Reforma tributaria abre espacio para cambiar los contratos petroleros
La reforma tributaria, entregada a la Asamblea el 28 de octubre, abre el camino para que las petroleras privadas cambien sus contratos de servicios por contratos de participación.
Vista de un taladro de perforación en el campo Auca, en la provincia de Orellana, el 15 de octubre de 2021.
Petroecuador.
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El proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, o reforma tributaria, incluye varios cambios en el sector petrolero para atraer más inversión privada, y para duplicar la producción de crudo a un millón de barriles diarios.
Una de las propuestas es el cambio de los actuales contratos de servicios a los de participación para las empresas petroleras.
Ecuador tiene 34 contratos de servicios petroleros vigentes entre el Estado y las compañías privadas o extranjeras. Esta modalidad fue instaurada en 2010, durante el gobierno de Rafael Correa.
En el contrato de participación, la empresa petrolera invierte, explora y opera un área a cambio de una parte de la producción de petróleo y la otra parte se la lleva el Estado.
Mientras que en el contrato de servicios petroleros el 100% del petróleo extraído es del Estado y las empresas reciben una tarifa por cada barril extra producido.
Renta petrolera
Según el proyecto de ley enviado a la Asamblea, el cambio de los contratos petroleros de servicios por contratos de participación será por acuerdo entre las partes.
La propuesta del Gobierno consiste en que el Estado mantenga la renta petrolera de los bloques o áreas, pero "los beneficios acumulados para el país no pueden ser menores que los que se obtenían" hasta antes de la modificación de los contratos.
Mientras que las compañías privadas deberán presentar, hasta 90 días después de la aprobación de este proyecto de ley tributaria, la solicitud de cambio de contrato al Ministerio de Energía.
Para cambiar de modalidad de contrato, la empresa petrolera deberá comprometerse a hacer inversiones adicionales y a ofrecer mejoras económicas para el Estado.
Todo es parte de las directrices del Decreto Ejecutivo 95, expedido por el presidente Guillermo Lasso, el 7 de julio de 2021.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca atraer inversiones privadas para duplicar la producción petrolera de los actuales 471.310 barriles por día a un millón de barriles diarios en 2025.
Delegación de operaciones
El proyecto de ley propone que el Estado podrá concesionar, de manera excepcional, a empresas nacionales o extranjeras la exploración y explotación de nuevas áreas.
Y podrá delegar aquellas áreas que ya están en producción en manos de Petroecuador.
Para la concesión, el Ministerio de Energía podrá celebrar contratos de participación, de prestación de servicios para exploración o de explotación de hidrocarburos, o recurrir a otras formas contractuales vigentes en la Ley de Hidrocarburos.
Además, el proyecto de ley abre la opción al Ministerio de Energía para delegar a la iniciativa privada las actividades de importación, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles derivados del petróleo.
Tareas que hasta ahora han sido monopolio de Petroecuador.
Para impulsar este cambio, el proyecto de reforma tributaria propone que las personas naturales o las empresas que se dediquen a la importación de combustibles, derivados del petróleo, de biocombustibles y de gas natural sean exoneradas de aranceles.
La reforma también propone cambios en las actividades de refinación de hidrocarburos y plantea que el Gobierno pueda subcontratar, de manera directa, la refinación de petróleo ecuatoriano dentro y fuera del país, con empresas refinadoras internacionales.
Por ahora, el proceso de refinación es monopolio de Petroecuador, que cuenta con tres plantas:
- Refinería de Esmeraldas: 110.000 barriles diarios de capacidad.
- Refinería La Libertad: 45.000 barriles diarios.
- Refinería Shushufindi: 20.000 barriles por día.
El objetivo de estos cambios es que el Estado obtenga productos de calidad y que bajen los costos de producción de los combustibles.
Como la reforma tributaria es de carácter económico urgente, la Asamblea tiene plazo de 30 días para tramitarla, es decir, hasta finales de noviembre.
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