¿Puede el juicio político complicar el pago de la deuda pública?
La pregunta que tratan de responder los analistas de entidades como Santander, JP Morgan y Citi Research es si la crisis política puede llevar a Ecuador a un impago de la deuda externa.
Primer día de comparecencias en la Asamblea, por el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, 18 de abril de 2023.
Flickr Asamblea Nacional.
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El juicio político, que podría terminar anticipadamente el mandato de Guillermo Lasso, es seguido con atención por los bancos de inversión.
La pregunta que tratan de responder los analistas de entidades como Santander, JP Morgan y Citi Research es si esta crisis puede llevar a Ecuador a un escenario de impago de la deuda externa (default) o a una reestructuración de la misma.
Segun JP Morgan, solo hay un 10% de posibilidades de que el Presidente Lasso salga victorioso del juicio político en la Asamblea Nacional.
Los otros dos escenarios que JP Morgan sopesa son: la declaratoria de una muerte cruzada (45%) o que el juicio político termine con una sucesión en el poder, en la que Lasso es reemplazado por el vicepresidente Alfredo Borrero (45%).
El mayor riesgo
Un cambio de Gobierno en Ecuador aumenta "de manera sustancial" las probabilidades de que la siguiente administración tenga que hacer una reestructuración de la deuda externa en 2026.
Lo advierte JP Morgan, en un informe sobre Ecuador del 18 de abril de 2023.
Gorka Lalaguna, estratega de mercados emergentes de JP Morgan, argumenta que 2026 será un año de fuertes presiones, pues es cuando se acumularán los mayores vencimientos de los bonos de la deuda externa, de los préstamos de los organismos multilaterales y de la deuda con China.
De hecho, según JP Morgan, Ecuador tendrá necesidades de financiamiento netas por USD 6.400 millones en 2026, alrededor de un 6% de su PIB, para cubrir el Presupuesto del Estado y los pagos de capital e intereses de la deuda pública.
Y considerando 2025, las necesidades de financiamiento se elevan a USD 11.400 millones en un periodo de dos años.
Tranquilos por el momento
Los bancos de inversión coinciden que en el corto plazo, es decir en 2023, la situación fiscal para Ecuador no es apremiante.
Por lo que el riesgo de un default de la deuda este año es muy poco probable.
Incluso si Lasso no termina su mandato, un eventual nuevo gobernante, aun si es de oposición, continuará pagando la deuda en el corto plazo, porque la presión en 2023 y 2024 es baja.
"Incluso si un gobierno de oposición llega al poder, no querría descartar el acceso al mercado de financiamiento, al menos inicialmente", dice JP Morgan.
Pero el escenario será más complejo para las cuentas fiscales de Ecuador a partir de 2026.
Para JP Morgan, el país atravesará un 2025 más o menos tranquilo, pero el riesgo de que Ecuador tenga que recurrir a una reestructuración de su deuda aumentará sustancialmente a partir de 2026.
El fantasma del default
El decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (Udla), Santiago Mosquera, explica que la reestructuración de deuda se considera como un evento de default en los mercados internacionales.
Un evento de default generaría que el riesgo país de Ecuador se dispare y con ello subirían las tasas de interés para el país a la hora de pedir dinero prestado en el exterior.
Actualmente, con el riesgo país en el umbral de 1.861 puntos, Ecuador tendría que pagar tasas de interés de 22% anual si emitiera bonos de la deuda externa.
Las alternativas
El informe de JP Morgan plantea al menos tres alternativas para cubrir las necesidades de financiamiento y no caer en default en 2026.
La primera es buscar reestructuraciones de la deuda con China, una tarea que quedaría para el próximo Gobierno.
JP Morgan cree que se puede pedir un adelanto de los desembolsos previstos por parte de China hasta 2027, por una línea de crédito atada a petróleo que todavía está vigente.
Con lo anterior, Ecuador podría conseguir unos USD 4.000 millones en 2026.
Una segunda alternativa es un nuevo acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo podría ser por alrededor de USD 1.300 millones, a través de un programa conocido como RST. Aunque esa opción depende de que la crisis política cese.
Un RST es un programa de resiliencia y sostenibilidad destinado a apoyar a países de ingresos medios y bajos frente a posibles choques externos. Antes de la crisis política, Ecuador estaba evaluando pedir al FMI un programa de este tipo.
La tercera opción es que el Gobierno emita bonos de deuda interna. El Banco Central debería comprar esos papeles con dinero de las reservas internacionales.
Pero para esto sería necesario hacer cambios a ley de Defensa de la Dolarización, que prohíbe este tipo de operaciones.
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