Caso Isspol: existe un 'mercado de valores paralelo' en Ecuador

La casa de valores Valpacífico es una pieza clave del rompecabezas, aún incompleto, de las operaciones turbias que involucraron más de USD 950 millones con el dinero del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

El Isspol no solo es una institución creada para velar por la seguridad social de la Policía sino también uno de los fondos de inversión institucionales más grandes del país.

Las operaciones turbias con el dinero del Isspol muestran la existencia de una especie de "mercado de valores paralelo" en Ecuador, caracterizado por transacciones opacas y por la falta de información sobre los beneficiarios finales de este esquema, según coinciden autoridades y especialistas del sector bursátil.

El coronel Renato González, director del Isspol, dijo a PRIMICIAS que este entramado demuestra la participación de una estructura criminal organizada, con características político-económicas transnacionales. Y coincide en la figura de un "mercado de valores paralelo".

"Es un mercado de antivalores, en el sentido de lo financiero, de la falta de ética, con la complicidad de autoridades de control", agrega González.

En un esquema legal, las casas de valores tienen un Directorio, que se encarga de contratar tecnología para transparentar sus operaciones.

Tanto quien vende como quien compra un título valor sabe que sus transacciones serán manejadas de forma eficiente, para que no existan procesos de especulación, según el analista financiero y auditor Freddy Hidalgo. Toda la información es pública.  

Pero en el caso de Isspol, explica Hidalgo, no se ha transparentado quien es el beneficiario final de los bonos negociados ni las comisiones que recibieron los intermediarios.

Las operaciones que se realizaron con el Isspol evidencian que funcionó un 'mercado paralelo' con tres actores preponderantes: el Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y las casas de valores Citadel y Valpacífico, señala Hidalgo.

El Decevale es una institución fundamental en el mercado de valores legal, pues es la cámara de compensación, liquidación y custodia de todos los negocios que se realizan en bolsa en Ecuador.

El mayor accionista de esta institución es la Bolsa de Valores de Guayaquil, seguida de la Bolsa de Valores de Quito y también son accionistas las casas de valores.

La turbia historia de Valpacífico

Valpacífico, de propiedad del Estado, fue intervenida el 4 de junio de 2021 por la Superintendencia de Compañías de manera temporal, por las irregularidades y posibles delitos detectados en operaciones de intermediación extrabursátil.

Fuentes del sector confirmaron que la intervención está relacionada con las transacciones realizadas con el Isspol, desde 2014, para la compra y recompra de bonos Global 2015 y 2024.   

Valpacífico fue constituida en 1994 por el Banco del Pacífico, a la fecha un organismo privado. Con la crisis financiera de 1999 la casa de valores y el banco pasaron a manos del Estado.

A partir del 2011, el entonces Presidente de la República, Rafael Correa, dispuso, vía decreto, transferir las acciones del Banco del Pacífico a la Corporación Financiera Nacional (CFN).

En 2008, Valpacífico tuvo un papel protagónico en la negociación de los bonos Global de deuda externa de Ecuador.

El Comité de Deuda aprobó la recompra de esos bonos (con vencimientos en 2012, 2015 y 2030) a un precio máximo del 30%, para lo cual contrató a esa casa de valores.

Esta operación estuvo marcada por la controversia: comenzando por la difusión de unos videos en los cuales aparecía el entonces ministro de Finanzas, Ricardo Patiño, conocidos como los 'Pativideos', y el posterior anuncio sobre un posible default de los compromisos de la deuda externa de Ecuador en bonos Global.

Todo esto provocó una caída en el valor de los Global de Ecuador, que fue aprovechada por el régimen para recomprarlos más baratos, pero a cambio el país quedó por fuera del mercado internacional de capitales, lo que lo llevó a depender cada vez más de los créditos de China.

La ruta de los millones

A finales de 2014, el Isspol empezó a realizar operaciones irregulares con Valpacífico.

En la primera el Isspol canjeó bonos Global de Ecuador, que vencían en 2015, por papeles vigentes hasta 2024.

Pero en lugar de esperar el inminente vencimiento para recibir el pago de USD 85 millones por los bonos, el entonces director del Isspol, Enrique Espinosa de los Monteros, llegó a un acuerdo con el gerente de Valpacífico, Enrique Ramos, que dio paso a la recompra de bonos Global 2024.

Así, en lugar de recibir el efectivo, el Isspol se llenó de papeles sin garantías. Y en adelante siguió realizando operaciones dudosas, especialmente con el empresario Jorge Chérrez Miño, también conocido como el 'Mago'.

'El Mago' es la figura principal de todas las empresas que intervinieron en la operación de swap por USD 327,3 millones.

En la de bonos con pacto de recompra, por USD 205 millones y en la de los llamados bonos puros, por USD 161 millones, según el informe de la Comisión de Soberanía de la Asamblea.

Chérrez fue coordinador con Citibank en la operación swap y actuó como inversionista, estructurador, asesor y custodio. 

¿Cuál es la ruta del dinero del Isspol? Freddy Hidalgo sigue la huella de los fondos que Chérrez recibió del Isspol, desde su transferencia al Decevale.

El Decevale tiene tres cuentas para mover sus recursos en el Banco Central. Además, posee en el exterior una cuenta en el Pershing LLC, subsidiaria del Bank of New York Mellon y dos cuentas adicionales: en el Citibank y en Wetsfargo.

Desde estas tres cuentas se transfirieron los recursos a distintas personas y corporaciones de servicios financieros, como Global Estratégica y Morgan Stanley.

Además hubo pagos a cuentas de Chérrez, IBCorp, Lafise Securities Corporation e ICC, localizadas en paraísos fiscales, no reconocidas como empresas de mercado de valores en Panamá y Delaware.

Chérrez está acusado en Estados Unidos, junto con Robert Luzuriaga, por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero proveniente de los negocios con el Isspol.

Puede haber delaciones

En Ecuador, la Fiscalía pidió que la Corte fije una fecha para vincular a Chérrez y a otras cinco personas a la instrucción fiscal que investiga un presunto peculado en las operaciones con el Isspol.

La Fiscalía también busca vincular a los exdirectores de Riesgos del Isspol, Robert Luzuriaga, y al exdirector Económico-Financiero del Isspol, Orlando Nuques.

Así como al exgerente del Decevale, Carlos Alberto Carbo Cox, a Luis Domínguez Viteri, gerente de Ventura Casa de Valores, y a Luis Álvarez Villamar. La audiencia estaba fijada para el 9 de junio, pero no se realizó.

Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones del Decevale, ya está siendo procesado en Estados Unidos por presunta conspiración para lavar dinero, según la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

Podría ser sentenciado a una pena de hasta 10 años de prisión de ser hallado culpable, según documentos de la Corte, y no se descarta que colabore con la justicia de Estados Unidos para obtener una pena menor.

Juan Pablo Merino, abogado de Chérrez, dice que por el momento no se pronunciará sobre la solicitud de la Fiscalía.

Por estos posibles delitos, la Fiscalía abrió 12 investigaciones. Una de ellas está en fase de instrucción, a cargo del fiscal Martín Navarrete, desde el 24 de febrero de 2021. En este proceso están implicados:

• Los exdirectores del Isspol, generales (sp) Enrique Espinosa de Los Monteros y David Proaño.
• Alfredo Valverde, exdirector de Inversiones del Isspol.
• Santiago Duarte, exdirector Jurídico del Isspol.

Todos han negado haber cometido un presunto abuso de fondos públicos.

Navarrete pidió la vinculación de los seis nuevos implicados sobre la base de la información incluida en la asistencia penal internacional de la justicia de Estados Unidos, que tiene 8.500 páginas.

En esos documentos están materializados chats de WhatsApp y conversaciones entre los involucrados, referidas a las operaciones con el dinero del Isspol.      

Primer campanazo del saqueo

El perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de la Policía fue detectado, por primera vez, en abril de 2018 cuando el economista José Ibáñez asumió la gerencia general de Valpacífico.

Su predecesor, Enrique Ramos, había estado en el cargo durante poco más de 18 años.

Ibáñez explicó a PRIMICIAS que, al llegar al cargo, descubrió indicios de un esquema de lavado de activos.

Un mes antes de su posesión, en marzo de 2018, una ilegal transacción por USD 2,6 millones se realizó con recursos del Instituto de la Policía.

Lo que llamaba la atención era que el margen de ganancia era bajísimo para el Isspol, mientras que la comisión para los intermediarios debía ser depositada en dos cuentas.

Ibáñez encontró las pistas de las operaciones inusuales en los correos electrónicos de Ramos, que intercambiaba con distintas personas y autoridades. Varios mensajes corresponden al dueño de una casa de valores de Guayaquil.

Tras identificar que el Isspol transfirió el dinero a Valpacífico, al margen de la ley, Ibáñez envió reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y oficios a la Contraloría y otras entidades de control.

Asegura que su denuncia no tuvo ninguna respuesta.

Se reunió con el entonces director del Isspol, general David Proaño, para alertarlo sobre las irregularidades y tampoco tuvo eco. PRIMICIAS buscó la versión de Proaño, pero no contestó a nuestras llamadas ni mensajes.

Ibáñez investigó el problema a fondo. Detectó que, entre 2014 y 2018, Valpacífico recibió alrededor de USD 220 millones del Isspol.

El denominador común en las 138 transacciones fue un ínfimo margen de ganancia para el Isspol y un exorbitante porcentaje de comisión para las intermediarias.

Por eso, Ibáñez asegura que hubo colusión entre actores públicos y privados para manejar los dineros de la seguridad social de la Policía.

Mientras gerenció Valpacífico, dice que recibió presiones de autoridades públicas y actores privados para que desistiera. Su condición de paciente renal crónico se agravó en este período. En diciembre del 2019 ingresó a terapia intensiva y fue dado de alta en enero de 2020.

Al reintegrarse a sus labores le notificaron que había sido destituido. Hoy espera un segundo trasplante renal.

La crisis financiera del Isspol

El Isspol tiene un capital de USD 1.550 millones. De esa cifra, USD 600 millones se consideran inversiones rentables y saludables, pues son préstamos a los afiliados, cuya tasa de morosidad es inferior al 2%.

Los USD 950 millones restantes permanecen en una zona gris. El director del Isspol, Renato González, explica que han esbozado un plan para recuperar, por lo pronto, las dos terceras partes de esos recursos: unos USD 600 millones.

"Hemos identificado USD 265 millones que son del Isspol y están en custodia del Banco Central". 

Renato González

Esa plata fue registrada manualmente por el Banco Central del Ecuador, en 2016, como parte de una operación swap, realizada por el Isspol con la casa de valores Citadel. Son el respaldo de las Notas Globales de Depósito o GDNs, emitidas por el Citibank de Nueva York.

Citadel, propiedad de Xavier Neira Salazar, simuló la operación cruzada realizada el 8 de enero de 2016, cuando el Isspol perdió la titularización de USD 327,3 millones en bonos de deuda interna, denunció González.

Actualmente, los USD 265 millones están depositados en la subcuenta del Citibank NA Nats Cumco LLC, bajo el control de la casa de valores Picaval, en el Depósito Centralizado de Valores (DCV) del Banco Central.

Lo que hay allí son los papeles conocidos como Global Depositary Notes, que son parte de un programa del Citibank, diseñado para gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, operaron solo en Ecuador con la empresa de valores IBCorp, de propiedad de Chérrez.  

Las autoridades del Isspol pidieron al Banco Central que congelara los USD 265 millones.

La situación económica del Isspol es muy delicada. Solo tiene recursos para pagar las pensiones de sus afiliados hasta julio próximo, pues el Ministerio de Finanzas le adeuda USD 138 millones desde enero, según González.

Del sistema del Isspol dependen 280.000 personas.

También le puede interesar: