Caso Isspol: "Los vamos a encontrar en donde estén", dice Carrillo
Personal de la Policía Nacional en un evento en la Escuela Superior de Quito, el 30 de septiembre de 2020.
Ministerio de Gobierno/Flickr
Autor:
Actualizada:
Compartir:
En un video el general Carillo reclamó a Jorge Chérrez, un asesor de inversiones también conocido como El Mago, por el escándalo financiero que aqueja al Isspol.
Lo acusó de ser "el responsable directo de las transacciones por las cuales los bonos internos de deuda soberana del Ecuador cambiaron de ser títulos valores de nuestra propiedad a títulos valores de empresas relacionadas con usted".
Al finalizar el video, en el que el general aparece rodeado de integrantes de las distintas fuerzas policiales, dijo que encontrarán a los responsables de lo que pasó en el Isspol.
"A los compañeros en servicio activo y pasivo, ustedes conocen la trayectoria de quienes defendemos derechos y libertades, saben que hasta los peores delincuentes tienen derechos y hay que respetarlos, pero también que sepan estas personas que los vamos a encontrar donde estén", concluyó Carrillo.
La cuenta con Chérrez
En total unos USD 732 millones habría destinado el Isspol a inversiones con empresas de asesoría financiera de Jorge Chérrez, lo que equivale al 48,8% del total de un portafolio de inversiones que suma más de USD 1.500 millones.
El monto se desagrega de un análisis que hizo la administradora de fondos y fideicomisos Fiducia:
- USD 198 millones se habrían destinado a bonos de deuda externa de Ecuador.
- En acuerdos de recompra (repos) con deuda externa ecuatoriana se habrían invertido USD 205 millones.
- USD 327 millones se invirtieron en una operación de canje de bonos de la deuda interna por instrumentos de deuda conocidos como certificados de depósito global o GDNs por sus siglas en inglés.
Chérrez es el representante de las empresas Investments & Business Group S.A. (IBCorp) y High Yield Bond Funding Corp (HYBF), que actuaron como intermediarias en las inversiones del Isspol.
Errores con un solo Mago
En una entrevista con PRIMICIAS, la superintendente de Bancos, Ruth Arregui, explicó que "las instituciones que reciben fondos del Estado, del Ministerio de Finanzas, tienen que privilegiar la seguridad antes que la rentabilidad".
Ese es el caso del Isspol, puesto que las inversiones en instrumentos de deuda externa son de alto riesgo.
Otro error que señala la Superintendencia es haber concentrado un riesgo de inversión tan alto en un solo agente: Chérrez.
"La norma prohíbe la concentración para evitar el riesgo de contraparte y para evitar que haya incentivos perversos" dice José Defina, experto en riesgo y profesor del IDE Business School.
Un salvavidas de plomo
Parte de los problemas del Isspol se deben a la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía, aprobada en 2016, de acuerdo con Carillo y con la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La norma y su reglamento establecen que el Estado garantizará cualquier faltante de dinero en los fondos que administran ahorros previsionales.
"Cuando en el seguro de retiro, invalidez y muerte, que incluye mortuoria, los ingresos totales presupuestados, que incluyen los financieros, sean menores a los gastos operacionales prestacionales directos presupuestados, el Isspol solicitará de forma sustentada, con la presentación de un informe técnico presupuestario-financiero, al Ministerio de Finanzas la solicitud de transferencia de recursos del Estado hasta en el valor que corresponda a la antedicha diferencia"
Lo dice el artículo 69 del reglamento de la ley.
Aplica lo mismo para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).
La Ley de Fortalecimiento fue publicada en el Registro Oficial el 22 de octubre de 2016, tras su aprobación en la Asamblea Nacional, que estaba encabezada en la época por Gabriela Rivadeneira, hoy asilada en México.
El reglamento de la norma fue publicado casi un año después, el 18 de mayo de 2017, luego de que el entonces presidente, Rafael Correa, lo firmara. Correa dejó el poder siete días después.
María Paula Romo aseguró el 22 de septiembre que, pese a la estafa, las pensiones de los miembros de la Policía jubilados están garantizadas.
“Existe una ley que obliga al Estado a garantizar el pago de todo lo que se adeude por estos conceptos”, aseguró Romo.
Llamado a la Corte
"Conscientes que los desequilibrios y las inequidades tienen como naturaleza la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía. Hacemos una cordial invitación a que la Corte Constitucional se pronuncie", manifestó Carillo.
Según Carillo, la ley "constituye una de las herramientas que provocaron lo que hoy estamos viviendo y que provocan la falta de sostenibilidad y el desfinanciamiento futuro de los asegurados en el Isspol".
Compartir: