Asamblea plantea que sueldo base para contribución no sea USD 500

La construcción del informe para primer debate del proyecto de Ley Humanitaria comenzó el 24 de abril de 2020 en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea.

La mesa legislativa hizo los primeros cambios a los textos al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, pues considera hay que "reestructurar" la propuesta que pasará al Pleno de la Asamblea.

Esteban Albornoz (AP), presidente de la comisión, sostuvo que hay inconstitucionalidades, sobre todo en el tema laboral, que deberán analizarse.

De momento, la comisión trabaja en los temas en los que ya hay acuerdos. Los legisladores iniciaron la redacción del informe para primer debate por el capítulo segundo de la propuesta, que habla de las "medidas solidarias para el bienestar social".

Dentro de este capítulo se encuentran los diferimientos de pagos, la rebaja de las pensiones de colegios y universidades, y la orden de no suspender los servicios básicos por falta de pago.

El primer acuerdo

La tabla de contribución humanitaria será una de las propuestas que más cambios sufra. El Ejecutivo plantea que los trabajadores en relación de dependencia, los funcionarios públicos y las personas naturales (profesionales que facturan) que ganen más de USD 500 al mes paguen una contribución progresiva y obligatoria durante nueve meses.

Sin embargo, entre los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico hay consenso en que la base salarial para el pago de esos aportes no debe ser de USD 500.

Los legisladores están de acuerdo con que las personas que contribuyan sean aquellas que ganan USD 1.000 o más al mes.

Homero Castanier (CREO) sugiere que la contribución sea para quienes ganen USD 1.500 o más, y Guillermo Celi (SUMA) propone que se cobre a quienes perciban salarios de USD 1.200 o mayores.

Albornoz señaló que hay que hacer un análisis de impacto de un cambio en la base salarial para que la recaudación esperada por el Gobierno no se vea fuertemente afectada.

Según el Servicio de Rentas Internas, USD 901 millones se recaudarían de los trabajadores y profesionales por la vía de esta contribución.

La base de ingresos para la recaudación de la contribución humanitaria se definirá en los próximos días.

Además está el aporte que tendrán que hacer los funcionarios públicos, fijado por el Ejecutivo en 10% de su salario.

Los asambleístas creen que los funcionarios públicos debieran aportar lo mismo que los trabajadores privados y no más.

La rebaja de pensiones 

El Ejecutivo proponía que las instituciones educativas privadas (guarderías, escuelas, colegios y universidades) bajen el valor de sus pensiones hasta en 20%. Pero para los legisladores, la rebaja debe ser obligatoria, aunque el porcentaje aún está en discusión.

Los asambleístas de la comisión están de acuerdo con que todas las instituciones privadas, incluso las universidades, reduzcan sus pensiones obligatoriamente.

Ahora analizan el porcentaje para que estas instituciones no salgan afectadas en su liquidez y terminen con problemas para pagar los salarios de sus maestros y profesores.

Hay varias propuestas de porcentaje de reducción obligatoria, que se analizarán los próximos días. Una opción es que la rebaja sea progresiva, y que las instituciones que cobran menos (se supone que sus alumnos pertenecen a quintiles de menos ingresos) hagan mayores rebajas.

La contraparte de la propuesta es que el Gobierno entregue "ayudas" a las instituciones que apliquen la reducción, de acuerdo con la propuesta original. En este caso, la compensación monetaria sería también obligatoria.

Suspensión del desahucio

El Ejecutivo planteó que, mientras dure la cuarentena y hasta dos meses después, no se podrá desalojar a arrendatarios de viviendas por no pagar arrendamiento. La propuesta es que los pagos se reprogramen y los arrendatarios solo cancelen el 20% del valor.

En este punto, la Asamblea hizo dos cambios en el texto. En primer lugar, la suspensión del desahucio se aplicará también para los arrendatarios de los locales comerciales, pues también las empresas están en problemas de liquidez.

En segundo lugar, los legisladores determinaron que la suspensión del pago de alquiler no se pueda aplicar cuando el arrendador pertenezca a un grupo de atención prioritaria (adulto mayor o persona discapacitada) y dependa de esa renta para su subsistencia.

En el caso de que el arrendador y el arrendatario pertenezcan a grupos de atención prioritaria, ambas partes deben llegar a un acuerdo.

No subir los servicios básicos

Los legisladores apoyan la iniciativa del Ejecutivo de que durante los seis meses después de la aprobación de la Ley no se puedan incrementar los valores de los servicios básicos, incluidos los de telecomunicaciones.

La propuesta es que los valores no pagados se difieran en los primeros meses de 2021 o para finales de 2020. Este plazo aún está en discusión.

Los legisladores también impulsan una iniciativa para rebajar la tarifa eléctrica para los hogares y las empresas. Este planteamiento se analizará en los próximos días.

Pólizas de salud 

El Ejecutivo propuso que las aseguradoras de salud y medicina prepagada no puedan suspender sus servicios si los afiliados presentan atrasos de hasta 60 días en los pagos.

En este punto, la Comsión decidió aumentar a 90 días ese plazo, pues la Ley de Seguros Médicos ya determina que las pólizas se pueden dar por terminadas solamente por impago de tres meses.

Extensión de la cobertura del IESS

La Presidencia sugiere que, hasta julio, la prestación de salud de la seguridad social se extienda por 60 días a las personas que han perdido su empleo durante la emergencia sanitaria.

La Comisión está de acuerdo con la propuesta, pero los asambleístas también sugieren un mayor acceso al fondo de cesantía en dos puntos:

• Las personas que pierdan su empleo podrían acceder a su fondo de cesantía en un tiempo menor a los 60 días establecidos en la ley.
• Las personas que no pierdan su empleo y sigan afiliadas podrían solicitar hasta el 10% de su fondo de cesantía hasta dos meses después de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, la Comisión espera la comparecencia de autoridades del IESS para analizar la viabilidad de las propuestas.

Con el tiempo justo

La Comisión de Desarrollo Económico sesionará el fin de semana para avanzar en la elaboración del informe para primer debate en el Pleno del proyecto de Ley Humanitaria, previsto para el 30 de abril. Los legisladores prevén terminar la redacción del texto el martes 28 de abril.

El análisis continuará con el capítulo 4 de la propuesta, que habla de las reformas laborales, uno de los temas que más polémica causa entre los asambleístas. El último tema a tratarse será el de la contribución voluntaria y la cuenta especial.

El Legislativo tiene 30 días para votar desde la llegada del proyecto, el 16 de abril. Si no alcanza a aprobar o archivar el proyecto, este pasará por el ministerio de la ley, es decir, se aprobará automáticamente y sin cambios.