Fallo de la Corte Constitucional sobre bonos de Ecuador causa remezón en el mercado de valores
Inversionistas corren el riesgo de no poder cobrar USD 22 millones invertidos en bonos internos del Estado tras un fallo de la Corte Constitucional.
Imagen referencial del edificio del Banco Central de Ecuador, en Quito, diciembre de 2023.
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Una sentencia de la Corte Constitucional causa un remezón en el mercado de valores ecuatoriano, a raíz de la emisión de USD 22 millones en bonos del Estado, que corren el riesgo de no poder ser cobrados por los inversionistas.
Este nuevo episodio de incertidumbre en el mercado de valores se origina porque la Corte Constitucional dispuso al Ministerio de Finanzas que recupere USD 22 millones pagados por el Estado como parte de un litigio entablado por los hermanos José Fernando, Elías y Juan Bucaram Aivas. La sentencia es del el 18 de abril de 2024.
Este pago se dio a través de bonos del Estado, tras un largo pleito legal por tierras camaroneras en la isla Palo Santo (Guayas), que esta familia emprendió en contra del Ministerio de Agricultura en 2021.
¿El problema? Esos USD 22 millones fueron pagados a los hermanos Bucaram Aivas en diciembre de 2023 a través de bonos del Estado.
Y los hermanos Bucaram Aivas ya vendieron esos papeles a otros inversionistas a través del mercado de valores, según un oficio del Banco Central de Ecuador (BCE).
Lo anterior significa que los Bucaram Aivas ya recibieron el efectivo y se deshicieron de esos bonos.
Se trata de dos bonos, uno por USD 6,5 millones a un plazo de tres años y una tasa de interés de 6,1% anual y otro de USD 15,2 millones a un plazo de cinco años y 7,1% de interés anual.
¿Cómo recuperará Finanzas el dinero?
Los bonos del Estado son papeles muy apetecidos en el mercado bursátil, explica Gonzalo Cucalón, economista especialista en el mercado de valores.
Y añade que en las bolsas de valores hay inversionistas de todo tipo que los compran, como personas naturales, empresas, bancos privados y públicos, como el Biess.
El gerente del Banco Central de Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, explicó a PRIMICIAS que el Depósito Centralizado de Valores del BCE, que custodia los bonos, "se vió obligado a bloquear temporalmente los títulos".
Y aclaró que no es un embargo ni una anulación de los valores.
Avellán dijo que para evitar un perjuicio a los actuales tenedores de esos títulos, el BCE ha informado los detalles e implicaciones de este caso a la Corte Constitucional.
"También hemos solicitado una reunión, a fin de conocer la forma adecuada en que se deben cumplir de las medidas dispuestas en la sentencia de la Corte Constitucional", añadió Avellán.
Sin embargo, todavía quedan dudas. Por ejemplo, no se sabe si los inversionistas que compraron los bonos recibirán sus pagos de rendimientos y de capital.
PRIMICIAS pidió una versión al Ministerio de Finanzas, pero hasta las 18:00 del 14 de mayo de 2024, no hubo una respuesta.
Por su parte, la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) lamentó que el Depósito Centralizado del BCE haya ejecutado medidas cautelares para inmovilizar estos papeles.
"Se está afectando a los inversionistas de buena fe, que adquirieron los bonos en el mercado de valores con fecha anterior a la emisión de la sentencia de la Corte".
BVG
La Bolsa de Valores Quito (BVQ) también dijo que está en total desacuerdo con la medida adoptada por el Depósito Centralizado de Compensación del BCE. "Afecta la confianza en el mercado de valores, y atenta contra derechos de terceros que han actuado legítimamente", dijo la entidad.
¿Por qué Finanzas pagó con bonos?
Los bonos de deuda interna del Estado son emitidos, a través del Ministerio de Finanzas, a cambio de que inversionistas los compren y así le presten una suma de dinero por un plazo determinado.
A cambio, el Estado paga una tasa de interés o rendimiento al inversionista que compra el bono.
Pero el Estado también usa los bonos como dación de pago, cuando no tiene efectivo para pagar otras deudas, explica el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz.
Por ejemplo, los gobiernos locales y también proveedores han recibido estos papeles y los venden a inversionistas en las Bolsas de Valores, con un descuento. Ese fue el mecanismo que utilizó el Estado para pagar a los Bucaram Aivas.
¿Cómo afecta al mercado de valores?
Los bonos internos del Estado son uno de los principales instrumentos a través de los que el Gobierno Central se financiará en 2024, porque las fuentes de préstamos externos son limitadas.
El Ministerio de Finanzas proyectó que las necesidades de préstamos serán USD 10.992 millones en 2024. De ese monto, el 57% se conseguirá por emisión de bonos internos del Estado.
Por eso, esta situación es preocupante, pues genera una sensación de incertidumbre en el mercado bursátil e incluso merma la confianza de los inversionistas en el Estado, explica Ortiz.
La BVG dijo que la sentencia debe ejecutarse contra el beneficiario de la dación en pago y no contra los tenedores actuales, "quienes están teniendo graves perjuicios por la inmovilización de los valores".
La sentencia debe ejecutarse contra el beneficiario de la dación en pago y no contra los tenedores actuales, quienes están teniendo graves perjuicios.
BVG
Tierras camaroneras son el origen del problema
Los hermanos Bucaram Aivas presentaron en mayo de 2021 un recurso de habeas data en contra del Ministerio de Agricultura para que les den la titularidad de tierras en la Isla Palo Santo, pues aseguraban que le pertenecían a su padre, pero el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) las expropió en 1985.
Y, en menos de dos meses, en julio de 2021, una corte de Los Ríos les dio la razón. Así, la corte dispuso entregarles estas tierras a los Bucaram Aivas y suspender las concesiones a camaroneras que operan en el área.
Además, la corte obligó al Ministerio de Agricultura a indemnizar a los hermanos Bucaram Aivas con USD 22 millones.
De ahí que la Procuraduría y las nueve camaroneras que hoy operan en esas tierras interpusieron acciones de protección ante la Corte Constitucional, durante 2022.
El 18 de abril de 2024 un fallo de la Corte Constitucional finalmente le dio la razón a las camaroneras y a la Procuraduría, con lo que anuló lo dispuesto por esa corte local de Los Ríos a favor de los Bucaram Aivas.
De ahí que el Ministerio de Finanzas debe recuperar lo pagado a esa familia. La sentencia de la Corte Constitucional ordena que la recuperación de los valores se realice "de manera inmediata".
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