Disponen el embargo de 17 bienes del Banco Central tras fallo judicial
La abogada de los extrabajadores del Banco Central, que demandaron a la institución, asegura que el embargo de bienes no afectará las finanzas de la entidad.
Imagen referencial. El edificio del Banco Central del Ecuador (BCE) en el centro de Guayaquil.
Tomado de la CFN
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Un juez de la unidad judicial de Trabajo de Guayas dispuso el embargo de 17 bienes del Banco Central del Ecuador (BCE), la mayoría en Guayaquil y otros en Cuenca, el pasado 5 de mayo.
La medida ocurre con la finalidad de cumplir un fallo judicial, que en diciembre de 2022 ordenó el pago de USD 60 millones a 153 extrabajadores del BCE. Ellos fueron desvinculados en 2004.
Entre los bienes que deberán ser embargados constan el edificio del BCE en la avenida 9 de octubre, centro de Guayaquil, y un inmueble donde funciona el Archivo Histórico de la ciudad.
También hay bienes en Miraflores y hasta en Daule, cantón de Guayas.
Según la abogada de los trabajadores, Djalma Blum, el embargo no afectará a las finanzas del BCE, como alega la entidad.
"El BCE se quedó con más de USD 205 millones que pertenecían a los trabajadores, producto de sus aportaciones bimensuales a un fondo de pensiones privado que tenían", dijo Blum consultada por PRIMICIAS.
La abogada agregó que durante el gobierno de Correa se eliminó este fondo y el saldo en favor de los trabajadores.
Luego, los empleados fueron liquidados y muchos de ellos sin cobrar su jubilación, afirma la defensa. Solo 33 de los 157 trabajadores presentaron la demanda.
Pero, el BCE indica que los despidos ocurrieron en medio de una supresión de partidas, que contó con el pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado de la época.
Sobre la indemnización, la institución dice que esta no tiene precedentes y que es “una medida de enriquecimiento en desmedro de los recursos públicos”.
También ha sostenido que el fallo ha sido producto de un presunto "sorteo fraudulento", y que ha sido denunciado ante el Consejo de la Judicatura.
Por otra parte, Blum califica de grave que el BCE reconoció públicamente que pidió al registrador de la propiedad de Guayaquil, que no inscriban los embargos, los cuales, dice la abogada, "obedecen a una decisión judicial".
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