Arosemena ofrece plan económico centrado en tres ejes

Ecuador ya ha recibido USD 5.800 millones de los USD 6.500 millones que se esperaban como parte del programa con el FMI, renegociado en septiembre de 2021. El último desembolso, de USD 700 millones, está previsto para diciembre de 2022. Para recibir el dinero, el nuevo ministro tendrá que cumplir con las metas económicas que son parte del programa. Entre ellas, la reducción del gasto público en 2,3% del PIB en 2022 y ampliar el número de beneficiarios de los bonos sociales. Corregir las observaciones que hizo el FMI en su última revisión del programa de crédito con Ecuador, en mayo de 2022. Entre ellas están contratar a una o más empresas independientes de auditoría de servicios de salud para calcular la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La analista económica y exfuncionaria del Banco Mundial , María Laura Patiño, explica que el Gobierno debe mostrar transparencia y seriedad en el cumplimiento del programa con el FMI. Esto porque es posible, dice la experta, que en el corto plazo Ecuador vuelva a requerir el apoyo del Fondo.

En 2023, el Gobierno necesitará USD 5.076 millones en financiamiento externo. El desafío del ministro es encontrar fuentes de endeudamiento con tasas de interés bajas y a plazos largos. El acuerdo con el FMI, que garantizó financiamiento a tasas menores a 5%, termina en 2022. El último informe del FMI dice que para 2023, el Gobierno podría recibir USD 1.800 millones en financiamiento de otros organismos multilaterales. Entre ellos, el Banco Mundial y el Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF). Pero también podría conseguir USD 1.500 millones de deuda colocando bonos de deuda externa. Un desafío del nuevo ministro es reducir el riesgo país de Ecuador, que llegó a 1.141 puntos el 4 de julio de 2022, tras el paro indígena. Si el indicador se mantiene en los actuales niveles, el país no podrá acceder al mercado internacional de capitales con emisiones de bonos de la deuda externa, dado que entre más elevado es el riesgo, más altas son las tasas de interés que Ecuador tendría que pagar.

El gobierno tendrá que gastar USD 340 millones más al año en subsidios debido a la reducción de USD 0,15 en el precio del galón de diésel y del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís.  La reducción es uno de los acuerdos a los que llegó el Gobierno con la Conaie para poner fin a un paro nacional que estalló el 13 de junio y duró 18 días. A esto se suma incremento de USD 518 millones para atender otros cinco pedidos de la Conaie: incremento del presupuesto de salud, más presupuesto para educación intercultural, aumento del Bono de Desarrollo Humano, subsidios agrícolas y más crédito. Magdalena Barreriro, exministra de Finanzas, advierte que el gasto en subsidios de combustibles será aún mayor si los precios del petróleo WTI siguen al alza. Por otro lado, cumplir con los pedidos de Conaie será difícil si el precio del WTI cae y el gobierno recibe menos ingresos, añade.

Otro desafío es acelerar el ritmo de gasto en obras públicas. El prespuesto destinado al Plan Anual de Inversiones en 2022 es de USD 2.066,3 millones, pero entre enero y junio, el Gobierno Central ha ejecutado USD 365 millones, es decir, el 18%. Pese a que el Gobierno ha tenido más ingresos en 2022, los atrasos con los proveedores del Estado suman USD 2.700 millones en el primer semestre de 2022. En la primera mitad del año solo se ha ejecutado el 39% del presupuesto de salud y el 37% para educación. En su carta de renuncia, el exministro Simón Cueva dijo que durante su gestión buscó una mayor eficiencia de gasto público y el fortalecimiento de los programas de atención a sectores vulnerables, "todo esto con independencia de intereses particulares que en nuestro país pueden ser muy incisivos".

En octubre de 2022, el nuevo ministro deberá presentar la Proforma Presupuestaria para 2023. El documento será revisado y aprobado por la Asamblea Nacional. El desafío del ministro será mantener un presupuesto equilibrado, en el que la brecha o déficit entre gastos e ingresos no se dispare, explica Jorge Calderón, analista económico. El FMI proyectó que en 2023, el Gobierno tendrá un superávit de USD 1.373 millones en el presupuesto del sector público no financiero, siempre que mantenga su política de austeridad. Al alcanzar un superávit, el Gobierno reduce sus necesidades de financiamiento a futuro, es decir, de endeudamiento.