Seis reformas económicas que tendrían vía libre tras la muerte cruzada

La única reforma tributaria implementada durante el Gobierno de Guillermo Lasso fue la Ley de Desarrollo Económico, que entró en vigencia sin cambios en noviembre de 2021, por el ministerio de la ley. Esta reforma aumentó, entre otros, el pago del Impuesto a la Renta para personas naturales. El Gobierno esperaba que esos cambios dejen ingresos tributarios por USD 1.300 millones hasta 2024. Luego el Gobierno reconoció que esa reforma tuvo un duro impacto en las familias, por lo que Lasso envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de reforma tributaria el 11 de mayo. En medio de la muerte cruzada, esta nueva reforma tributaria ya no será debatida en el Legislativo, sino que empezará a aplicarse una vez que la Corte Constitucional emita su dictamen favorable. Basado en el principio de favorabilidad para el contribuyente, los cambios para reducir el pago del Impuesto a la Renta tendrán un efecto inmediato, dijo el director del SRI, Francisco Briones. No obstante, esta propuesta podría ser observada por la Corte Constitucional, pues afectaría el principio de irretroactividad previsto en la Constitución y en el Código Tributario, dice John Arias, socio de la firma Census Consultores. Toda reforma tributaria debe aplicarse en el año fiscal siguiente, para no afectar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa del contribuyente, agrega Arias. En cambio, la abogada tributaria Yael Fierro considera que no se viola el principio de irretroactividad, porque todavía no se ha declarado el Impuesto a la Renta de 2023.

El Gobierno insistirá en una reforma legal para impulsar la creación de zonas francas, dijo Henry Cucalón, ministro de Gobierno. El Gobierno incluyó la creación de zonas francas en la Ley para atraer inversiones, enviada a la Asamblea Nacional en febrero de 2022, que fue archivada por la Asamblea. Ese proyecto de Ley preveía incentivos tributarios para que inversionistas privados creen zonas francas.

El ministro de Producción, Julio José Prado, dijo que en la agenda económica del Gobierno también está insistir en la Ley de Inversiones. Según el Ejecutivo, los incentivos que planteaba ese proyecto incentivaría la llegada de hasta USD 30.000 millones en inversiones privadas hasta 2025. Además de la creación de zonas francas, ese proyecto contemplaba:

• Promoción de las Alianzas Público Privadas.
• Mayor control al mercado de valores.
• Reformas al sector de telecomunicaciones.

Lasso también intentó hacer cambios laborales y en septiembre de 2021 presentó a la Asamblea Nacional la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal. En su capítulo laboral, esa iniciativa legal proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo. No obstante, el Legislativo devolvió el proyecto al Ejecutivo. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, evitó referirse sobre una eventual reforma laboral. Pero el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dijo que le recomendará al Presidente Guillermo Lasso que contemple la emisión de reformas laborales vía decreto ley.

El Ejecutivo conformó en enero de 2023 una comisión especial para elaborar reformas legales que permitan dar sostenibilidad financiera del sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La comisión tenía cuatro meses para presentar un borrador de propuestas de reforma para garantizar el pago de pensiones del IESS. Augusto de la Torre, quien lidera la Comisión, dijo que hasta julio está previsto entregar al Presidente la propuesta de reforma al sistema de pensiones. "Nuestra propuesta no es vinculante. El Presidente decidirá qué hacer con ella", dijo De la Torre.

El ministro de Energía, Fernando Santos, dijo que propondrá incluir reformas legales al sector petrolero para promover la participación del sector privado en esas actividades. "(Con los decretos ley, ndr) Se acelerarán los trámites para desburocratizar al Ecuador, que estaba maniatado por leyes correístas y una Asamblea obstruccionista", dijo el ministro. El Gobierno de Guillermo Lasso buscó en dos ocasiones que la Asamblea apruebe una reforma legal enfocada en el sector petrolero. Uno de los cambios apuntaba a que Petroecuador pueda delegar a la inversión privada sus campos en producción. Esa iniciativa legal fue introducida en septiembre de 2021 en la Ley de Creación de Oportunidades, pero fue devuelta por la Asamblea al Ejecutivo. Luego, fueron incluidas en la Ley de Desarrollo Económico, que entró en vigencia en noviembre de 2021 por Ministerio de la Ley. Pero en octubre de 2022, la Corte Constitucional las declaró inconstitucionales por violar el principio de unidad de materia.