Violencia de género les cuesta USD 243 millones a pequeñas emprendedoras
En Ecuador cinco de cada 10 mujeres dueñas de microemprendimientos han sido violentadas al menos una vez por su pareja o expareja.
Una mujer vende ropa en un almacén en Quito, en abril de 2021.
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La violencia de género significa USD 243 millones al año para las microemprendedoras de Ecuador.
Esto lo revela el reporte 'Los costos de la violencia contra las mujeres en los microemprendimientos de Ecuador' de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), que encuestó a 1,3 millones de mujeres dueñas de microemprendimientos.
Del costo total de la violencia, USD 214 millones corresponden a ingresos que dejan de percibir las mujeres. Otros USD 29 millones son recursos del negocio que se destinan a gastos para atender las consecuencias de la violencia de género.
Por culpa de la violencia las microempresarias dejan de percibir USD 214 millones en ingresos al año.
"Las microemprendedoras que sufren violencia de género tienen que gastar dinero en atención médica, servicios legales y transporte”, explica Christin Schulze, asesora técnica del programa PreViMujer, de la GIZ.
Y agrega que “las víctimas también tienen que reparar equipos de sus negocios que son dañados por los agresores“.
Los microemprendimientos son negocios que registran ventas anuales iguales o inferiores a USD 100.000 y que tienen entre uno y nueve trabajadores.
Más violencia, menos productividad
¿Por qué la violencia de género significa menos ingresos? Porque las microempendedoras que son víctimas pierden dinero, tiempo y salud.
Una mujer agredida busca atención médica y protección en promedio seis veces al año y por cada atención gasta en promedio USD 50.
Por cada episodio de violencia, las dueñas de microemprendimientos destinan hasta 31 horas a asistencia.
"Las víctimas también tienen que reparar equipos de sus negocios que son dañados por los agresores".
Christin Schulze
Christin Schulze
La violencia y la pérdida de tiempo y dinero se traducen en disminución de las capacidades productivas y de gestión de las microemprendedoras.
Eso trae serias repercusiones en el negocio, incluyendo su descapitalización.
Por ejemplo, hay microemprendedoras que sacan un crédito para financiar su pequeño negocio, pero son obligadas por sus parejas a destinar esos recursos a otros gastos, sostiene Schulze.
También existen microemprendedoras que no pueden acceder a créditos formales porque sus esposos no firman la solicitud, requisito que piden algunas instituciones financieras.
En ese contexto, las dueñas de microemprendimientos se ven obligadas a obtener financiamiento informal, con tasas de interés elevadas.
Según un estudio del buró de crédito Equifax, el grupo social que más pide dinero con los 'chulqueros' está constituido por mujeres cabeza de hogar.
Daños físicos y emocionales
Cinco de cada 10 mujeres dueñas de microemprendimientos en Ecuador han sido violentadas por su pareja o expareja. Y en el último año dos de cada 10 microemprendedoras han sido víctimas de violencia de género.
La violencia que más experimentan las microemprendedoras es la psicológica. Le siguen la violencia física, la económica y la sexual.
Como consecuencia, las microemprendedoras violentadas experimentan parálisis cerebral, desmayos y hospitalizaciones.
Y si se analiza el impacto emocional, las consecuencias son depresión, insomnio, angustia o miedo.
Las microemprendedoras sufren más violencia de género en comparación con otras mujeres, según la GIZ.
Eso se debe a la hipótesis del 'backlash' o reacción, que sostiene que el empoderamiento inicial de la mujer aumenta la violencia y coerción, porque sus parejas se sienten amenazadas en sus roles tradicionales y se resisten al cambio.
Cinco de cada 10 mujeres dueñas de microemprendimientos en Ecuador han sido violentadas por su pareja o expareja.
En ese contexto, la GIZ hace algunas recomendaciones para atender la violencia contra las mujeres y, en este caso concreto, contra las microemprendedoras.
Una de las recomendaciones es que las instituciones financieras no exijan la firma de las parejas en el momento de otorgar créditos o que hagan un mayor seguimiento al destino de los recursos, eso cuando se detecte casos de violencia de género.
Algunas parejas se sienten amenazadas en sus roles tradicionales y se resisten al cambio.
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