Seguridad, economía, IESS y gobernabilidad: los retos más grandes de Noboa

La seguridad es el principal problema con el que debe tratar Noboa. La proliferación del narcotráfico y el crimen organizado ha generado la peor crisis en esta área de toda la historia nacional. Esto se ve reflejado en la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que es el principal indicador para medir el nivel de peligrosidad y violencia en un territorio. Entre enero y junio de 2023, en Ecuador hubo 3.599 homicidios. Es decir, un promedio de 19,9 casos. Si esta media se mantiene, el país podría cerrar el año con unos 7.298 casos y una tasa de 43,1 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esto significaría un incremento del 66,41% respecto a 2022.

El principal desafío económico para el siguiente Gobierno será sostener el elevado gasto público en un año en el que se prevé una reducción de los ingresos petroleros. Lo anterior, porque en 2024 está previsto el cierre del campo petrolero Yasuní ITT, tras la consulta popular, explica Andrés Albuja, profesor de economía de la Universidad Internacional SEK. El Gobierno de Lasso informó que la reducción anual de ingresos sería de al menos USD 1.200 millones por el cierre del campo petrolero. Pero el aumento del gasto público en 2024 también dependerá de la intensidad de los efectos del inminente Fenómeno de El Niño, añade Albuja. De ahí que el faltante de recursos para cubrir el gasto, que se conoce como déficit fiscal, sería de al menos USD 5.000 millones, según la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes). En este escenario, el nuevo Gobierno tendrá que endeudarse más que en 2023. Pero emitir bonos en el mercado internacional sería demasiado caro. Esto, porque con el riesgo país actual (que se mantuvo en alrededor de 1.800 puntos en lo que va de octubre de 2023), el Estado tendría que pagar una tasa de interés de al menos 23% anual si emite bonos. Albuja añade que la mejor alternativa será que el nuevo presidente busque reestructurar o renegociar las deudas con los organismos multilaterales, que cobran tasas de interés menores al 5% anual, y así acceder a períodos de gracia o mayores cupos para nuevos préstamos.

Una reforma legal que dé sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fue una promesa que no se cumplió en el Gobierno de Guillermo Lasso. Aunque el propio Presidente Lasso creó una comisión especial en enero de 2023 que elaboró y le entregó un anteproyecto de ley, el Gobierno decidió no enviarlo como decreto ley. Además, el Ministerio de Finanzas dejó de hacer su aporte del 40% para el pago de las pensiones jubilares desde febrero de 2023, lo que ha agravado los problemas de liquidez del IESS al punto de que su Consejo Directivo ha advertido que en lo que resta de 2023 es posible que no existan suficientes recursos para pagar las pensiones de los jubilados. Por ahora, para atender esta crisis, el IESS ha decidido tomar parte de sus ahorros administrados por su banco: el Biess. De hecho, el Biess desinvirtó casi USD 480 millones hasta septiembre de 2023. Pero, de continuar la falta de pago del aporte del Estado, el IESS tendrá que desinvertir hasta USD 1.511 millones en todo 2023. A ese ritmo, para 2027 ya no habrá ahorros y el IESS comenzará a pagar incompleto a los jubilados, porque actualmente los ingresos por aportes no alcanzan para pagar los beneficios a los jubilados.

En la parte política Noboa tendrá que hacer frente a un Legislativo en el que no tiene mayoría, por lo que la gobernabilidad dependerá de cómo logren establecer esa relación. Además, al tratarse de un periodo que no cuenta como una elección ordinaria, los nuevos asambleístas también tendrán en mente una posible reelección en 2025. El expresidente Guillermo Lasso es el ejemplo más radical de lo que puede lograr una brecha insuperable con los otros actores políticos y sociales, a la par de una pugna constante con la Asamblea Nacional. Mientras tanto, aunque las funciones del Estado tienen una independencia constitucional, la crisis por la que atraviesan varias instituciones termina golpeando también al Ejecutivo. Uno de los principales problemas, señalados por la anterior administración, es la ineficacia del sistema judicial. A esto se suman los problemas del Consejo de Participación Ciudadana, que durante años no logra renovar a las autoridades de control seleccionadas por concursos públicos. La deteriorada institución no ha podido cumplir con su principal rol, a causa de las interferencias políticas y judiciales en estos procesos y en su mismo pleno.