Domingo, 30 de junio de 2024

Tres concesiones mineras de Comiange deberán suspender operaciones en La Maná

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

27 Jun 2024 - 22:12

Un tribunal determinó que la empresa Comiange ha explotado minerales sin tener todos los documentos habilitantes en La Maná, Cotopaxi.

Imagen referencial sobre un operativo de control a la minería en La Maná el 6 de junio de 2024.

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

27 Jun 2024 - 22:12

Imagen referencial sobre un operativo de control a la minería en La Maná el 6 de junio de 2024. - Foto: @ARC_EnergiaEc/X

Un tribunal determinó que la empresa Comiange ha explotado minerales sin tener todos los documentos habilitantes en La Maná, Cotopaxi.

La minera Comiange deberá suspender sus operaciones en tres concesiones mineras en La Maná, provincia de Cotopaxi. La decisión fue notificada verbalmente por un tribunal especializado en delitos contra la corrupción y crimen organizado el 26 de junio de 2024.

Los jueces determinaron que esa empresa ha explotado oro y otros minerales sin tener todos los documentos habilitantes y sin cumplir los requerimientos técnicos de operación, en los campos Ximena, Ximena 1 y Nosul, que le fueron adjudicados en 2015.

Además, determinaron que las autoridades de control incumplieron sus obligaciones, pese a varias denuncias.

A los jueces llamó la atención que desde el 2016 las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Energía y de los Ministerios del Ambiente y Energía, no actuaron sobre las irregularidades, pese a la existencia de 22 informes técnicos de esas entidades que detallaban los problemas, recogió Ecuavisa.

Entre dichos informes hubo uno de la Agencia de Regulación que, en el 2016, calificó de minería ilegal la actividad de Comiange en el Campo Ximena 1. De este modo, se acumularon los daños ambientales en las áreas de concesión y fuentes de agua.

Por eso, los jueces ordenaron que la empresa no vuelva a operar hasta cumplir con todos los requisitos legales, que las autoridades inspeccionen las áreas con problemas ambientales y verifiquen su remediación y que inicien los procesos de sanción que no impulsaron en ocho años.

Asimismo, deberán realizar una auditoría para determinar por qué no tomaron las decisiones para evitar los daños ambientales.