Tres mineras grandes invertirán USD 172,5 millones en 2024 en alianza con la estatal Enami
La minera estatal Enami se alía con Barrick, Solaris y Hanrine, que prometen inversiones de USD 172,5 millones, aunque persistan presiones antimineras.
Imagen referencial de técnicos de Enami, abril de 2015.
Flickr Enami.
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La nueva gerencia de la Empresa Nacional Minera (Enami) comienza 2024 con un ambicioso plan, tras cerrar con cifras en rojo en 2023.
Lo dice Emmanuel Delaune, gerente de esta empresa pública, que reportó USD 5 millones en pérdidas en 2023.
Una de las principales estrategias es firmar acuerdos de inversión para exploración con mineras transnacionales, que están entre las más importantes del mundo:
La empresa pública ya firmó el 4 de abril de 2024 uno de los acuerdos con Hancock Prospecting PTY LTD (Australia), a través de su subsidiaria Hanrine Ecuadorian Exploration and Minning.
El acuerdo permitirá la exploración de 28.276 hectáreas, divididas en seis concesiones, ubicadas en Imbabura.
Y está previsto que en las próximas semanas se firme otro acuerdo con Solaris Resourses (Canadá), que realizará exploraciones en Morona Santiago.
Con estos dos acuerdos, las dos mineras invertirán USD 145 millones en exploraciones y pagarán a Enami un 1% como parte del convenio, explica Delaune.
Ya en noviembre de 2023, Enami firmó un acuerdo similar con la minera canadiense Barrick International, que se comprometió a invertir USD 27,5 millones en exploraciones en 40.000 hectáreas en el sur de Ecuador, y pagó USD 275.000 a Enami.
¿Pero cómo avanzarán esas exploraciones en un momento de tensión por la oposición del movimiento indígena y con un catastro minero cerrado para otorgar nuevas concesiones?
Delaune explica que se está preparando un recurso que, podría ser un acuerdo ministerial, que permitiría que la empresa, por ser una entidad pública, reciba nuevas concesiones, pese a que el catastro minero no está otorgándolas desde 2018.
¿Cómo inicia 2024 la Enami?
El mayor desafío es la falta de recursos, que nos ha afectado bastante en la parte operativa, porque no tenemos recursos fiscales, todo lo que nos ingresa es a través de la autogestión.
Por eso es importante implementar una visión empresarial, que está muy clara.
Tenemos que potenciar los "acuerdos comeriales" con empresas privadas, ya que no contamos con recursos suficientes para hacer exploración. Dos acuerdos ya los tenemos firmados y uno más está en proceso de firma.
Tenemos que potenciar los acuerdos con empresas privadas, no contamos con recursos suficientes.
Se trata de una nueva figura, que se creó a través de un reglamento emitido en 2023, que nos permite contratar a través de esos acuerdos comerciales a empresas para que realicen exploración en áreas mineras.
¿Qué empresas son las que realizarán las exploraciones y cuánto invertirán?
El acuerdo comercial que ya está firmado desde 2023 es con la minera Barrick International. Luego se firmó otro con la minera Hanrine y está en camino otro con la empresa Solaris Resources.
Con Barrick International, la inversión que se realizará en exploración es de USD 27,5 millones, con Hanrine son USD 120 millones y con Solaris Resources son USD 25 millones.
De esos montos de inversión, en el concurso público se estableció que un 1% se destine a las cuentas de Enami. En el caso del acuerdo con Barrick International, los recursos que le correspondían a Enami ya ingresaron en noviembre de 2023.
¿En qué áreas harán exploración las empresas si el catastro minero está cerrado y las concesiones de Enami tienen conflictos sociales y legales?
Por ahora estamos trabajando en una normativa que permita a Enami solicitar áreas, aun cuando el catastro está cerrado, siempre y cuando seamos nosotros los titulares de la concesión. Puede ser que esto se viabilice mediante un acuerdo ministerial.
Estamos trabajando en una normativa que permita a Enami solicitar áreas aun cuando el catastro está cerrado.
Partamos de lo que establece la Constitución, que establece que los recursos naturales son de propiedad del Estado y Enami, al ser empresa pública, también es propietaria de los recursos.
Y, además, Enami tiene lo que se conoce como derecho preferente o de primera opción sobre áreas nuevas, según la Ley de Minería.
Este derecho consiste en que si un peticionario solicita un área, el Ministerio de Energía consulta a Enami si queremos ejecutar nuestro derecho preferente en esa área. Si decidimos ejecutar, nos llegan esas áreas de manera preferencial.
Ahora estamos trabajando en esa normativa que mencioné, para tener acceso a ciertas áreas mineras a través de ese derecho preferente, para incentivar la atracción de nuevas inversiones.
En el caso de Barrick International y Solaris Resources, las áreas en las que se va a explorar todavía no están graficadas en el catastro minero, por eso se demorará más el trámite.
Y en el acuerdo con Hanrine, las áreas ya están graficadas, entonces será más rápido el proceso. Ya se ha solicitado la titularidad de esas áreas y están en trámite. Esperamos que la próxima semana nos otorgan esas concesiones.
¿Esos acuerdos serán suficientes para levantar a Enami tras cerrar 2023 con USD 5 millones de pérdidas?
Esas cifras son el resultado de un arrastre de varios años. Hubo una recomendación de Contraloría de dar de baja tres proyectos que teníamos como activos, por USD 3,9 millones.
Lo anterior porque no había ningún tipo de gestión en esos proyectos e incluso había problemas sociales y legales.
Eso se reflejó en la situación financiera como una pérdida, que sumado a lo que se arrastra de otros años, sumó USD 5 millones en 2023.
La visión que tenemos, además, de los acuerdos ya mencionados, es sanear el portafolio de las 27 concesiones que tenemos en 14 proyectos.
Actualmente todos los proyectos de Enami están con algún tipo de problema, social o legal.
Todos los proyectos de Enami están con algún tipo de problema, social o legal.
Una manera de destrabar eso es quizás hacer una cesión y transferencia de una parte de los proyectos que nos corresponden o del proyecto completo a otras empresas, si hay interesados. Esto nos permitirá tener algunos recursos adicionales para la empresa.
Otra estrategia es un plan de expansión a través de conseguir nuevas áreas. Eso pasa a través del derecho preferente que mencioné antes.
Como empresa pública, Enami puede tener acceso a ciertas áreas mineras revertidas u archivadas. Por ejemplo, si un concesionario devuelve la concesión, nosotros podemos incorporarlas a nuestro portafolio de proyectos y, dependiendo del caso, buscar nuevos acuerdos comerciales.
Y un último punto en la estrategia para crecer es encontrar financiamiento para tener una planta de beneficio propia.
¿Por qué invertir en una plante de beneficio si enfrentan el problema de falta de recursos?
Queremos hacerlo por dos razones. Creemos que esta planta es necesaria para procesar el mineral incautado por minería ilegal.
En este aspecto hay muchos problemas porque hay muchos intereses oscuros alrededor, además de una burocracia terrible que hace que el proceso sea muy complejo, nada ágil.
Esta planta es necesaria para procesar el mineral incautado por minería ilegal.
La idea es que sea más ágil el procesamiento del material incautado.
El segundo objetivo es ser como Enami en Chile, en donde procesan el material de la pequeña minería y de la minería artesanal y lo venden. Así se rompe el ciclo vicioso de la minería ilegal.
Además, al procesar el material de minería artesanal y de pequeña minería podemos dar solución a los problemas ambientales que pueden generar algunas de sus plantas de beneficio.
También queremos proponer un servicio de gestión de los relaves de manera integral.
Ya hemos tenido algunas muestras de interés de fuentes de financiamiento, será una inversión de USD 3 millones o USD 4 millones.
¿Por qué no se ha procesado y vendido el material incautado de minería ilegal desde 2021?
Dentro del procedimiento legal se establece que el Ministerio de Finanzas debe financiar el procesamiento de ese material.
Esto comienza en Fiscalía, para determinar el delito de minería ilegal y se solicita la intervención de la Agencia de Regulación y Control, que a su vez pide al Instituto de Investigación Geológico y Energético que determine el contenido del material.
Luego vuelve la Agencia para hacer una valoración económica, y con eso pedimos al Ministerio de Finanzas que nos dé los fondos para procesar el material.
Recién estoy ocupando este cargo, pero de lo que conozco, luego de ese último lote que se procesó en 2021, el Ministerio de Finanzas dijo que no tenía recursos para nuevos procesos.
El Ministerio de Finanzas dijo que no tenía recursos para nuevos procesos (de procesamiento de mineral ilegal incautado).
¿Cuál es la meta de ingresos que se ha planteado para 2024? ¿Se podrá revertir la tendencia de caída de años anteriores?
No puedo dar una cifra global. Por ejemplo, los ingresos que podríamos tener por cesión y transferencia de concesiones son datos que dependerán del concurso público que hagamos, de que los interesados propongan montos al alza.
Pero sí podemos proyectar los ingresos por los acuerdos comerciales:
De Hanrine tendríamos USD 1,2 millones y de Solaris Resources, USD 250.000.
De Hanrine tendríamos USD 1,2 millones y de Solaris Resources, USD 250.000.
Otros ingresos previstos este año serán unos USD 178.000 que esperamos de un proceso de remate de bienes que haremos en julio y por cobro de deudas también.
¿Las concesiones que tienen en la zona del Chocó Andino en qué estado están tras la consulta popular?
Tenemos dos concesiones en esa zona, en Pacto. Es importante aclarar que, pese a los resultados de la consulta popular, no son retroactivos los derechos que se han otorgado, y la ley es clara: el derecho minero es para explorar, explotar, refinar y comercializar.
Pese a los resultados de la consulta popular, no son retroactivos los derechos que se han otorgado.
No estoy de acuerdo con cómo actúan algunos grupos antimineros, porque tergiversan la información y le dicen a la gente que como ganó la consulta popular, no podemos seguir ahí, pero no es así.
Actualmente, de los acercamientos que tenemos en la parte social, el 50% de la gente está en contra y el 50% a favor.
En Pacto podemos hacer una cesión y transferencia a otra empresa. No podría decir todavía cuál es la valoración y cuáles son las ofertas que tenemos en este proyecto. Lo más seguro es que nos permitirá cubrir todos los déficit que hemos tenido, son montos mucho más altos.
Pero precisamente uno de los problemas en la valorización de un proyecto es que si ya se sabe que hay esos problemas sociales, se baja la valorización del proyecto.
Sin embargo, tenemos algunas muestras de interés de empresas que están dispuestas a asumir ese riesgo.
Son empresas que conocen la problemática, son inversionistas ecuatorianos y saben la manera de entrar con un modelo sustentable para las comunidades y el ambiente.
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