Juicios de sindicatos suben gasto en salarios en USD 223 millones
Aumento salarial, refrigerio y bonos por despido son algunos de los beneficios que buscan 7.339 trabajadores de tres empresas públicas.
Protesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en las inmediaciones del IESS, en Quito. Exigen posesión de Richard Gómez, como vocal de los afiliados. Foto del 28 de diciembre de 2022.
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A través de fallos judiciales, 7.339 funcionarios públicos buscan pasar a formar parte de los contratos colectivos de las empresas públicas eléctricas y de telecomunicaciones.
El cambio significa que el acceso a beneficios de los cuales no gozan siendo parte de la Ley de Empresas Públicas. Esos beneficios, algunos de los cuales ya se están entregando, incluyen transporte, alimentación y bonos por antigüedad.
Hasta ahora ese gasto extra en nómina se ha cuantificado en USD 223 millones para tres empresas públicas:
- Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
- El holding estatal Corporación Nacional de Electricidad (Cnel).
- Y la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).
Pero la cifra puede seguir subiendo, pues algunas de las sentencias están en proceso de apelación o de resolución.
El origen del reclamo
El origen del reclamo está en la aprobación de la Ley de Empresas Públicas en 2010, que dejó a varios trabajadores por fuera de los contratos colectivos.
Lo dice el presidente del Central Unitaria de Trabajadores de Ecuador (CUT), Richard Gómez.
Para él, la Ley de Empresas Públicas creó dos tipos de trabajadores, unos que pueden acceder al derecho de la contratación colectiva y otros que no, lo cual califica de "discriminatorio".
"La Ley de Empresas Públicas no es una ley laboral, pero regula a los trabajadores. Y saca a una parte de los trabajadores de carrera del Código del Trabajo. Es una violación a los derechos, que según la Constitución son intangibles", dice Gómez.
El único régimen laboral que existe en el país es el regido por el Código del Trabajo, insiste Gómez, quien defiende que ya la justicia les ha dado la razón.
Para las empresas públicas, estas nuevas pretensiones son un peso que amenaza su estabilidad financiera e incluso la continuidad de su operación.
CNEL ya paga beneficios
El primer antecedente del reclamo de los sindicalistas es el caso de la Corporación Eléctrica de Ecuador (CNEL), a cargo de la distribución de electricidad, donde obtuvieron un fallo a favor en noviembre de 2021.
Por ahora, CNEL aplica algunos de los beneficios reclamados, que tienen que ver con incremento salarial, subsidio de antigüedad, subsidio familiar y comisariato.
Estos beneficios aplicados al personal genera un costo anual de USD 21 millones y beneficia a 1.795 funcionarios. Es decir, el 30% de los 5.952 trabajadores que tiene CNEL.
Eso significa que cada uno recibirá beneficios extra de USD 12.000 anuales en promedio.
Pero es una "factura" que podría subir. CNEL explica que los sindicalistas reclaman que estos beneficios se paguen de manera retroactiva, por el período de 2018 al 2020. El cálculo de este reclamo está siendo realizado por el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, dijo CNEL.
Sin contar con ese cálculo, los gastos de nómina pasaron a pesar el 31% en los ingresos operacionales en CNEL. En 2019, ese porcentaje de participación era mucho menor, del 14%.
Incluso el gasto en mano de obra es mayor al de inversión. El primero representa USD 306 millones, mientras el presupuesto de inversión en CNEL es de USD 301 millones.
De agregarse los beneficios de manera retroactiva, el gasto en mano de obra en esta empresa pública llegaría a USD 500 millones, ha advertido otra empresa pública que también enfrenta acciones judiciales de sindicalistas, Celec.
En riesgo operación de Celec
Una acción de protección interpuesta el 31 de enero de 2023 por los sindicalistas agrupados en el Comité de Empresa de los Trabajadores de Celec pone en riesgo las finanzas del holding estatal de electricidad.
A enero de 2023, Celec tiene una nómina de 4.233 servidores. De ellos, 1.756 funcionarios, que ahora están amparados por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, buscan pasar al Código de Trabajo.
Lo más preocupante para Celec es que los sindicalistas piden que los pagos sean retroactivos, desde 2010, lo que representaría un gasto cercano a USD 200 millones.
Uquillas ha advertido que ese egreso pondría en riesgo el servicio de generación y transmisión de electricidad en el país.
Ese no es el único problema. Celec advierte CNEL, que distribuye el 66% de la energía en el país, no ha pagado varias facturas por la energía distribuida, "ya que está destinando parte de sus recursos al pago de los beneficios laborales de sus colaboradores", explicó.
Los sindicalistas de la CNT también ganaron una acción de protección, en junio de 2022.
El fallo beneficia a 3.788 trabajadores de la telefónica estatal. Es decir, la acción judicial amplió los beneficios del contrato colectivo para el 54% de empleados de CNT, que suman 7.059.
En términos monetarios, los beneficios representan USD 1,8 millones al año, con respecto a 2022. Esos beneficios son:
- Compensación por transporte y refrigerio se empezó a pagar desde noviembre del 2021, estos rubros se encuentran también contemplados en el contrato colectivo.
Pero no es el único gasto que enfrenta CNT. La Corporación aclara que debe cancelar indemnizaciones por despido intempestivo, que costarían USD 75.800 en promedio por cada servidor u obrero.
Según CNT, este valor no ha sido presupuestado para 2023 a fin de salvaguardar los intereses económicos de la empresa.
CNT destina USD 146 millones al año para el pago de nómina.
Se alista demanda en Petroecuador
El presidente de la CUT defiende que no se tratan de nuevos beneficios, sino de una recuperación de derechos.
"No es justo que el ingeniero que está en el poste arreglando las redes esté en el contrato colectivo, pero quien lo supervisa no", defiende Gómez.
Por eso mismo, según Gómez, los trabajadores de la petrolera estatal Petroecuador accionarán una demanda laboral. Se trata de 3.000 trabajadores petroleros que quedaron fuera del contrato colectivo.
Gómez discrepa de las cifras entregadas por las empresas públicas. Según la CUT, hay que medir el impacto de la masa salarial en función de todos los ingresos de la empresa.
Por ejemplo, dice que los beneficios para 1.795 trabajadores que se incorporan al contrato colectivo es menos del 0,1% del presupuesto de esa Corporación.
Además, dice que hay que comparar los salarios en función del sector. "El trabajador petrolero, que siempre ha sido criticado, gana muy por debajo de otros trabajadores petroleros en América Latina. Es un trabajo de riesgo, al igual que aquel que se desempeña en el sector eléctrico", añade.
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