Moreno le deja a Lasso la tarea de la concesión de activos del Estado
El Gobierno espera recibir USD 860 millones en 2021 por la concesión de activos del Estado, según el Ministerio de Finanzas.
Una vista panorámica de la refinería de Esmeraldas, de Petroecuador, en marzo de 2019.
Cortesía Petroecuador.
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Según el gobierno, el golpe para la pandemia de coronavirus para la economía mundial es una de las razones que ha impedido la tan prometida monetización de activos del Estado.
El saliente gobierno de Lenín Moreno no podrá concretar la concesión de activos antes del 24 de mayo de 2021, fecha en la que traspasará el poder a la nueva administración de Guillermo Lasso.
El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dice a PRIMICIAS que los proyectos de monetización ya tendrá que hacerlos el gobierno de Lasso.
"Se ha logrado avanzar en los proyectos. Hemos empezado a recibir toda la información. Dejaremos el proceso encaminado para que sea aprovechado por el siguiente Gobierno", agrega Pozo.
Según el ministro de Finanzas, las demoras para concretar la monetización de activos durante la gestión de Moreno obedecen a que cada empresa requiere, para ser concesionada, tener sus estados financieros en orden e informes de auditoría externa.
La concesión de activos está atada a un convenio marco entre el Ministerio de Finanzas y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) y que data de enero de 2021.
El convenio marco consistía en abrir para Ecuador una línea de crédito de hasta USD 3.500 millones, pagaderos con los flujos de dinero producidos por las concesiones de activos estatales.
La DFC podría prestar los recursos a medida que el Estado fuera concesionando varios activos de las áreas petrolera, de telecomunicaciones y eléctrica.
En esa lista de activos están:
- Las antenas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
- El campo petrolero Sacha, de Petroecuador.
- La Refinería de Esmeraldas de propiedad de la petrolera estatal Petroecuador.
- La central hidroeléctrica Sopladora, que pertenece a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
- La venta de Banco del Pacífico.
El proceso más avanzado es la concesión de la refinería de Esmeraldas y, según el Ministerio de Energía, ya casi está por presentarse una oferta por parte de un consorcio internacional interesado en la planta industrial, que tiene una capacidad de refinación de 110.000 barriles diarios.
Aunque la delegación de este activo también presenta retrasos. Según el calendario original del Ministerio de Energía, la concesión de la refinería debía haberse concretado en febrero de 2021.
Oferta incumplida
Es verdad que el estallido de la pandemia en 2020 se atravesó en los planes del gobierno, pero la monetización de activos del Estado es una oferta que se viene arrastrando por lo menos desde 2019.
Ese año el gobierno incluyó en el Presupuesto General del Estado (PGE) ingresos por USD 1.000 millones por ese concepto y, en 2020, tenía previsto un ingreso inicial de USD 2.000 millones por concesiones.
Pese a que no pudo concretar esos ingresos, el gobierno volvió a proyectar entradas por monetización de activos este año.
Según el Ministerio de Finanzas, la administración del presidente Lenín Moreno proyectó USD 860,8 millones en ingresos por concesiones para el Presupuesto 2021.
Hasta marzo esa cuenta estaba en cero, así como lo muestra el siguiente cuadro:
Durante la campaña electoral, Lasso dijo que impulsará la monetización de activos del Estado durante sus cuatro años de mandato y afirmó que vendería el Banco del Pacífico.
El presidente electo advirtió que los procesos se realizarán con la presencia de veedurías ciudadanas para evitar actos de corrupción.
"Cada uno de los principales contratos de obra pública o de entrega de concesiones al sector privado contará con una veeduría ciudadana, no tendré problemas en que para cada contrato exista un grupo de ciudadanos que puedan observar y que sean parte del proceso de contratación", dijo Lasso.
El secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, piensa que es un imperativo para el país la concesión de obra pública a través de la figura de alianzas público-privadas.
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