Ecuador consume 1,5 millones de bolsas plásticas al año
El proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que entra a primer debate en la Asamblea hoy, incluye una serie de enmiendas tributarias entre las que se encuentra un impuesto para desincentivar el uso de este tipo de empaques.
Imagen referencial de un establecimiento de comercio el 30 de octubre de 2019
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Una funda plástica, tipo 'camiseta', donde se guardan los alimentos en la tienda tiene un promedio de vida útil de 12 minutos.
En el mundo, cada año se utilizan 500.000 millones de estas bolsas y cuando se botan en la basura común, terminan en las corrientes de agua y causan la muerte de 100.000 mamíferos marinos.
Lo dice la organización sin fines de lucro Ocean Crusaders. Esta ONG concluyó que una alternativa para limitar el consumo de plásticos es introducir impuestos sobre las bolsas de un solo uso.
Por el momento, 18 países gravan con impuestos el uso de fundas plásticas. El más reciente en sumarse a la lista es Perú, a través de una Ley de Plástico.
Ecuador podría sumarse a este grupo si la Ley de Crecimiento Económico es aprobada por la Asamblea. El proyecto de ley incluye el cobro de un impuesto para gravar las fundas plásticas.
En la reforma consta un Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de USD 0,10 por bolsa plástica. La medida aplicaría solo a cadenas comerciales con dos locales o más, y están exentas las tiendas de barrio.
Para la implementación de este impuesto se prevé un periodo de transición de tres meses, después de aprobada la norma, que fue enviada al Legislativo con el carácter de urgente y debería ser tramitada hasta el 18 de noviembre.
Perú ya cobra el impuesto
Perú se acaba de sumar a la lista. Desde el 1 de agosto, cada peruano paga USD 0,09 por bolsa utilizada. La norma es progresiva y hasta 2023 el tributo irá subiendo hasta llegar a USD 0,15.
Mientras que otras 24 naciones vetan completamente estos productos en tiendas y supermercados, e imponen sanciones a quienes las utilizan.
¿Con un impuesto basta?
Según el Ministerio del Ambiente, más que una medida recaudatoria se trata de un mecanismo para desincentivar el uso de plásticos.
El ministerio estima que en Ecuador se utilizan 1,5 millones de bolsas plásticas cada año. El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudaría USD 22 millones al año de aprobarse el tributo.
Daniel Ortega, director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de la ESPOL, recuerda que en 2012 el Impuesto Redimible a las botellas plásticas causó resistencia entre los consumidores y sectores productivos.
Pero luego de siete años el país se acostumbró y ahora tiene uno de los niveles de recolección de botellas PET más altos de la región andina.
El académico explica que debe existir una corresponsabilidad entre los usuarios y las empresas con respecto a los desechos que se generan.
Por otro lado, la abogada Inés Manzano reconoce que gravar con USD 0,10 el uso de las bolsas de plástico es una medida válida, pero dice que la reforma no ataca el problema directamente.
"No se ha considerado la realidad del país, porque el 92% de las fundas se usan en tiendas de barrio, farmacias, autoservicios y panaderías y éstas no se gravarán", añade Manzano.
Mientras que el 8% restante del plástico se consume en los supermercados. En la propuesta, están exentas además las fundas que contengan como mínimo 50% de material reciclado.
"Los supermercados ya tienen fundas hasta con un 70% de componente reciclado, y está comprobado que la gente pide más bolsas por esta salvedad", indica Manzano.
Una ley de plástico
Francia, Dinamarca e Irlanda son naciones que han avanzado en la implementación de impuestos a las fundas plásticas, explica Manzano.
En Irlanda, desde la creación del impuesto, el consumo de bolsas se redujo en 90%. Para crear un efecto más amplio, Manzano propone regular todo el ciclo de vida del plástico, desde su fabricación hasta su disposición final.
Según la abogada, en la Asamblea hay un proyecto de Ley para la racionalización, reutilización y reciclaje de plástico. La propuesta ha sido discutida por varios actores sociales desde mayo de 2018.
Este proyecto tiene listo su informe para primer debate y prohíbe, entre otros puntos, el uso de fundas plásticas en áreas protegidas, ríos o playas.
También veta la importación de bolsas y de envases plásticos de un solo uso para consumo interno. Pero aún no hay una fecha de debate para esta ley.
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