La ministra de Trabajo pidió a la Contraloría la realización de exámenes especiales a los contratos colectivos de cuatro empresas públicas.
La Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, solicitó la mañana de este 1 de julio de 2024 la revisión y declaratoria de nulidad de los contratos colectivos suscritos en cuatro empresas públicas ante la Contraloría General del Estado.
Se trata de los contratos de las empresas estratégicas Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.
Núñez entregó la petición de exámenes especiales a los contratos colectivos de estas empresas a las 8:09 de este 1 de julio, ante el ente de control.
La petición de revisión es sobre los siguientes contratos:
- Primer contrato colectivo de trabajo entre CNEL y el Comité de Empresa de los Trabajadores, suscrito el 18 de mayo de 2021.
- Primer contrato colectivo de trabajo entre la estatal petrolera Petroecuador y el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetrapep), firmado el 15 de noviembre de 2017.
- Tercera revisión del contrato colectivo de trabajo entre CNT y el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre de 2023.
- Segundo contrato colectivo de trabajo entre Celec y el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetracelec), firmado el 10 de enero de 2018.
Sin dictamen de Finanzas
Estos contratos han sido cuestionados por el Gobierno por el alto gasto que implican al Estado, en especial, los relacionados con el sector eléctrico, en medio de la crisis energética que atraviesa el país.
De hecho, Núñez ya ha anunciado que el Gobierno quiere reducir los millonarios gastos que implican ciertos beneficios dentro de los contratos colectivos de las empresas públicas.
Con ese fin, el Ministerio emitió el 11 de junio de 2024 un reglamento para revisar los contratos colectivos suscritos en las instituciones, entidades, organismos del sector público, gobiernos locales y empresas públicas.
La finalidad de la revisión será determinar si, previo a su suscripción, contaron con el dictamen obligatorio y vinculante por parte del Ministerio de Finanzas.
Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha calificado el reglamento como "una aberración jurídica". La CUT prevé interponer una demanda de inconstitucionalidad.
La Cartera de Trabajo también ha cuestionado el traslado, mediante acciones de protección, de servidores amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) hacia el Código del Trabajo.
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