El Estado subsidia más a los jubilados de altos ingresos

En tres o cuatro años ni el 40% de aporte que hace el Estado será suficiente para cubrir el pago de las pensiones de jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Lo advierte la comisión gubernamental para reformas del IESS, que prevé presentar este mes un anteproyecto de Ley al Gobierno.

El problema es que desde 2014 los ingresos del IESS por aportes de los afiliados y empleadores no alcanzan para cubrir los gastos por las jubilaciones.

Antes de 2014, el aporte del Estado era ahorrado o invertido con la idea de capitalizar el sistema de pensiones del IESS; es decir, contar con dinero para pagar las futuras jubilaciones.

Eso hacía, incluso, que los ministros de Finanzas negocien con el IESS para que invierta en bonos del Estado.

"Pero ahora cada dólar que el Estado le transfiere al IESS se usa para pagar pensiones. Va a llegar un momento, en tres y cuatro años, en que incluso ese aporte del Estado no será suficiente para pagar pensiones", dice Augusto de la Torre, vocero de la comisión gubernamental.

El problema

Ahora, el aporte o subsidio del Estado beneficia en mayor proporción a los jubilados de más altos ingresos.

¿Cómo paga la pensión el IESS a un jubilado que percibe la pensión máxima de USD 2.475 al mes? El IESS cubre con sus recursos propios USD 1.500 y los USD 1.000 restantes con el aporte del Estado equivalente al 40% de la pensión.

Mientras tanto, a un jubilado que percibe USD 500 al mes, el Estado le financia solo USD 200 al mes. Para la comisión, esa distribución del aporte no es justa.

La propuesta

La comisión de reformas al IESS propone que la jubilación tenga dos componentes. Un primer componente es una pensión básica equivalente a USD 250, poco más de la mitad de un salario básico. Ese valor será cubierto de manera exclusiva con el aporte del Estado.

De esa manera, el afiliado de ingresos bajos recibirá un mayor subsidio del Estado porque representará más en su pensión, frente a uno de ingresos altos que será un aporte pequeño en el total.

Esta pensión básica incrementaría en el tiempo solo con base en la inflación.

Y la pensión básica se complementará con un segundo componente, que es una pensión variable, que depende de los aportes que realice el afiliado, su expectativa de vida y otros factores bajo un sistema de reparto y solidario.

De esta manera, los jubilados de bajos ingresos podrán recibir una pensión igual o más alta que la que hoy reciben. Mientras tanto, aquellas personas de altos ingresos recibirán una pensión menor.

Un mal pagador

Bajo el esquema actual, el aporte del Estado al IESS ha ido incrementando a lo largo de los años y lo seguirá haciendo hasta volverse insostenible, según la comisión de reformas.

Ahora, el aporte del Estado representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Solo para cubrir el 40% de las pensiones que debe hacer el Estado para el pago de pensiones jubilares, el IESS espera USD 2.118 millones en 2023.

Pero debido al aumento de la esperanza de vida y del número de jubilados llegará a ser del 10% del PIB en los próximos 50 años.

A eso se suma que el Estado no ha pagado a tiempo su contribución o lo ha hecho de forma incompleta.

En 2015, el Gobierno de Rafael Correa eliminó ese aporte, mediante la Ley de Justicia Laboral aprobada en la Asamblea Nacional, con el voto mayoritario del entonces movimiento oficialista Alianza País.

La Corte Constitucional dispuso al Estado restituir la contribución estatal al IESS a partir de 2019. Por las decisiones correístas, según los datos del IESS, entre 2015 y 2018 el Fondo de Pensiones perdió USD 8.927 millones.

Además de esa interrupción en los pagos, hay una deuda histórica pendiente de pago del Estado por pensiones de USD 1.695 millones, según datos provisionales del Ministerio de Finanzas.

La comisión propone que la reforma establezca un plazo de seis meses para que el Ministerio de Finanzas y el IESS acuerden el monto definitivo de la deuda impaga y establezcan un plan de pagos.

Hay un límite

Frente a este panorama, la comisión plantea que el Estado contribuya con el aporte del 40% de pensiones hasta que la asignación alcance un 3% del PIB.

La abogada especializada en seguridad social, Patricia Borja, cree que la propuesta de la comisión es interesante por cuanto busca que la contribución sea más equitativa.

Y, en ese sentido, la propuesta atiende una de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque ahora el Estado financia el 40% de las pensiones de los jubilados de altos ingresos.

Pero advierte que una de las debilidades de la propuesta es que la pensión básica dependa del aporte del Estado, que no siempre ha estado al día, pese a que ahora, por Ley, debe cumplir con la contribución.

El coordinador de la comisión, Augusto de la Torre, explica que un atraso en el pago de la pensión bajo el nuevo modelo generaría protestas inmediatas de los jubilados, lo que llevaría al Estado a ser más disciplinado en los pagos.