'Megaley' ofrece subcontratar refinación y más concesiones petroleras

El proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades o 'megaley' plantea un escenario para que los nuevos campos petroleros, y los que están en producción bajo el control de la petrolera estatal Petroecuador, puedan ser concesionarse a inversionistas privados.

Y plantea las directrices para migrar a los contratos de participación en lugar de los actuales contratos de servicios, que fueron instaurados en 2010 durante el gobierno de Rafael Correa, que prácticamente nacionalizó las reservas petroleras.

Volver al modelo de contratos de participación en los que el Estado y la empresa privada comparten la producción de cada área en concesión requiere de una serie de reformas a la Ley de Hidrocarburos.

La 'megaley' recoge parte de las acciones del Decreto Ejecutivo 95, expedido por el presidente Guillermo Lasso para atraer inversiones al sector de hidrocarburos, con el objeto de duplicar la producción de petróleo de los actuales 471.876 barriles por día a un millón de barriles diarios para 2025.

Nuevos contratos

El proyecto de ley, en trámite en la Asamblea Nacional, propone que "de manera excepcional" el Gobierno podrá concesionar a empresas nacionales o extranjeras la exploración y explotación de nuevas áreas o las que están ya en producción.

Para ello, el Ministerio de Energía podrá celebrar contratos de participación, de prestación de servicios para exploración o explotación de hidrocarburos o recurrir otras formas contractuales.

El Gobierno propone la renegociación de los contratos de servicios para migrar al modelo de contratos de participación.

Actualmente, hay 34 contratos de servicios petroleros vigentes entre el Estado y las compañías privadas o extranjeras.

De ese total, el Ministerio de Energía tiene 12 contratos de prestación de servicios específicos con las siguientes empresas:

Mientras que la petrolera estatal Petroecuador tiene 22 contratos de servicios específicos con los consorcios de servicios petroleros:

Las diferencias

Pero ¿en qué se diferencian los dos contratos de participación con los de servicios?

En el contrato de participación, la compañía petrolera que está explorando y operando un área recibe una parte de la producción de crudo para compensar sus inversiones. Mientras que un porcentaje de esa producción lo toma el Estado.

En tanto que en el contrato de servicios petroleros el 100% del petróleo extraído es del Estado y la compañía recibe -por sus inversiones y su trabajo- una tarifa en dólares por cada barril extra producido.

La migración de los contratos petroleros a contratos de participación ocurrirá siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes contratantes, según el proyecto de ley.

El proyecto propone que el Estado debe mantener la renta petrolera de los bloques o áreas y que "los beneficios acumulados para el Estado no pueden ser menores que los que se obtenían" hasta antes de la modificación de los contratos.

Según el proyecto de ley, las compañías privadas interesadas en cambiar de contratos deberán presentar la solicitud para su análisis y aprobación ante el Ministerio de Energía.

En la migración de los contratos, la contratista deberá comprometerse a hacer inversiones adicionales y a efectuar mejoras económicas para el Estado.

Mientras el proyecto de ley es analizado en la Asamblea, el Ministerio de Energía continúa reformulando el modelo de contrato de participación.

Y también sigue acercándose a las compañías privadas para renegociar los contratos petroleros.

Apertura para combustibles

El proyecto de ley abre al Ministerio de Energía la opción de delegar a la iniciativa privada las actividades de importación, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles derivados del petróleo.

Tareas que hasta hacer poco eran monopolio de la petrolera estatal Petroecuador y que en la práctica siguen siéndolo.

Para atraer nuevas inversiones, el proyecto propone que las personas naturales o empresas que se dediquen a la importación de combustibles, derivados del petróleo, de biocombustibles y de gas natural sean exoneradas de tributos al comercio exterior.

Para las actividades de refinación también se abre camino a una posible subcontratación.

El proyecto plantea que el Gobierno pueda subcontratar, de manera directa, la refinación de hidrocarburos dentro y fuera de Ecuador, con empresas refinadoras internacionales.

Actualmente el proceso de refinación es monopolio de Petroecuador, que cuenta con tres plantas: Esmeraldas con 110.000 barriles diarios de capacidad; La Libertad, de 45.000 barriles diarios, y Shuhufindi, con una capacidad de refinación de 20.000 barriles por día.

La idea es que el Estado obtenga productos de calidad y que bajen los costos de los combustibles.

Si el proyecto de ley es aprobado, la normativa para la selección y la contratación de los refinadores internacionales será dictada por el Ministerio de Energía.

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