Ajustes macroeconómicos, una tarea compleja para el Ejecutivo
Con un nuevo acuerdo con el FMI en el horizonte, el Gobierno debe resolver varios retos macroeconómicos como la reducción del déficit fiscal y la disminución del gasto corriente.
El presidente Guillermo Lasso y varios funcionarios del Gobierno, durante una reunión con los transportistas, el 14 de septiembre de 2021.
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El Gobierno enfrenta varios retos macroeconómicos en sus primeros 119 días de gestión y muchos de estos se cumplen a cuentagotas y con oposición de sectores sociales.
Entre los ajustes que debe hacer el Ejecutivo están:
- Reducir el déficit global a USD 4.812 millones en 2021.
- Mantener los decretos ejecutivos para reducir el subsidio a los combustibles pese a las presiones sociales.
- Incentivar las inversiones.
- Reducción de la deuda pública y del gasto corriente.
Pero la mayoría de estos ajustes aún no se concretan, y el Gobierno espera que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que llegaría los primeros días de octubre de 2021, le den más ingresos al Estado y una mayor actividad económica al país.
Ecuador prevé que los ingresos lleguen a los USD 18.838 millones en 2021. Pese a ello los gastos serán mayores (USD 23.650 millones), debido a las obligaciones para combatir la pandemia, como el plan de vacunación.
Otro reto importante del Gobierno es lograr la reducción de la deuda pública con relación al PIB, entre julio de 2021 y 2015.
FMI, una pieza clave
El secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, asegura que el acuerdo con el FMI marcará las nuevas metas macroeconómicas que deberá cumplir el Gobierno durante los próximos cuatro años.
"Es casi seguro que el FMI buscará que el país siga reduciendo el gasto (corriente) y aumentando los ingresos", dice Carrera, quien señala que, para lograrlo, el Gobierno necesita al menos, tres cosas:
- Atraer inversiones para reestructurar los sectores petrolero y minero.
- Facilitar las exportaciones con menos trabas burocráticas e impuestos.
- Rebajar aranceles para promover las importaciones.
La minería y la actividad petrolera, sin embargo, afrontan oposición de grupos ambientalistas y de comunidades indígenas. Por su parte, el Gobierno asegura que se puede hacer actividades extractivistas de manera responsable y con un mínimo impacto ecológico.
Por ahora, la producción de petróleo alcanza en promedio los 486.000 barriles por día, pero el reto del Gobierno es llegar a los 526.000 barriles diarios a inicios de 2022. Uno de los inconvenientes es que en las últimas semanas se ha registrado una declinación diaria de la producción de crudo.
En cambio, la minería se consolida. Entre enero y junio de 2021, el país registró exportaciones mineras por USD 705,5 millones, 185% más que en el mismo periodo de 2020.
Otro ajuste macroeconómico que tiene oposición de sindicales laborales y de transportistas es el sistema de bandas para ajustar los precios de los combustibles. El sistema fue implementado en julio de 2020, y Lasso prometió que mantendrá esa política.
Con esta banda, los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel varían de acuerdo al precio internacional del crudo. También es una medida para moderar paulatinamente el subsidio a los combustibles.
Por ejemplo, el Gobierno tiene la intención de gastar USD 1.041 millones en los subsidios a las gasolinas y al diésel en 2021. Hasta mayo, y pese a la banda de precios, el subsidio ya alcanzaba los USD 622,7 millones.
¿Y el gasto corriente?
En los dos últimos acuerdos con el FMI, el Gobierno se comprometió a reducir el peso de la masa salarial (gasto corriente) en el Gobierno, pero no cumplió.
Tanto Carrera, como el analista económico y catedrático universitario, Francisco Merino, consideran en que pese a "ser una medida antipopular", el Gobierno debe afrontar una reducción del gasto corriente.
Pero esta ha sido una cuenta que, en lugar de reducirse, se ha incrementado, y actualmente, el 80% del gasto total del Gobierno es corriente.
"Tomar esa decisión significa dejar sin empleo a miles de ecuatorianos, pero el reto está en que el sector privado impulse el empleo".
Francisco Merino
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