nombres que están proponiendo.

Eventualmente, si es que nos faltan cinco y diez votos para los 70 -la mayoría-, habría que ver quiénes son los independientes, los que llegan por minorías, para saber si puede haber acercamientos y conformar una mayoría en la Asamblea.

¿Por dónde comenzará la fiscalización en la Asamblea?

Hay un tema pendiente que es el juicio político a Guillermo Lasso. Si bien su principal motivación para decretar la muerte cruzada no fue la crisis, sino saber que no contaba con los votos para salvar su cabeza de la destitución, esto no puede quedar en el aire.

Al asumir el nuevo bloque parlamentario, el pleno de la Asamblea deberá tomar una decisión sobre el juicio, si continúa o se archiva.

La ley señala que (los juicios políticos) deben ser tratados en el orden en que fueron ingresados, entonces en ese momento estaba en el aire el juicio político contra Guillermo Lasso. Por lo tanto, deberíamos retomarlo para que el pleno decida.

Si los tiempos no nos dan y Lasso ya no es presidente, no cabe la destitución.

Sin embargo, queda pendiente la sanción de inhabilitación por dos años y, en caso de considerar que hay sustento para iniciar acciones judiciales, se elabora un informe completo y se lo enviaría a la Fiscalía, para que analice si procede o no.

¿Qué tratamiento darán a los decretos ley del Ejecutivo firmados tras la disolución de la Asamblea?

La ley señala que la Asamblea debe analizarlos y validarlos o no, pero mire la actitud del presidente Lasso, antes éramos nosotros los que boicoteábamos su trabajo, ahora es la Corte Constitucional.

No hace falta mucho análisis para concluir que el problema no era ni la Asamblea ni la Corte, sino el Presidente.

Pero la Asamblea tiene sus problemas, como la mala imagen ante la ciudadanía. ¿Cómo recuperarla?

Hay algunos corresponsables. Nosotros, como asambleístas, deberíamos asumir con total responsabilidad y madurez política que estamos ahí, no para caprichos personales, sino que representamos al pueblo, al cual debemos nuestro trabajo.

La Asamblea tiene excelentes medios de comunicación, pero por alguna razón la información no trasciende; corresponsabilidad por parte de quienes hacen comunicación y periodismo en el país, que tengan la noticia veraz, verificada y contrastada.

Pero la mala imagen de la Asamblea se debe a los actos de corrupción de los mismos legisladores que han sido investigados.

Estamos de acuerdo, pero no se puede generalizar. Hubo una acusación de violación, pero eso no significa que los 137 asambleístas seamos violadores. Hay dos o tres casos de diezmos que fueron procesados, pero no podemos decir que los asambleístas somos diezmeros.

Y así para cada caso de corrupción. No estoy de acuerdo en el cruce de insultos de extremo a extremo, en lanzar improperios o ataques que van hacia la familia y no con el trabajo del asambleísta.

La contraparte también la tiene la ciudadanía, que debe estar informada sobre las actividades legislativas.

Yo les digo en mis reuniones que así como están al día en lo último sobre Shakira y Piqué, hagan un día el esfuerzo y métanse a la página web para que se informen sobre la Asamblea, para que vean qué leyes hemos aprobado, en qué etapa o comisión están.

"El Gobierno tiene la ley ahí y no la implementa, entonces ¿para qué estamos trabajando?"

Por ejemplo, en el tema del aluvión en Alausí, (el ministro de Inclusión) Esteban Bernal me dice que hicieron campaña de alimentos (para los damnificados). Le pregunté para qué, si tenemos la ley de Pancitas Llenas, que busca evitar el desperdicio de alimentos.

Esta consiste en que las tiendas comercializadoras tienen que retirar de sus perchas los alimentos cuando se acerca su fecha de caducidad.

Solo debe mandar una carta pidiendo a los empresarios que los envíen a los centros de acopio, pero ni siquiera se había acordado de la ley.

Y estamos hablando de un ministro. El Gobierno tiene la ley ahí y no la implementa, entonces ¿para qué estamos trabajando?