Bajo el acuerdo con el FMI, Ecuador pasará por siete evaluaciones

Subir a una página web de fácil acceso las declaraciones actualizadas de ingresos y bienes de los altos funcionarios del Estado y expandir la base de beneficiarios de los programas sociales del Estado están entre los hitos acordados por Ecuador con el FMI.

Ecuador ha recibido los primeros USD 2.000 millones de un programa de crédito de USD 6.500 millones a 27 meses con el FMI.

Para recibir los USD 4.500 millones restantes, el país debe pasar por siete evaluaciones de cumplimiento de metas.

Hasta diciembre de 2020, hay que cumplir cinco compromisos con el FMI para recibir otros USD 2.000 millones.

Entre ellos están que el Gobierno, junto con la Contraloría, pongan a disposición del público una página web con las declaraciones de patrimonio e ingresos de los altos funcionarios públicos y de las personas políticamente expuestas.

El objetivo es fortalecer la lucha anticorrupción y cumplir con estándares internacionales para prevenir el lavado de activos.

La primera revisión de metas se realizará el 15 de diciembre de 2020 y estos son los cinco compromisos estructurales para cumplir:

• Adoptar -hasta noviembre de 2020- un reglamento para la aplicación de las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, aprobadas en julio. Las enmiendas establecen por ejemplo, que el Gobierno debe bajar la deuda pública a un nivel cercano al 57% del PIB de aquí a 2025 y adoptar una estrategia fiscal para un mejor uso de los recursos del Estado por parte de las instituciones que reciben dinero del Presupuesto.
• La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera aprobará un capítulo para que un Comité de Auditoría externa realice una auditoría al Banco Central. La idea es mejorar los mecanismos de auditoría del banco y este compromiso debe completarse en noviembre.
• Hasta noviembre también, el Gobierno subirá a una página web las declaraciones actualizadas de activos de los altos funcionarios públicos y de las personas políticamente expuestas.
• El Gobierno mostrará al equipo del FMI un plan financiero del Presupuesto de 2021 hasta diciembre, con el objetivo de identificar de manera temprana posibles restricciones de liquidez.
• El Gobierno deberá promulgar -hasta diciembre de 2020- una ley anticorrupción en la Asamblea Nacional, esto para proteger las finanzas públicas.

La segunda revisión del Fondo será el 15 de abril de 2021. Si Ecuador cumple con dos compromisos recibirá otros USD 400 millones del programa de crédito.

El primero es reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero para que el Banco Central recupere su independencia frente al poder Ejecutivo. Meta que debe cumplirse hasta finales de enero de 2021.

Mientras que en febrero, el Gobierno presentará una estrategia de gestión de deuda pública a mediano plazo con apoyo del personal del FMI. El objetivo es medir costos y riesgos de las diferentes fuentes de financiamiento, aumentar la transparencia en las políticas de endeudamiento.

Pagar atrasos

En 2021 habrá dos revisiones técnicas más, en agosto y en diciembre, respectivamente, cuando ya haya asumido el nuevo presidente de Ecuador tras las elecciones de febrero próximo.

En esos meses, el país recibiría USD 1.100 millones de los 1.500 millones que se espera que el FMI desembolse el próximo año.

Y en 2021 hay seis compromisos para sacar adelante:

Hasta finales de abril de 2021, el Gobierno mostrará una estrategia para ponerse al día con los atrasos en los pagos que tiene con los servidores públicos y los proveedores de bienes y servicios.

La idea es que el Estado no siga acumulando atrasos.

Mejorar los datos

Ecuador también se ha comprometido a mejorar la calidad de las estadísticas fiscales, a través de una corrección de las estadísticas sobre los ingresos y gastos históricos del Sector Público no Financiero (SPNF) hasta mayo de 2021.

Mientras que hasta junio, el Gobierno Central tendrá que preparar una guía y un taller para mejorar la data fiscal de las diferentes instituciones que conforman el Sector Público No Financiero, como por ejemplo los Gobiernos Seccionales Autónomos Descentralizados o GADs.

Por otro lado, las partes acordaron que la Contraloría realizará auditorías a las entidades públicas sobre los gastos relacionados con la pandemia de Covid-19. Los resultados tendrán que hacerse públicos hasta finales de junio de 2021.

El objetivo del Fondo es que se mejore el control del gasto público.

Reforma tributaria clave

Ecuador acordó con el FMI una nueva reforma tributaria, que deberá aprobarse en la Asamblea hasta septiembre de 2021.

La reforma no solo está destinada a generar más ingresos para el Estado sino también a crear un sistema impositivo más eficiente.

Según el informe del FMI sobre el acuerdo con Ecuador, el incremento de la recaudación será equivalente a 2,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

La reforma más significativa tiene que ver con un incremento gradual en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 3 puntos porcentuales. Actualmente el IVA es del 12%.

En diciembre de 2021 será el momento de cumplir el último compromiso: Ecuador completará la actualización del registro social y ampliará la cobertura de asistencia social para al menos el 80% de las familias ubicadas en los tres deciles de la población con menos ingresos.

La ampliación de la cobertura comenzará este mismo año y, según cifras del FMI, el objetivo es pasar de 62.240 familias a 225.557 familias cubiertas con los programas de apoyo social entre septiembre y diciembre de 2020.

Según el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el aumento de la cobertura social significará un incremento del gasto de cerca de USD 1.000 millones, equivalentes al 1% del PIB.

En 2022 no están previstas revisiones técnicas ni compromisos, aunque Ecuador deberá seguir con los esfuerzos para la reducción del gasto público.

En ese año, el país recibiría USD 1.000 millones más del FMI siempre y cuando el acuerdo continúe en pie.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, dijo que el Fondo está dispuesto a realizar modificaciones al programa de crédito.

“Los programas se modifican, siempre que la lógica se sustente y los objetivos se mantengan, y sí, puede tener modificaciones para acomodarse a los planes del nuevo Gobierno”, concluyó Werner.

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