El sector empresarial propone un pacto fiscal en la reforma tributaria
El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rivadeneira, sostuvo que la reforma tributaria debe tener un equilibrio que permita la reactivación económica.
El Comité Empresarial Ecuatoriano presentó, el 9 de junio de 2021, el Fideicomiso "Unidos por Ecuador", una iniciativa solidaria para recoger aportes de la empresa privada y sociedad civil con el fin de acelerar el proceso de vacunación.
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El sector empresarial ecuatoriano está pendiente del segundo y definitivo debate de la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo y que inicia este 24 de noviembre en la Asamblea Nacional.
El documento llega al Pleno con al menos siete propuestas de cambios respecto del proyecto de original.
El presidente de gremio, Felipe Rivadeneira, aseguró que en el debate no deben existir líneas rojas, sino acuerdos para lograr una ley equilibrada que permite la reactivación económica "porque todavía no estamos en niveles pre-pandemia".
Rivadeneira dijo en Teleamazonas que si el Gobierno no tiene otra alternativa que recaudar impuestos a las empresas "a pesar de que nosotros siempre consideramos que no es el momento de recaudar", el gremio está dispuesto a apoyar la propuesta.
"Pero que se haga un pacto fiscal, que se otorgue una nota de crédito para que el pago no se vaya a un saco roto", dijo Rivadeneira al recordar las "experiencias negativas en los impuestos únicos", como ocurrió después del terremoto de 2016.
La recaudación, dijo el directivo, debe cuidar la liquidez de las empresas y las fuentes generadoras de empleo. El objetivo de la nota de crédito plateada por el gremio es que en cuatro o cinco años, los valores recaudados puedan ser recuperados.
"Eso permite que el título valor en el mercado, que serían las notas de crédito, las empresas que necesiten acceder a liquidez para poder producir, puedan venderlas y de esa manera dinamizar la economía", aseguró Rivadeneira.
La propuesta empresarial, aseguró Rivadeneira, ha tenido el respaldo de muchos asambleístas, "pero lamentablemente el Gobierno la ve muy escépticamente, porque implica una corresponsabilidad de parte del Estado en controlar el gasto ineficiente".
El Ejecutivo plantea que las empresas con patrimonios superiores a los USD 5 millones deben contribuir con una tarifa única equivalente al 0,8% de su patrimonio durante dos años.
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