El Gobierno dice que renegociará la concesión del puerto de Manta

El Estado ecuatoriano renegociará el contrato mediante el que se delegó la administración del puerto de Manta a una empresa privada en 2016. Se lo dijo a PRIMICIAS Raúl Joniaux, actual gerente de la Autoridad Portuaria de Manta.

Según Joniaux, ya están instaladas las mesas técnicas para renegociar el contrato con la chilena Agunsa y su representante en Ecuador, que es Terminal Portuaria de Manta (TPM).

“Estamos inmersos en un proceso de renegociación, buscando mejores condiciones para el Estado ecuatoriano”, dijo el funcionario.

En cuanto a la posibilidad de revertir la delegación del puerto, Joniaux dijo que eso sería perjudicial para la seguridad jurídica del país y ocasionaría el pago de indemnizaciones, como lo establece el contrato.

Ilusiones traicionadas

Manta es uno de los polos de desarrollo económico de Ecuador. La delegación de su puerto a manos privadas en 2017 creó expectativas, pero ese proceso resultó un mal negocio para la Autoridad Portuaria de Manta (APM).

Tras la delegación del puerto a Agunsa, la APM pasó de ser una entidad rentable a tener un déficit que pone en riesgo hasta su viabilidad financiera. Esto lo admiten las autoridades y lo denuncia también un informe de Contraloría.

A finales de 2016, tras la firma de delegación, el puerto se partió en dos: la terminal pesquera quedó en manos el Estado, concretamente de la APM.

Mientras que la terminal internacional se delegó a Agunsa, que constituyó en Ecuador una compañía local: Terminal Portuaria de Manta (TPM).

Ramírez por todos lados

Los accionistas de TPM son dos empresas: la chilena Agencias Universales S.A (Agunsa) y Agunsa Ecuador. De esta última son socios Xavier Ramírez Baquero y Grupra S.A.

Grupra tiene ocho accionistas que vienen de familias emparentadas entre sí: dos hermanos Mendoza Ramírez, tres hermanos Ramírez Lascano, dos Ramírez Menéndez y, nuevamente, Xavier Ramírez Baquero.

TPM firmó un contrato para la administración de la terminal internacional por 40 años. Es decir, hasta 2057, con la posibilidad de ampliar el plazo por una década más, es decir, hasta 2067.

A cambio, TPM se comprometió a pagar un canon a modo de renta para el Estado.

Y a realizar una serie de inversiones para convertir a Manta en un puerto de aguas profundas.

Hay potencial para hacerlo. El puerto mueve anualmente dos millones de toneladas de carga. Cada dos meses se cargan 1.500 toneladas de pesca industrial.

Al puerto llegan 40.000 vehículos al año y se mueven 30.000 contenedores.

Entra la Contraloría

Sin embargo, la Junta Cívica de Manta cuestionó los términos de la delegación del puerto desde el comienzo.

Luego, la propia Contraloría revisó el proceso, tanto en la fase precontractual como en la administración del contrato y realizó 48 observaciones.

Todas las observaciones se centran en la firma del contrato.

El informe de Contraloría cita, por ejemplo, que se modificaron los pliegos sin fundamento o que se permitió que las personas que elaboraron las condiciones luego participaran en la comisión seleccionadora.

Un alquiler ínfimo

Los perjuicios al Estado ocurren por el bajo canon fijo y variable, que se refiere al valor de renta que paga TPM por el uso de la infraestructura cedida.

“Los cambios realizados al canon fijo y variable restringieron la posibilidad de participación de la entidad delegante (Autoridad Portuaria de Manta) en las mejoras a los valores de las tasas cobradas por el gestor privado (TPM), por la prestación de los servicios portuarios”, señala el texto.

El informe agrega que, debido a ello, la APM dejó de percibir USD 2,3 millones entre el 1 de marzo de 2017 y el 30 de abril de 2018.

Mal negocio

Luis Alfredo Ortiz, exgerente de APM, explica el problema. “Cuando se delega el puerto, la Autoridad Portuaria de Manta no recibe los ingresos que antes percibía porque perdió un brazo. Ahora solo genera USD 2,8 millones por la operación de la terminal local".

Mientras que por renta recibe USD 500.000 de manos de Agunsa, dice Ortiz.

En resumen pasó de percibir USD 6,8 millones al año a recibir USD 3,3 millones. "Desde ese punto de vista es un mal negocio", sentencia Ortiz.

APM, que era una entidad estatal autosustentable, ahora es deficitaria. “En 2018 llegamos a percibir USD 2,8 millones, lo cual es bajísimo, y gastábamos USD 3,9 millones”, agrega Ortiz.

Hasta 2015 APM generaba utilidades de USD 2 millones anuales en promedio.

Esas cifras son matizadas por el actual gerente de la APM. Para Raúl Joniux esto obedece "al terremoto de 2016 que dañó parte del puerto pesquero y de cabotaje que está a cargo de la entidad estatal. Se perdió espacio para poder recibir más buques, eso causa menores ingresos". También culpa de la reducción de ingresos a la actual pandemia.

En contraste, para TPM administrar la terminal internacional es un negocio redondo.

Desde 2017 y hasta la actualidad sus utilidades han aumentado. Por ejemplo, en 2020 proyecta ganancias de USD 11 millones, mientras que por los cánones pagará apenas USD 831.000.

Herencia del correísmo

El 16 diciembre de 2016, el entonces Gobierno de Rafael Correa entregó la concesión del Puerto de Manta bajo la figura de alianza público-privada.

Esto permite a TPM acceder a beneficios tributarios como la exoneración y la reducción de ciertos impuestos.

José Miguel García, entonces gerente de la Autoridad Portuaria de Manta, recordó que la gestión delegada de la terminal excluye los muelles de pesca y de cabotaje, que son lo menos rentable del conjunto.

Por eso, para Luis Alfredo Ortiz es urgente renegociar ese contrato y el informe de Contraloría marca la pauta para eso. “Puede TPM pagar más por el alquiler”.

PRIMICIAS consultó a TPM sobre estos temas pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El terremoto

En el contrato firmado con Agunsa y su empresa local TPM hay otra arista que menciona el informe de Contraloría: la reconstrucción de las zonas del puerto dañadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Para que TPM siguiera adelante con el plan, pese a los daños, el Estado ofreció un área adicional que no estaba contemplada en el contrato y que se conoce como el fondeadero.

Al respecto, la Contraloría concluye que “la Autoridad Portuaria de Manta permitió que la Gestora Privada (TPM) a partir de la fecha de la toma física de las instalaciones, 1 de marzo de 2017, recaudara los ingresos provenientes del fondeadero hasta el corte de la acción de control, causando que estos recursos no fueran consignados en la cuenta rotativa de ingresos de APM y, por ende, en la Cuenta Única del Tesoro Nacional”.

Es un perjuicio parecido al primero: reparar las áreas afectadas costaba entre USD 4,5 y USD 5,2 millones. Para que TPM cubriera ese valor se entregó el fondeadero.

Al final, el Estado termina pagando USD 15 millones, en lugar de los USD 5,2 millones que costaban los arreglos, según el informe de Contraloría.

Aparece informe perdido

Frente a estos problemas, la Comisión Anticorrupción en Manabí quiere que se revierta la delegación a TPM.

La adjudicación “se hizo a dedo prácticamente, solo había un oferente. El puerto ahora gana menos. El Estado pudo haber ganado mucho más”, critica Julio Villacreses, miembro de la Comisión.

Terminar el contrato es algo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) considera inviable.

PRIMICIAS conversó con varios de los voceros del ministerio quienes explicaron que la Contraloría no exige explícitamente la terminación de la concesión o de la delegación.

Pero la Comisión Anticorrupción reclama que la Contraloría se haya demorado tanto en entregar el informe a las autoridades.

Villacreses cuestiona la lentitud del MTOP a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.

El exdirector de Contraloría en Manabí, Patricio García, quien elaboró el informe, dijo a PRIMICIAS que el documento estuvo perdido y que ahora recién sale a la luz.