Comunidades de Fierro Urco piden consulta para frenar la minería

Fierro Urco es un páramo que se ubica en las provincias de Loja y El Oro. En esta zona hay siete concesiones mineras que suman 27.272 hectáreas en las que se han detectado yacimientos de oro, plata y cobre, según información del Catastro Minero del Ecuador.

El páramo ocupa los territorios de las parroquias Chantaco, Chuquiribamba, Taquil, Gualel, El Cisne, Tenta, en Loja; Ambocas, Salatí y Morales, en El Oro. Está ubicado unos 90 kilómetros al norte de la ciudad de Loja.

Pero algunas de las comunidades que habitan en la zona no están interesadas en permitir la explotación de esos recursos. En enero de 2022, la comunidad de Gualel interpuso una acción de protección, con medida cautelar, contra el Ministerio del Ambiente.

Esto con el objetivo de detener las actividades mineras en las concesiones Santiago, Caña Brava, Tioloma y el proyecto minero El Cisne, todos en su territorio.

Los demandantes sostienen que se han vulnerado cuatro derechos constitucionales:

• A la consulta ambiental y seguridad jurídica.
• A los derechos de la naturaleza.
• Al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
• El derecho al agua.

En la sentencia de primera instancia, dictada en mayo de 2022, la jueza a cargo del caso negó la acción de protección y la medida cautelar “al no encontrarse violación de derecho constitucional alguno”.

La comunidad apeló el fallo y una nueva audiencia se llevó a cabo el martes 22 de noviembre de 2022 en la Corte Provincial de Justicia de Loja. La sentencia aún no se conoce.

El recurso de la consulta ambiental

En su intento de frenar las actividades mineras, los comuneros se enfocan en una presunta vulneración al derecho a la consulta ambiental y seguridad jurídica.

Según la Constitución, la consulta ambiental se aplica frente a cualquier decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente.

 Este recurso ya ha sido usado antes en casos similares y tiene como antecedente una sentencia de la Corte Constitucional que prohibió la minería en el Bosque Protector Los Cedros, en Imbabura.

 “El derecho a la consulta ambiental nunca se cumplió con las concesiones mineras que estamos demandando”, argumenta Pablo Piedra, uno de los abogados de la comunidad de Gualel.

El jurista detalla que, en lugar de cumplir con esa condición, que consta en el artículo 398 de la Constitución, las empresas mineras aplicaron los procesos de participación social para obtener los permisos del Ministerio del Ambiente.

La Cartera de Estado y las empresas mineras defienden que los procesos de participación social sí son válidos para justificar la consulta ambiental. Apelan al artículo 82 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y a la antigua Ley de Gestión Ambiental, que estuvo vigente cuando se entregaron los permisos ambientales.

Ese proceso de participación social consiste en la “organización y realización de una reunión informativa a la que se convoque a los actores sociales que tienen relación con este proyecto”, según informó el Ministerio del Ambiente durante la audiencia de primera instancia.

Pero ese no es un argumento suficiente para los demandantes. Piedra asegura que la Corte Constitucional “ya ha dictado estándares de cómo se tiene que entender la consulta ambiental”.

La consulta ambiental es diferente a la consulta previa, libre e informada, que es un derecho a favor de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, que consta en el artículo 57 de la Constitución.

Este recurso también ha sido usado por otras comunidades antimineras para frenar esa actividad. Loma Larga, en Azuay, es un ejemplo, donde una sentencia de primera instancia determinó la suspensión de las actividades hasta que se cumpla con la consulta previa.

Rechazo a las actividades mineras

La oposición en Fierro Urco surge porque las concesiones están ubicadas en un ecosistema de páramo y sus habitantes temen que las actividades extractivas provoquen daños ambientales y afecten la dotación de agua.

El pueblo kichwa saraguro lidera la resistencia a la minería en este sector.

Desde el 1 de junio, las mujeres de la comunidad mantienen bloqueado y controlado el acceso al páramo, en el sector Loma de Oro, con el fin de evitar el ingreso de las empresas mineras.

A ellos se han sumado organizaciones indígenas, como el pueblo Shuar Arutam, la comunidad Cofán de Sinangoe y la Ecuarunari.

Al igual que en otros sectores del país con presencia de conflictos mineros, en este sector también hay un grupo de pobladores que apoya la actividad.

Se trata del Comité Pro Desarrollo de Gualel, que defiende la generación de fuentes de empleo que puede traer la minería.

Importancia ambiental

Rodrigo Cisneros, investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, explica que a Fierro Urco se conoce como la Estrella Hídrica del Sur. Allí nacen las fuentes de agua que abastecen a subcuencas hidrográficas del sur del país: Santiago, Jubones, Catamayo y Puyango-Tumbes.

Por ejemplo, de ahí se origina el 50% del agua que consume el cantón Loja, con 225.00 habitantes. También dota de este recurso al cantón Saraguro (Loja) y a unos 50.000 habitantes de El Oro.

Para Cisneros, el foco del conflicto es el páramo, “un ecosistema frágil y amenazado”. El académico recuerda que los páramos son de gran importancia para la retención y regulación del agua.

“Aquí no se trata de decir sí o no a la minería. Necesitamos conocer el sistema para tener herramientas y poder manejarlo en caso de problemas”, sostiene Cisneros. El investigador asegura que no existe la suficiente infomración científica sobre los páramos que permita saber cómo manejar un potencial daño.

El académico es parte de un equipo que trabaja en una propuesta para convertir a Fierro Urco en una Área de Protección Hídrica, con el fin de aumentar las posibilidades de conservación y protección.

Este proyecto está en pie desde 2017 y no solo contempla la zona de Gualel. La extensión propuesta es de 164.573 hectáreas, distribuidas en las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay y Morona Santiago.

En toda esa superficie hay 72.676 hectáreas de concesiones mineras, que representan el 44,16% del área protegida propuesta, según el informe elaborado por la Universidad Técnica Particular de Loja y otras organizaciones.