Los 'amigos' del caso Las Torres aparecen en la estafa al Isspol

La presunta red de corrupción que operaba en Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría de la Presidencia, conocida como Las Torres, tiene nexos con el escándalo por operaciones irregulares realizadas en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

El llamado caso Las Torres arroja algunas luces sobre por qué la Contraloría "no respondió los pedidos de una auditoría" que fueron realizados por el Isspol, durante la administración del general Juan Carlos Rueda, exdirector del Instituto.

El 19 de marzo de 2021, Rueda dijo en entrevista con PRIMICIAS que había solicitado a la Contraloría una auditoría a las operaciones irregulares por USD 838 millones, realizadas en el Instituto por administraciones anteriores a la suya, pero sus pedidos no fueron atendidos.

Un mes después empiezan a aparecer las pistas: la Contraloría no actuó porque algunos de los personajes investigados en el caso Las Torres, o sus familiares, participaron también en las operaciones irregulares del Isspol.

Por el caso Las Torres quien era contralor en ese momento, Pablo Celi, fue detenido el 13 de abril de 2021 y se encuentra en la cárcel 4 de Quito.

Los vínculos

El caso Las Torres se destapó el 13 de abril, cuando la Fiscalía hizo 25 allanamientos y detuvo a nueve personas, después de 22 meses de investigaciones.

La hipótesis de la Fiscalía es que entre 2012 y 2019 operó una red de corrupción de alto nivel en la petrolera estatal Petroecuador, en la Contraloría y en la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Como parte de la trama, funcionarios de Petroecuador, entre ellos el sobrino del excontralor Celi, Raúl De la Torre, exigían coimas a empresas a cambio de la cancelación de facturas atrasadas.

La red también pedía sobornos para desvanecer glosas emitidas por la Contraloría a las empresas proveedoras de Petroecuador, como la compañía Nolimit. En esta parte del negocio estaba involucrado el hermano de Celi.

En cambio, el caso Isspol es la suma de una serie de operaciones irregulares que se hicieron a través de siete mecanismos, por lo menos desde 2014.

Entre esos mecanismos figuran la compra de inmuebles y la cesión de derechos fiduciarios, en los que aparecen también los nombres de personas investigadas por el caso Las Torres.

A la compra de inmuebles el Isspol destinó al menos USD 34,9 millones y a las operaciones de cesión de derechos fiduciarios USD 68 millones, de los cuales USD 65,3 millones ya están vencidos e impagos.

Tres nombres aparecen en los dos casos: Álvaro De Guzmán, Luis Adolfo Agusto Briones y Roberto Barrera.

A ellos se suma el de Santiago Cuesta, que aparece en el caso Las Torres, que no se relaciona directamente con las operaciones irregulares del Isspol, pero cuyos nexos aparecen a través de un familiar.

Álvaro De Guzmán

El primer nombre que PRIMICIAS detectó en ambos casos es el de Álvaro De Guzmán Pérez, un empresario dedicado al sector bursátil, quien también fue presidente de la compañía Latextil.

De Guzmán tiene orden de detención por el caso Las Torres, es investigado por peculado y delincuencia organizada.

De momento el vínculo entre De Guzmán y el caso Las Torres es Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi.

Esteban Celi, también procesado y detenido por el caso Las Torres, y De Guzmán fueron altos directivos de la empresa Latextil, que fue disuelta.

Según la Fiscalía, en el caso La Torres, Esteban Celi habría solicitado y recibido dinero de la empresa Nolimit.

El objetivo de estos pagos era el desvanecimiento de cinco glosas que la Contraloría le impuso a esa firma por USD 13 millones.

El desvanecimiento de las glosas de Contraloría, solicitado por Esteban Celi, luego habría sido autorizado por el propio Pablo Celi.

En las operaciones del Isspol, De Guzmán aparece en 2015 cuando, junto con su esposa Paulina Ferro, suscribió con Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol, un contrato de compra-venta de la hacienda Anchamaza, por USD 14,8 millones.

La propiedad fue adquirida con sobreprecio, ya que el avalúo catastral del terreno, al momento de la compra, era de USD 500.375 y el avalúo comercial era de USD 3,5 millones.

Y ahora aparecen otros dos investigados del caso Las Torres en las operaciones irregulares del Isspol, que se hicieron a través de la figura de cesión de derechos fiduciarios.

Se trata de Luis Agusto Briones y Roberto Barrera.

El fideicomiso de Agusto

Luis Agusto Briones es el hermano de José Agusto Briones, este último fue secretario de la Presidencia y ministro de Energía durante el gobierno de Lenín Moreno.

Los dos hermanos están detenidos, desde el 13 de abril, y son investigados en el caso Las Torres.

Según la Fiscalía, Luis Agusto habría sido una de las cuatro personas que recibía dinero de sobornos de la empresa Nolimit.

Luis Agusto Briones también aparece en operaciones de cesión de derechos fiduciarios que hizo el fondo de pensiones de la Policía Isspol, con 38 fideicomisos.

Agusto estaría involucrado en la cesión de derechos fiduciarios que se hizo entre el Isspol, a través de su entonces director David Proaño, y el Fideicomiso Adokasa, en marzo de 2018.

Uno de los constituyentes del Fideicomiso Adokasa, conformado por bienes inmuebles y cuentas por cobrar, es la empresa Adokasa, cuyo presidente y principal accionista es Luis Agusto Briones.

La cesión de derechos del Isspol se hizo a través de dos contratos y asciende a USD 650.000.

Un derecho fiduciario es un instrumento de inversión a través del cual un inversionista adquiere un derecho o una participación sobre un conjunto de bienes.

La cesión de derechos fiduciarios significa que el inversionista cede su derecho a cambio de un monto de dinero.

"Según el reglamento de inversiones y el marco legal, no le está permitido al Isspol hacer este tipo de inversiones de cesión de derechos. Solo están autorizadas las inversiones a través de títulos emitidos y registrados en el mercado de valores", advirtió en entrevista con PRIMICIAS, el 30 de septiembre de 2020, la superintendente de Bancos, Ruth Arregui.

El general Rueda ha asegurado que la figura de cesión de derechos fiduciarios "se usó para disfrazar préstamos, ya que el Isspol no capta dinero, ni puede hacer préstamos".

El fideicomiso de Barrera

En otra cesión de derechos fiduciarios que hizo el Isspol, entre marzo y julio de 2016, aparece el fideicomiso Centinela Costa Azul, constituido por Intermediaria, compañía que está en proceso de liquidación.

El último gerente y principal accionista de Intermediaria fue Roberto Barrera.

En los dos contratos de derechos fiduciarios entre Intermediaria y el Isspol, a través de su entonces director David Proaño, no queda claro cuánto dinero entregó el Instituto.

Lo que sí se conoce es que los lotes que conformaban el fideicomiso estaban valorados en USD 14,6 millones, según los mismos contratos.

Barrera fue detenido en Miami en 2019, junto con Raúl de la Torre, ambos fueron acusados de usar el sistema financiero estadounidense para lavar los sobornos que obtuvieron mientras trabajaron en Petroecuador.

Barrera se declaró culpable y dijo que las coimas ascendieron a 3,1 millones.

Según los documentos que forman parte del proceso judicial en la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, De la Torre y Barrera conspiraron dentro de Petroecuador en un esquema para recibir millones de dólares en coimas.

Exigían dinero a cambio de usar sus puestos para que empresas -como Nolimit- obtuvieran contratos con la petrolera estatal.

Entre 2018 y 2019 Raúl De la Torre Prado, sobrino del contralor Pablo Celi, fue asesor del entonces gerente de Petroecuador, Pablo Flores.

El fideicomiso del cuñado

El último nombre que aparece en el caso Las Torres y en el caso Isspol está relacionado con Santiago Cuesta Caputi, consejero presidencial de Lenín Moreno hasta el 22 de enero de 2020.

La supuesta participación de Cuesta Caputi en el caso Las Torres no está clara, pero la Fiscalía allanó su residencia en Guayaquil como parte de las investigaciones.

El mismo día del allanamiento, 13 de abril, Cuesta Caputi rechazó que se lo involucrara en investigaciones relacionadas con actos de corrupción.

Lo hizo a través de un comunicado desde Madrid, ciudad donde ha dicho que se encuentra recuperándose de una intervención quirúrgica.

El nombre de Cuesta no aparece en el caso Isspol, pero sí aparece Arturo Vinueza Urgelles, quien es hermano de Gloria Vinueza Urgelles, esposa de Santiago Cuesta.

Arturo Vinueza es el gerente general y principal accionista de la empresa Credimétrica, que es la constituyente del fideicomiso llamado Cartera de Largo Plazo.

Ese fideicomiso se constituyó en mayo de 2015 para la administración de cartera.

Entre 2015 y 2017, el Isspol firmó nueve contratos con Credimétrica para comprarle derechos fiduciarios del Fideicomiso Cartera de Largo Plazo por USD 12,5 millones.

Uno de esos contratos fue firmado por Enrique Espinosa de los Monteros, exdirectores del Isspol. Y el resto por David Proaño, quien relevó a Espinosa de los Monteros en el cargo.

Y en este caso también aparecen tres contratos a través de los cuales Credimétrica hizo recompras de los derechos fiduciarios al Isspol, el monto total de los pagos fue de USD 2,6 millones.

Eso incumple con los contratos en los que se establecía que Credimétrica siempre iba a recomprar sus derechos.

Es decir, en total el Isspol acabó entregando a Credimétrica USD 9,9 millones por derechos fiduciarios que nunca fueron recomprados, según la información de la Superintendencia de Compañías.

Un comunicado de la fiduciaria Heimdaltrust, que está a cargo del fideicomiso Cartera de Largo Plazo, sostiene que hasta el 18 de marzo de 2021 Credimétrica no había informado sobre los reportes de cartera de 2020.

El 2 de marzo de 2020 Credimétrica fue intervenida y el 8 de marzo de 2021 fue declarada en disolución, según una resolución de la Superintendencia de Compañías.