Grupos armados y oposición ciudadana complican control de minería ilegal

La minería ilegal ha 'invadido' 22 de 24 provincias de Ecuador, aunque los "puntos más calientes" están en seis de ellas.

En esa lista están Esmeraldas, en la Costa; Azuay e Imbabura, en la Sierra y Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo, en Amazonía.

En esta última provincia, el Gobierno mantiene, desde el 13 de febrero de 2022, un operativo para detener la extracción ilegal de oro en la comunidad Yutzupino. Más de 124 retroexcavadoras han sido decomisadas.

En entrevista con PRIMICIAS, el director de Control a la Minería Ilegal de la Agencia de Regulación y Control (ARC), Andrés Vergara, dice que, pese a tener identificados los sitios conflictivos, tienen varios problemas para realizar operativos de control.

Estos son los inconvenientes:

• Oposición de las comunidades.
• Ubicaciones de difícil acceso.
• Presencia de guerrillas y de grupos armados, principalmente en Esmeraldas, en el límite con Colombia.
• Falta de recursos para movilizar a los miembros de las instituciones del Estado hasta los puntos de minería ilegal.

El Ministerio del Ambiente ha identificado 270 puntos de minería ilegal en Ecuador. ¿En qué lugares se ubican?

Se tiene un mapeo extenso de los puntos de minería ilegal en el país. Hay minería ilegal en 22 de las 24 provincias. Solo en Galápagos y en Sucumbíos no hay vestigios de esta actividad.

La actividad extractiva tiene la colaboración de las comunidades, incluso de grupos armados, lo que complica el control del Estado.

¿Cuáles son los puntos más conflictivos?

En los sectores Alto Nangaritza y Chinapintza, en Zamora Chinchipe.

En la parroquia Molleturo, en Azuay, la comunidad, de cierta manera, respalda las actividades de minería ilegal.

También hay puntos críticos en Morona Santiago e Imbabura.

Otro punto fuerte de minera ilegal, que ya fue controlado, es en la comunidad de Yutzupino, en Napo. Aunque existe extractivismo irregular en otras localidades como El Ceibo, Misahuallí y Tálag, en Tena.

¿En Esmeraldas?

En Esmeraldas, al ser una zona de frontera con Colombia, se detectó una gran presencia de guerrillas y de grupos armados.

La ARC tiene serios problemas para realizar controles en las zonas de Eloy Alfaro, en Los Ajos y a lo largo del río Cachaví.

En esos lugares, las comunidades están dedicadas 100% a la actividad minera y no permiten la incautación de la maquinaria.

Hay un gran impacto ambiental. En la zona de Los Ajos, en el cantón San Lorenzo, hay entre 2.500 y 3.000 hectáreas desbrozadas por la minería ilegal de oro.

¿Qué pruebas existen sobre la presencia de grupos armados?

No sé si son colombianos, pero existen grupos armados en Esmeraldas. Con ellos, el Estado ecuatoriano ha tenido varios enfrentamientos.

No le puedo dar mayor información, pero las Fuerzas Armadas saben más sobre estos grupos irregulares.

Cada vez que hacemos sobrevuelos con drones hay la alerta de posibles disparos a este equipo.

Es decir, ¿la fuerza pública no puede ingresar a esas zonas de Esmeraldas por temor a estos grupos?

Totalmente. Otro problema son los fuertes gastos que representa mover todas las entidades, como a la Policía y a las Fuerzas Armadas, a los puntos de minería ilegal en el país.

Y, el problema, además, es luchar contra las comunidades que tienen alianza con los mineros ilegales.

Pese a los inconvenientes, el Gobierno continuará con los operativos mineros.

¿Cómo es la minería ilegal en Zamora Chinchipe?

Las operaciones mineras ilegales se sustentan con el respaldo de las comunidades, incluso de los indígenas.

Los mineros ilegales dan trabajo a estas comunidades. Por ejemplo, permiten a los indígenas buscar oro en el material pétreo que ya fue procesado.

Los mineros controlan los accesos a varias comunidades donde hay minería ilegal. Por ejemplo, en Alto Nangaritza hay garitas de control con gente muy bien organizada.

Cada vez que ingresamos a la zona, unas 40 personas bloquean los caminos de acceso.

Solo en Alto Nangaritza existen entre 100 y 150 retroexcavadoras distribuidas, algo similar a lo que ocurría en la comunidad Yutzupino, en Napo.

En Chinapintza la situación es similar. En esa zona se calcula que la minería ilegal opera con 100 retroexcavadoras. Todo esto, con el respaldo de las comunidades.

Los bloqueos de los ciudadanos y la espesa vegetación también impiden los controles mineros.

¿El proyecto minero Río Blanco también está invadido por ilegales?

Correcto. Las actividades extractivas ilegales en el proyecto minero Río Blanco tienen el respaldo de varias comunidades de Molleturo, en Azuay.

Los ciudadanos, que tienen el control en esa zona, actúan de manera violenta en contra de la fuerza pública cada vez que se realizan operativos.

Allí, la minería implica una serie de intereses políticos, sociales y económicos. En esa zona hay complicidad de la comunidad y de las autoridades locales.

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