Exportadores dicen que la Corte Constitucional está 'desconectada' de la realidad
En un comunicado, el gremio de exportadores rechazó el último dictamen de la Corte Constitucional sobre el acuerdo firmado con Costa Rica.
Imagen referencial. Panorámica de muelle de Contecon, en el puerto de Guayaquil.
Tomado de la Autoridad Portuaria
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El último dictamen de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo de Asociación Comercial, firmado entre Ecuador y Costa Rica, sigue generando reacciones. Y en esta ocasión fue de parte de los exportadores.
Si bien la Corte declaró que la mayoría de los artículos del acuerdo eran constitucionales, hizo dos observaciones, en torno a la resolución de disputas entre el Estado y los inversionistas.
Tras el pronunciamiento, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) señaló que está profundamente preocupada por los "impactos negativos" del dictamen.
"Esta decisión va en sentido contrario y dilata todos los esfuerzos que hemos impulsado para generar la apertura de mercados", señaló el comunicado de Fedexpor.
Según el gremio exportador, los criterios de los cinco jueces de la Corte Constitucional están "desconectados y son ajenos a las necesidades y la realidad del país".
Fedexpor además participó del proceso de la presentación del 'amicus curiae', con la finalidad de lograr un dictamen favorable de la Corte.
Pero, "el pronunciamiento dividido de la Corte (...) da cuenta de que no existe unanimidad clara", dijo la organización en su comunicado.
Al igual que la postura del Gobierno y de la Cámara de Comercio de Quito, los exportadores también consideraron que la decisión de la Corte "limita la posibilidad de captar inversiones para el país".
Incluso afirmaron que de plantearse una renegociación del acuerdo, esto daña la imagen y seriedad de Ecuador a nivel internacional.
Este no es el primer revés de Guillermo Lasso con la Corte Constitucional, tras la declaratoria de la muerte cruzada y su intención de gobernar con decretos ley.
El martes, la Corte también admitió la demanda de la Conie y suspendió, de forma provisional, un decreto para realizar consultas ambientales sobre actividades mineras.
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