Corrupción: Candidatos se mueven entre el cambio ético y la mano dura

El candidato por la alianza entre Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí plantea "atacar de raíz la corrupción con una nueva ética de honradez y solidaridad". Yaku Pérez, excandidato presidencial de Pachakutik, dice que guiará su gobierno por el principio indígena de: no robar, no mentir, no ser ocioso. Pero no aclara cómo se alcanzará la independencia de funciones que ofrece y enumera pocas acciones de lucha contra la corrupción:

• Firma de convenios internacionales para recuperar el dinero robado.
• Política de austeridad.
• Mano dura contra los corruptos.
• Fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para el monitoreo de funcionarios públicos.
• Transformar el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Daniel Noboa, candidato por la alianza Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, del primo del expresidente Lenin Moreno) y Mover (antes Alianza PAIS), propone implementar medidas para mejorar la transparencia en el proceso de licitación pública. Las opciones serían la publicación de las decisiones de adjudicación y las justificaciones correspondientes. Además, pretende establecer mecanismos de rendición de cuentas, con un sistema de apelación para las empresas que hubiesen sido perjudicadas. Noboa apuesta por el fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra los paraísos fiscales. Y de hacer una auditoría de las empresas públicas durante los 18 meses estimados de gobierno. También habla de reformas que exijan a las empresas a revelar más información sobre sus operaciones financieras. Y de realizar auditorías regulares para identificar y eliminar cualquier desperdicio o corrupción.

La candidata del correísmo, Luisa González, ofrece "recuperar la independencia de la Función Judicial y la Fiscalía" y fortalecer el Consejo de la Judicatura. En la lista de ofrecimientos de la Revolución Ciudadana están también:

• Desarrollar políticas para la erradicación de la corrupción sistémica en el ámbito público.
• Fortalecer los sistemas de justicia y aplicación de la ley.
• Incautar y confiscar activos ilícitos.
• Establecer sistemas de protección para testigos y denunciantes.
• Fortalecer la transparencia del sistema de contratación pública.

El exvicepresidente auspiciado por la alianza entre SUMA y Avanza, Otto Sonenholzner, propone reformar la justicia para reducir la corrupción e impunidad, en colaboración con otros poderes e instituciones del Estado. También plantea la creación de un sistema de justicia abierta, así como la implementación de estándares de evaluación y sanción. Y fortalecer los procesos de localización de activos en el extranjero y de asistencia legal, recíproca o de extradición. Entre las propuestas de su plan de gobierno están:

• Fortalecer la transparencia en la ejecución presupuestaria y de proyectos, con la publicación del detalle de intervenciones previstas.
• Impulsar procesos de auditoría y reformar los contratos de provisión de servicios externos del sistema de salud.
• Mejorar los procesos de acceso a la información, atención y denuncia de actos de corrupción o negligencia.
• Reactivar y fortalecer el comité ejecutivo de la lucha contra la corrupción.

El candidato de la alianza entre el Partido Social Cristiano, el Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático, Jan Topic, hace pocos planteamientos en materia de lucha contra la corrupción. Propone una "campaña de sinceramiento y transparencia" de la condición de los procesos de control, pero no especifica cómo ni cuáles. En su plan de trabajo también habla de transparentar "las notificaciones de predeterminación de responsabilidades civiles culposas y administrativas y órdenes de reintegro" con más de siete años de vigencia y que no hayan sido notificadas con la respectiva resolución. Según Topic, esto permitirá a la Contraloría incrementar la velocidad de procesos en las causas más recientes y que constituyen el porcentaje más alto de perjuicios ocasionados al Estado. Este candidato también ofrece:

• La instauración de mecanismos de rendición de cuentas.
• La divulgación de información de dominio público.
• La prevención y castigo de actos corruptos.
• Fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
• Establecer sistemas de protección sólidos para los informantes de casos de corrupción.

El candidato auspiciado por el movimiento Amigo, Bolívar Armijos, tiene un plan de gobierno con propuestas enfocadas a detener la corrupción en el sector de la salud:

• Realizar una auditoría exhaustiva de los recursos asignados a los hospitales y centros de salud para identificar posibles áreas de mejora en la eficiencia del gasto.
• Establecer mecanismos de supervisión y control rigurosos en los procesos de adquisición y suministro de medicamentos.

El candidato auspiciado por el movimiento Construye (antes Ruptura), Fernando Villavicencio, es el único que propone eliminar la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y crear un sistema para definir los perfiles, evaluar candidatos y fijar compensaciones los gerentes de las empresas públicas. Además, el exlegislador propone implementar mecanismos de prevención del lavado de activos y el terrorismo, y de prácticas antisoborno. Así como ejecutar un proceso de depuración de fiscales, peritos, jueces y defensores públicos. En cuanto a las compras públicas, Villavicencio propone:

• Racionalizar los procesos de contratación para garantizar eficacia en los procesos de adquisición de bienes y servicios.
• Implementar un sistema centralizado de compra de medicamentos.
• Establecer mecanismos de control adecuados que impidan la instalación de esquemas de corrupción alrededor de la contratación pública.

Xavier Hervas, candidato presidencial por la Izquierda Democrática en 2021 y ahora auspiciado por el movimiento RETO (antes Podemos), divide la gestión anticorrupción en tres áreas. La primera es específica en temas de seguridad. Hervas plantea establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para garantizar la integridad de las fuerzas del orden. Y fomentar la transparencia en la gestión de la seguridad, promoviendo el acceso a la información pública en la materia. La segunda es en el área de la salud. El plan de gobierno propone "mecanismos sólidos de control y auditoría para asegurar el uso adecuado y transparente de los recursos en el sector de la salud". Y, finalmente, propone medidas para controlar el gasto público en general:

• Establecer mecanismos de supervisión y control rigurosos para garantizar la calidad y cumplimiento de los estándares en la ejecución de obras.
• Implementar sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos, con el fin de asegurar la correcta asignación de recursos, la eficiencia en la ejecución y el cumplimiento de los plazos establecidos.
• Garantizar la transparencia en los procesos de contratación y licitación de obras, mediante la publicación de información detallada y accesible sobre los proyectos, los criterios de selección y los resultados obtenidos.