"La distribución de productos está controlada por el crimen"
En entrevista con PRIMICIAS, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) habla sobre los retos a los que se enfrentan las empresas, como el crimen.
Imagen referencial de vehículos de transporte de productos en Ecuador, en octubre de 2022.
Comisión de Tránsito/Twitter
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El aumento de los niveles de inseguridad, por la presencia de bandas de crimen organizado, no solo le pasa factura al sector productivo de Esmeraldas, sino al de todo el país.
"Hay zonas del país en las que la distribución de productos está absolutamente controlada por el crimen organizado". Lo dice María Paz Jervis, quien asumió la Presidencia de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), desde el 3 de octubre de 2022.
Es la primera mujer en ejercer el cargo en 86 años que tiene el gremio.
En entrevista con PRIMICIAS, Jervis habla sobre el desempeño del sector productivo, la generación de empleo y los retos que enfrentan las empresas, como el crimen organizado.
¿Cuál es la proyección de la CIP sobre las ventas y las exportaciones en 2022?
Hay ventas que alcanzan niveles previos a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, 2018 y 2019 no son los mejores años para comparar, porque el país presentaba problemas económicos, fruto del despilfarro del correismo.
Entre enero y agosto de 2022, las ventas del sector privado totalizan USD 110.000 millones.
Vemos una recuperación más estable de las ventas después de la pandemia, pero todavía hay temas que influyen.
Entre ellos figuran la guerra entre Rusia y Ucrania, y el alza mundial de las tasas de interés, un desafío para el sector exportador, debido a la devaluación de las monedas.
En las múltiples causas también está la falta de inversión pública en construcción, en las últimas décadas.
Además, hubo eventos políticos, como el paro nacional de junio de 2022. Las empresas han pagado el costo del impacto de las manifestaciones hasta las primeras semanas de octubre.
Y también repercute el alza del riesgo país, por la inestabilidad política que tenemos, la falta de confianza en las instituciones y la poca relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Las ventas llegan a niveles previos a la pandemia, pero el empleo adecuado no. Solo tres de cada 10 ecuatorianos tiene un trabajo pleno. ¿Por qué?
En una reactivación económica, la recuperación del empleo siempre es un poco tardía. Pero también es el momento en el que debemos hablar, con seriedad, sobre la reforma al régimen laboral. Sin eso va a ser imposible que el empleo alcance niveles deseados.
Tenemos un régimen laboral absolutamente rígido, que no favorece la innovación. Es una de esas cosas escritas en piedra. Se puede hablar de todo, menos del régimen laboral.
Se puede hablar de todo, menos del régimen laboral.
Hay algunos líderes sindicales que se niegan a abrir un debate sobre el esquema laboral vigente, que preserva los derechos de muy pocos, frente a una inmensa mayoría.
Una de las mayores preocupaciones en el país debe ser la calidad del empleo.
¿Qué debería tratar la reforma laboral para generar empleos de calidad?
Hay que diseñar regulaciones dinámicas en función del mercado laboral. Eso nos obliga a adaptar los contratos laborales a las diferentes realidades de los sectores productivos y a las necesidades de los grupos de la población, como jóvenes y mujeres.
El trabajo no se impone a través de decretos, sino que se deben crear los incentivos adecuados y eliminar las barreras.
Por ejemplo, es necesario revisar los costos de terminación de los contratos laborales, de acuerdo con la realidad de la economía y de las empresas.
Además de la reforma laboral, ¿qué otros cambios necesita el sector productivo?
El proyecto de ley de Atracción de Inversiones. Para eso, el Ejecutivo llegó a acuerdos mínimos con la Asamblea Nacional para reinsertar la propuesta, que no es igual.
El Gobierno ha afianzado su discurso en la importancia de la inversión, nacional o extranjera, para impulsar la economía. Pero eso no se concreta. ¿Por qué el sector productivo no inyecta más recursos?
La respuesta es la inseguridad jurídica.
Ninguna ley, ningún decreto, ningún criterio técnico, puede solventar un marco de inestabilidad política que tiene unos costos elevadísimos en la percepción del país. Y eso se evidencia en el riesgo país (El riesgo país llegó a 1.534 puntos el 27 de octubre de 2022, ndlr).
La razón está en la incapacidad del Gobierno y del Legislativo para llegar a acuerdos, que respondan a los intereses nacionales. También por la amenaza y la posibilidad de nuevas protestas con características violentas.
¿Qué otros factores restringen el impulso del sector productivo?
La inseguridad, que nos acosa a todos.
El sector productivo lidia con los robos cotidianos y con las grandes extorsiones.
Hay zonas del país en las que la distribución de productos está absolutamente controlada por el crimen organizado.
El problema de seguridad es estructural, por eso necesita un plan de política pública a largo plazo.
Pero hay medidas concretas e inmediatas que deben ser atendidas de manera eficiente. La falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones nos pasa factura en la lucha contra la inseguridad.
La falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones nos pasa factura en la lucha contra la inseguridad.
¿En qué zonas el crimen organizado controla la distribución de productos?
En todo el país.
Las provincias de la región Costa registran mayor control, pero también ocurre en las provincias de la Sierra.
En Quito, el sur está más contaminado por los mecanismos de extorsión a los comerciantes.
El acoso a las pequeñas tiendas de barrio, a las ferreterías, al conductor de transporte pesado tiene repercusiones negativas también sobre las grandes empresas.
Con un escenario así, ¿qué impulsa al sector productivo a seguir adelante?
Construir el país. Por eso, hay grandes empresas que dan acompañamiento a pequeños negocios en temas como la lucha anticorrupción.
Una vez que logremos alcanzar ese tipo de compromisos en todo el sector empresarial y en toda la sociedad, los negocios serán más rentables.
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