Cámara de Minería dice que USD 1.000 millones de inversiones están en vilo

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, advierte que hay USD 1.000 millones de inversión extranjera que está "congelada". Esto se debe a que no se ha retomado el proceso de consulta ambiental que se requiere para que tres empresas comiencen a construir minas.

Esos procesos son:

• La Plata, en Palo Quemado, Sigchos, en la provincia de Cotopaxi.
• Curipamba-El Domo, en Las Naves, en la provincia de Bolívar.
• Loma Larga, en Cuenca, Girón y San Fernando, en la provincia de Azuay.

En entrevista con PRIMICIAS, Silva asegura que los tres proyectos, además, podrían crear unos 7.000 empleos.

La Corte Constitucional declaró el 17 de noviembre de 2023 como inconstitucional el Decreto Ejecutivo 754, que permitía realizar la consulta ambiental.

Ya desde agosto de 2023, el proceso de consulta ambiental estaba paralizado, luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) pidió que el decreto se declarase inconstitucional.

Para Silva, el retraso en la construcción de estas minas no es el único desafío que enfrenta esta industria, que exportó unos USD 2.800 millones en 2023.

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Tras el cierre del catastro minero, en 2018, Ecuador ha visto una reducción preocupante de inversión extranjera en este rubro. Y, en ese mismo período, los puntos rojos de minería ilegal han aumentado, añade Silva.

De ahí que al gremio le preocupa que el Presidente Daniel Noboa plantee en una de las preguntas para la consulta popular que se reviertan concesiones a la minería formal, como un mecanismo para combatir a la minería ilegal.

¿Qué balance hace del sector minero en 2023?

En cuanto a las exportaciones, fueron cifras buenas, a pesar de todo. Todavía no tenemos las cifras oficiales del cierre de 2023, pero con las cifras de los 10 primeros meses ya vemos un crecimiento de 10% de las exportaciones frente a igual periodo de 2022. Creemos que el año cerró con unos USD 2.800 a USD 3.000 millones en exportaciones.

Pero el problema es que podríamos tener cifras mucho mejores en este y otros indicadores. Por ejemplo, en la inversión.

De 2017 a 2019, más de la mitad de la inversión extranjera vino a Ecuador de la minería. Solo en 2018, Ecuador recibió casi USD 1.400 millones de inversión extranjera, de los cuales más de USD 800 millones vinieron de la minería.

Pero luego de 2018, que fue cuando se cerró el catastro minero, vemos que ese aporte decae levemente.

Actualmente, con el cierre del catastro, en Ecuador ya no hay exploración a nivel industrial de la minería formal, eso perjudica a la inversión.

Lo que más preocupa es que ya en 2022 se registra una desinversión de más de USD 190 millones en la minería.

Ya en 2022 se registra una desinversión de más de USD 190 millones en la minería.

Y aunque todavía no tenemos las cifras de 2023 sobre inversión extranjera, no creemos que el panorama haya mejorado frente a 2022.

Hay oportunidades que estamos desperdiciando. La minería formal ha sido probada como un gran magneto de inversión de calidad. 

¿Por qué se han deteriorado las cifras de inversión minera?

Hay inversiones congeladas porque hay empresas que siguen a la espera de la licencia ambiental, para lo que se requiere de la consulta ambiental.

La consulta ambiental está a cargo del Ministerio de Ambiente y está paralizada hasta ahora.

Esto pese a que hay un camino que la Corte Constitucional ya dejó trazado en su sentencia del 17 de noviembre de 2023.

La Corte pide que haya una ley de consulta ambiental, sin embargo, mientras no exista esa ley, el proceso puede llevarse adelante a la luz del contenido del decreto 754, más los estándares que introduce la misma Corte en esa sentencia.

Es un mensaje que estamos hablando claramente al Gobierno: la minería formal e industrial, bien hecha, puede ser el magneto para inversiones por más de USD 1.000 millones y eso solo con los proyectos estratégicos: La Plata, Curipamba-El Domo y Loma Larga.

La minería formal bien hecha puede ser el magneto para inversiones por más de USD 1.000 millones.

Son proyectos que ya terminaron sus etapas exploratorias y de prefactibilidad y que están a la espera del otorgamiento de las licencias ambientales para empezar con la construcción.

La construcción de las tres minas implicaría además la generación de 7.000 puestos de trabajo.

¿Por qué no se ha retomado la consulta ambiental si el decreto de la Corte lo permite?

No tenemos conocimiento de por qué sigue paralizado el proceso, entendemos que quizás recién se están organizando internamente. Pero esto no solo depende de la voluntad del Ministerio de Ambiente, que está a cargo de la consulta ambiental.

Se requiere de un trabajo concatenado también con la fuerza pública, porque hay zonas en donde se requiere resguardo para los funcionarios del Ministerio de Ambiente.

Antes de que se suspenda la consulta ambiental, el año pasado, ya vimos que grupos vinculados a movimientos políticos, que no pertenecían a la zona de influencia directa de la consulta, vinieron de lejos e intentaron poner obstáculos y atacaron a funcionarios.

¿Qué pasará con esos USD 1.000 millones de inversiones? ¿Están en riesgo los tres proyectos?

Esos USD 1.000 millones son claves para el país, pues pudieran entrar como inversión ya en los próximos meses. Son recursos que ya están levantados en los bancos en el exterior y se traería liquidez al país.

Por ahora, ninguno de estos proyectos está construyendo mina, solo están avanzando en temas de relaciones comunitarias o de inversión social. Es como tener un auto de carreras que camina a 10 km por hora, pero que podría ir a 200 km por hora. No es la situación ideal.

Es como tener un auto de carreras que camina a 10 km por hora, pero que podría ir a 200 km por hora.

Ecuador, en algún momento, se mostró como un gran destino de inversión minera, pero en los últimos años las distintas decisiones políticas y el protagonismo excesivo que se le ha permitido tener a los grupos antimineros nos han hecho retroceder como ese destino de inversión extranjera.

Definitivamente, que se permita el avance de esos tres proyectos va a ser importante para consolidar la imagen a futuro.

¿El caso de Loma Larga es más complicado porque también requiere consulta previa?

El Domo y la Plata requieren de la consulta ambiental, pero hay que precisar que el caso de Loma Larga es diferente.

Para el 90% de la zona donde está el proyecto Loma Larga se necesita consulta ambiental, y solo en una pequeña comunidad procede la consulta previa, libre e informada.

Recordemos que existen argumentos jurídicos nacionales y supranacionales que viabilizan que esa consulta se realice, aunque no haya todavía una ley para la consulta previa, libre e informada. Llevamos 15 años esperando y todavía no hay ley.

¿Qué nos asegura que en los próximos años habrá una? La Asamblea Nacional siempre ha estado enfocada en otros temas, pero por eso no puede detenerse el desarrollo ni el ejercicio de un derecho. Esto es importante, el derecho a la consulta previa no puede detenerse por la falta de ley.

¿Les preocupa que desde la Asamblea y el Ejecutivo no le den prioridad a estos proyectos?

Sí. Los proyectos de ley le corresponden a la Asamblea Nacional, aunque el Ejecutivo también podría enviar un proyecto de ley. Hasta ahora no hay ninguna iniciativa en firme en el CAL.

En cuanto a la consulta ambiental, la Corte Constitucional dio un plazo de un año a la Asamblea Nacional para que expida la ley.

Y, en el caso de la consulta previa, libre e informada, la Corte ya le recordó a la Asamblea que debía hacer la ley y le dio un plazo que venció hace tres años. Esto me parece inaudito, pero es así.

Los tiempos de la Asamblea no son los tiempos de la realidad de los sectores productivos.

Los tiempos de la Asamblea no son los tiempos de la realidad de los sectores productivos.

No podemos estar esperando por años a que lleguen esas normativas.

¿Qué tanto se retrasan los cronogramas de construcción de estas tres minas?

Nos mantenemos optimistas en que los proyectos se concretarán, porque eso es bueno para el país.

Hasta ahora solo dos minas a gran escala generan el 75% de los casi USD 2.800 millones en exportaciones; ahí es donde está la plata que requiere el país. El Gobierno tiene que apuntar todos sus esfuerzos hacia allá.

La construcción de estas tres minas puede tomar unos dos años, por lo que mantenemos la aspiración de aumentar considerablemente las exportaciones mineras, pero lo más probable es que ese incremento se vea desde 2026.

Sin embargo, para ver ese aumento debemos movernos desde ahora.

Para que el sector siga creciendo, ustedes piden que se abra el catastro minero. ¿Qué les ha dicho el Gobierno?

La apertura del catastro minero está dentro del programa con el que Daniel Noboa llegó a la Presidencia y ha sido incluso ratificado.

Ya estamos viendo que teníamos razón cuando advertíamos los riesgos de cerrar el catastro minero.

Cerrar el catastro ha implicado repeler un montón de inversión extranjera de calidad que no ha podido aterrizar en Ecuador. Hay grandes compañías que han abierto oficinas en el país, pero tienen al personal sentado, porque están esperando a que se abra el catastro minero para explorar.

Sabemos que el presidente Noboa tiene la voluntad de abrir el catastro, y es que no es coincidencia que desde que se cerró el castro se disparó la minería ilegal.

No es coincidencia que desde que se cerró el castro se disparó la minería ilegal.

No solo perdimos la captación de recursos frescos de inversión. Al no tener catastro, no se puede concesionar y se está dejando a esos territorios desprotegidos, que ya hemos visto que se apropian grupos de crimen organizado que está lavando dinero.

¿Creen que el Presidente plantea medidas apropiadas ante este problema con las dos preguntas de la consulta popular?

Se habla de endurecer las penas para las actividades vinculadas con el crimen organizado entre las cuales está la minería ilegal y aplaudimos esa pregunta. 

Pero también hay una pregunta sobre minería ilegal que plantea la reversión de concesiones mineras. Eso es algo perjudicial para el país.

Los mineros ilegales no están esperando que les den concesiones o licencias ambientales, ellos simplemente entran y arrasan con el territorio.

¿Para qué revertir concesiones formales si lo que se busca es detener la minería ilegal? Esa no es la forma. Lo único que harían es sacar a las empresas formales que, de alguna manera, son las que logran repeler la minería ilegal. 

Si se revierten concesiones, ¿ese territorio a quién se le va a dar? A los ilegales.

Para hacer frente a la actividad de extracción ilícita de minerales hay que hacer un control mucho más exhaustivo, hacer una depuración en los entes de control, dar capacitación, pero revertir las concesiones no es una buena idea.