Revisión de subsidios: el Gobierno tiene las cifras, no la decisión

Un nuevo intento. El Gobierno insiste el discurso sobre los perjuicios que deja al país el comercio ilegal de combustibles como argumento para una posible y anunciada revisión del subsidio a los combustibles.

Y, para eso, tiene su primera herramienta: un estudio que, según el Ejecutivo, resume el estado del parque automotor del país, el gasto por el subsidio a los combustibles y las zonas en las que hay 'fugas'.

Para mostrar los resultados de este estudio, la mañana del lunes 10 de febrero, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y varios ministros de Estado se reunieron con los representantes de organizaciones sociales.

¿Los grandes ausentes? Los indígenas, agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) quienes, en octubre, lograron que el Gobierno diera marcha atrás en la revisión de los subsidio.

¿Qué dice el informe?

El Gobierno dice que en Ecuador hay 2.768.080 motocicletas, autos, camionetas y vehículos pesados. De ellos, solo el 65% estaba matriculado a finales de 2019.

El principal problema son las motos: solo el 43 % está matriculado:

De los autos matriculados el 87% usa gasolina, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Y el Estado gasta USD 369 millones anuales para mantener un precio de venta al público de la gasolina subsidiado. Justo detrás del diesel premium y del gas de uso doméstico:

Mire en porcentajes esa distribución:

¿Dónde están los problemas?

El problema es que el Estado no tiene manera de controlar, dicen las autoridades, quién se beneficia de esta ayuda estatal.

Hasta junio de 2019, el Gobierno tenía identificado un 32% de quienes compraban combustible en el país: se trata solo de personas naturales.

Pero la mayor parte de la gasolina extra y ecopaís se distribuye entre grupos que no dejan rastro: es consumo no facturado, desvío, facturación no identificada, con errores, son sociedades o, simplemente, otros vehículos:

El otro problema, como ya se sabe, es la fuga del combustibles en las zonas de frontera.

En las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Sucumbios y Galápagos el consumo es superior a la media y eso tomando como referencia solo lo facturado o identificado.

Son 4.520 propietarios de vehículos, la mayor cantidad está en Loja:

¿Y las decisiones?

Ayer, los ministros de Gobierno y Finanzas, María Paula Romo y Richard Martínez, respectivamente, explicaron los problemas del uso o tráfico ilegal de combustibles. Sin embargo, no hay definiciones aún.

El estudio hecho por el Gobierno fue presentado ayer a varios sectores sociales. Pero, en las declaraciones posteriores, los funcionarios no explicaron si hay soluciones o respuestas. Tampoco si existen fechas o ideas para la focalización. Las decisiones aún no se han anunciado.

El ministro Martínez sumó un problema: antes de tomar una decisión el Gobierno dice que uno de los requisitos es contar con la tecnología y los sistemas necesarios para detener o disminuir las ilegalidades.

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