Habrá menos beneficios tributarios para personas y empresas desde 2022
La meta del Gobierno es reducir USD 526,6 millones anuales en incentivos a través de su proyecto de Ley. Serán eliminados 17 exenciones y deducciones para empresas.
Un usuario realiza trámites en una agencia del SRI, en Quito, el 21 de mayo de 2020.
SRI/Facebook.
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Con la reforma tributaria que está en análisis en la Asamblea, el Gobierno intenta recortar un abultado gasto tributario, que en 2020 ascendió a USD 4.861 millones.
El gasto tributario es lo que el Estado deja de percibir debido a las exoneraciones, incentivos, exenciones o reducciones en el pago de impuestos que existen actualmente.
El Estado ha ido entregando cada vez más ayudas tributarias a personas y sociedades al punto de que el monto de beneficios tributarios fue 2,4 veces mayor en 2020 que en 2008.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2020 el gasto tributario representó el 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador o el equivalente a 42,2% de la recaudación de impuestos.
Hasta 2020 existían 180 beneficios tributarios para empresas y personas.
Del total del gasto tributario en 2020, el 48% correspondió a los incentivos y los beneficios relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como su devolución.
Incentivos y beneficios como el del IVA permiten, por ejemplo, que la población compre productos de la canasta básica sin pagar este impuesto.
También existen servicios exentos del IVA, como el transporte, la salud, la educación, el alquiler de vivienda.
El Estado devuelve el IVA a sectores de la población que considera vulnerables, como adultos mayores o personas con discapacidad, u organizaciones que prestan servicios sociales como algunas fundaciones.
Otro rubro importante del gasto tributario y que representa un 46% del mismo se deriva de las exenciones, las exoneraciones y las reducciones a la hora de pagar el Impuesto a la Renta (IR).
El grueso de estos beneficios se lo llevan empresas, con USD 1.577 millones, mientras que las personas representan USD 681 millones.
Entre los beneficiarios más importantes de las exenciones están:
- Las nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil y en sectores prioritarios.
- Los nuevos capitales para abrir industrias básicas.
- Las empresas petroleras con contratos de prestación de servicios.
- Las compañías creadas bajo alianzas público-privadas.
- Las nuevas microempresas.
Aunque la cifra total de estos beneficios fiscales cayó USD 720 millones entre 2019 y 2020, el Gobierno cree que aún se puede reducir más.
Por ello, mediante la reforma tributaria llamada Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal busca reducir más el gasto tributario a partir de 2022.
En la Asamblea
La reducción del gasto tributario ocurrirá siempre y cuando la Asamblea logre aprobar la reforma tributaria, con la que este Gobierno busca recaudar USD 2.551 millones entre 2022 y 2024.
De ese total, los recursos que ingresarán a la caja fiscal por la reducción del gasto tributario sumarían USD 1.580 millones entre 2022 y 2024. Eso significa un promedio de USD 526,6 millones cada año:
Por ejemplo, el Gobierno busca bajar USD 100 millones en gasto tributario en 2022 y USD 460 millones desde 2023 por la supresión de beneficios en el pago del Impuesto a la Renta de las personas.
La propuesta del Gobierno consiste en reemplazar las deducciones de gastos por un 'descuento' en el IR y en aumentar ese tributo a partir de un cierto umbral de ingresos anuales.
El Gobierno ha defendido que la reforma no afectará a quienes perciban ingresos mensuales de USD 2.000 al mes o menos.
El texto también prevé eliminar 17 exenciones y deducciones de impuestos dirigidas a empresas.
Uno de ellos es la exoneración del pago del IR para el desarrollo de nuevas inversiones por fuera de Quito y Guayaquil, en 14 áreas productivas, como los sectores agrícola, industrial, petroquímica, turismo y tecnología.
El Gobierno también propone la eliminación de la exoneración del IR al desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada; a la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario y a las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas.
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