Henry Kronfle: "Los gobiernos siempre buscan a quién culpar"

Henry Kronfle Kozhaya es un empresario guayaquileño, de 51 años, que encabeza la lista de asambleístas nacionales por el Partido Social Cristiano (PSC), para las elecciones del 20 de agosto.

Kronfle fue parte de la Asamblea que fue disuelta tras el decreto de muerte cruzada, firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el 17 de mayo de 2023.

El empresario llegó al Legislativo en 2017 bajo la bandera socialcristiana, periodo en el que integró la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario.

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Kronfle fue reelecto para el periodo 2021-2025 y su nombre fue propuesto para presidir la Asamblea como parte del acuerdo con el movimiento oficialista Creo, que se rompió el mismo día de la posesión, el 14 de mayo de ese año.

Ahora quiere volver a la Asamblea con una hoja de ruta, marcada por proyectos de ley en materia laboral y de seguridad. Además, analizará los juicios políticos pendientes contra exministros y vocales del Consejo de la Judicatura.

¿Cuáles serán los proyectos de Ley que plantean priorizar, tomando en cuenta que existen 562 proyectos legales represados en la Asamblea anterior?

Los proyectos que vamos a priorizar son los que ya presentamos nosotros, pero hay que llegar a un consenso con quienes conformen el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para definir las prioridades con los representantes de las bancadas.

Entre ellas está darles semillas de alto rendimiento a los pequeños agricultores del país para reactivar el campo, donde trabaja el 50% de ecuatorianos y está abandonado.

Además hay un proyecto para darles, de manera gratuita, a los pequeños ganaderos las pajuelas de alta calidad para mejorar la carne y la leche.

Hay que duplicar las asignaciones a los GAD, quitándole funciones al Estado, porque creemos pueden hacer esas obras y servicios de manera eficiente.

Presentamos también un proyecto de ley para la pesca artesanal, que ya se tramitó, pero que requiere de ciertas modificaciones, como incluir un barco con georreferenciación, que permita ubicar las manchas de peces y que, además, está ligado a temas de seguridad.

Hay otro proyecto para que las rentas sean entregadas de manera automática a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), abriéndoles cuentas a través del Banco Central para que en un plazo máximo de cinco días, de manera automática, se les entregue los recursos.

También para duplicar las asignaciones a los GAD, quitándole funciones al Estado central, porque creemos pueden hacer esas obras y servicios de manera más eficiente.

Otro proyecto presentado consiste en no permitir que ningún gobierno meta la mano a los fondos de Seguridad Social para financiar otras cosas, como salarios.

¿Y proyectos nuevos en agenda, además de los presentados?

Tenemos en carpeta proyectos de ley en materias laboral y de seguridad, como integrar las bases de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), para obligar a que exista un control total de los fondos.

Por ejemplo, obligar a que se devengue el presupuesto asignado a seguridad, que hoy en día no se ha devengado ni el 13% del presupuesto asignado. También un proyecto de seguridad y control de fronteras, que es muy importante.

En lo laboral, presentaremos un proyecto de ley para que se pueda trabajar por una fracción, no el trabajo por horas, sino una fracción de la jornada laboral y que la afiliación sea por esa fracción, accediendo a todas las prestaciones en forma proporcional.

Para lograrlo deberán contar con una mayoría legislativa. ¿Qué le hace pensar que estos proyectos tendrán el respaldo de las demás bancadas?

Por su puesto que hay que tener conversaciones, primero hay que ver cómo quedan constituidas las diferentes bancadas y luego tener los acercamientos.

Nos va a tocar los cabeza de lista sentarnos, conversar y priorizar la agenda legislativa, en base a los que requiera el nuevo gobierno. Es verdad que en la Asamblea hay proyectos represados, pero no solo de los últimos dos años, sino desde hace mucho tiempo atrás.

Hay que ver varios frentes, primero el de los proyectos represados, para poder unirlos. Pero debe haber voluntad. Segundo, hay que cumplir con lo que quiere la gente.

Dicen que la Asamblea no deja gobernar al presidente, pero cuando pretenden poner impuestos y el pueblo no quiere, ahí es cuando funciona la democracia de pesos y contrapesos.

¿Y en materia de fiscalización, cuál será la prioridad?

Hay una serie de juicios políticos presentados en la Asamblea que tienen que seguir un trámite.

No porque se disolvió el legislativo se van a obviar, hay que tramitarlos, porque jurídicamente se lo debe hacer hasta después de un año de que dejan sus puestos como ministros de Estado.

Habrá que tratarlos en la Comisión de Fiscalización y tomar una decisión.

¿Cuáles están pendientes?

Durante el periodo cesado se presentaron 22 solicitudes de juicio político en total. Se censuró a los exministros del Interior, Patricio Carrillo; y de Salud, Ximena Garzón.

Entre los pendientes, y ya iniciados, están los juicios en contra de tres consejeros nacionales electorales, tres vocales del Consejo de la Judicatura, contra el exministro de Transporte, Darío Herrera; y los ministros de Inclusión Social, Esteban Bernal; y del Interior, Juan Zapata.

También contra el procurador General, Juan Carlos Larrea.

¿Y el juicio político contra el presidente Lasso?

Desde el punto de vista jurídico, el juicio político se puede continuar; desde el punto de vista político, no lo veo conveniente.

Pero soy respetuoso, no quiero adelantarme sin consensuar con la bancada. Es una decisión que tomaremos en su momento.

¿Qué pasará con los decretos ley del gobierno saliente?

Pues habrá que revisarlos, siempre y cuando lo que se revise no sean temas de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Los demás se debe analizar.

Pero parece que el problema es precisamente el Ejecutivo, porque mire lo que ha pasado con la Corte Constitucional.

Prácticamente no le ha aprobado nada, más allá de una parte parcial. Entonces siempre buscan a quién culpar. Cuando se diseñó el plan de gobierno de Guillermo Lasso, casi el 90% del mismo no tenía nada que ver con la Asamblea.

Es decir que podía ejecutar el plan. Solo el 10% llegaba a pasar por el Legislativo, como acuerdos comerciales, impuestos. Es sorprendente que digan 'no me dejan gobernar', es una cosa de locos.

La Asamblea también tiene sus pecados. Legisladores implicados en casos de corrupción, una agenda ajena a la coyuntura. ¿Cómo mejorar la pésima imagen que tiene este poder del Estado?

Primero, no podemos justificar que porque la Asamblea tenía el 3% (de aceptación), cabía el derecho a que se disolviera. A nuestro criterio, no hubo las causales (para la muerte cruzada), porque la Corte Constitucional no lo determina.

¿Cómo mejorar la imagen? Trabajando en territorio y manejando la agenda legislativa a través de las autoridades del CAL que requiera el pueblo ecuatoriano.

Hay que estar menos entre cuatro paredes, porque todos los días sesionamos encerrados, cuando no nos escucha el pueblo y no lo escuchamos nosotros.

Perdemos el día con cosas como el Día del Bizcocho, cosas que no le interesan al pueblo.

Pero los legisladores tienen la obligación de trabajar en territorio y no lo hacen.

Hay varios problemas. Se habla mucho y se hace poco. Gracias a Dios, las intervenciones legislativas se han recortado a la mitad de lo que estaban antes y eso es bueno.

Pero si nos convocan un martes a las 09:00, mucha gente debe salir la noche anterior aún si viven en lugares donde no hay aeropuertos. Por ejemplo, el que vive en Machala, tiene que ir a Guayaquil, tomar el avión y llegar a Quito.

Y regresa el jueves, pierde el viernes en movilización y es un problema. Creo que la Asamblea tiene que sacar esa rigidez de que tiene tiene que demostrarle a la gente que está trabajando a través de sesiones puntuales.

La presión que se genera por calificar a la gente por el número de proyectos presentados o por las asistencias mal dichas, que son en realidad votaciones.

Es una presión para que mañana, ante la opinión pública, el asambleísta sienta que está descuidando el trabajo en territorio.

La modalidad tiene que cambiar y que la Asamblea no solo sesione en Quito, sino en varias partes del país, así como las comisiones, porque hay que estar en el lugar para entender la problemática.

Hemos llegado a unos niveles de ridiculez, cuando el país, en la parte económica y de seguridad, se está cayendo a pedazos.