Asamblea evaluará aplicación de la Ley de Fomento Productivo de 2018
Una imagen referencial del Pleno de la Asamblea Nacional.
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En agosto de 2018 entró en vigencia la Ley para el Fomento Productivo. Se trató de una iniciativa legal del presidente Lenín Moreno bajo la etiqueta de “económico-urgente”.
Debido a esa categoría, la Asamblea solo tuvo 30 días para tramitar el proyecto. Lo más destacado de la norma fue una remisión tributaria de intereses e incentivos para la actividad empresarial.
Un año después de aquello, una subcomisión del Legislativo revisó el cumplimiento de la ley y su efectividad.
Ese documento estuvo listo en octubre del año pasado, pero recién este martes será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional.
El informe está firmado por los legisladores Fernando Burbano, Rubén Bustamante y Fernando Callejas. Ellos son miembros de la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo.
Objetivos no cumplidos
Pero, ¿qué dice el informe?
Destaca incumpliemto de objetivos: “la inversión efectiva durante el primer año de vigencia de la ley no ha cumplido la expectativa de USS 3.000 millones por año”.
Lo mismo ocurre con la generación de empleo. “Se puede señalar que no ha mejorado la calidad del empleo en el Ecuador”, reza el texto.
Como parte de la evaluación de la ley se escucharon a distintos actores económicos. A raíz de eso, la subcomisión concluye que sectores de la construcción, banano, cerveza y otros se quejaron por haberse quedado fuera del debate.
“Además, la academia nunca fue partícipe de los diálogos para la formulación de la normativa”, critica el reporte.
Los legisladores advierten “por parte de los administradores de la normativa legal, desconocimiento de sus objetivos, contenidos, instancias responsables y niveles de responsabilidad. Ello no contribuye a la eficacia de cumplimiento normativo”.
Problemas en el Ejecutivo
También achaca una falta de concordancia entre la urgencia de la ley y el tratamiento que le dio el Ejecutivo, porque el reglamento se expidió cuatro meses después de aprobada la norma.
“Se advierte una falta de coordinación al interior de la Función Ejecutiva para expedir, dentro de los plazos previstos en la ley, la normativa secundaria”, remarca el informe.
En cuanto a la remisión de intereses, en 2018 se recaudó USD 1.268 millones, de los cuales USD 1.101 millones se hicieron efectivos en ese año. La medida benefició a 350.000 contribuyentes, de los cuales 344.750 son pequeños y medianos.
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