Con decreto, el presidente Daniel Noboa oficializa la nueva marca país de Ecuador
La nueva marca país será utilizada para el posicionamiento de Ecuador a escala nacional e internacional. Este es su manual de uso.
El stand de Ecuador en la Fitur de Madrid, el 24 de enero de 2024.
EFE
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Con el Decreto Ejecutivo 299, el presidente Daniel Noboa oficializó la nueva marca país de Ecuador.
Con esta declaración, el Ejecutivo formalizó aspectos como que el Estado ecuatoriano es el titular exclusivo de los derechos de la nueva marca, además de expedir los lineamientos para su uso, de acuerdo con el manual correspondiente.
La nueva marca país fue seleccionada de tres propuestas que se dieron a conocer en octubre de 2023. La versión ganadora salió a relucir en la pasada Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
Significado de la nueva marca
El concepto elegido para la nueva marca país es 'Expandiendo nuestra luz'.
Según la información oficial, se busca manifestar una luz que se mantiene constante a lo largo del tiempo, "iluminando incluso los rincones más remotos de nuestra nación".
La frase que acompaña al diseño es “Brilla auténticamente”, conectando la idea de la luz y el resultado de esta en la manera de ser de los ecuatorianos.
Bajo ese criterio, el nuevo logo será utilizado para el posicionamiento de Ecuador a escala nacional e internacional.
Especialmente, en ámbitos prioritarios como la promoción del turismo, las exportaciones y la atracción de inversiones.
¿Cómo debe usarse la marca país?
Junto al Decreto 299, el Ejecutivo compartió el Manual de uso de la marca país.
En el documento, se detalla el proceso creativo para la construcción del logo, además de una guía de tonos y estilos.
Por ejemplo, se recomienda cómo ubicar la marca en fotografías de turismo o instituciones públicas.
De igual forma, se añade imágenes para mostrar posibles usos incorrectos del logo. También hay un apartado especial para el manejo en redes sociales y para el caso cobranding.
Por último, con la oficialización de la nueva marca país, las instituciones responsables de Ecuador deben ejecutar acciones de protección de derechos intelectuales.
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