Acuerdo con indígenas cambia el panorama con el Fondo Monetario

El gobierno ha dado marcha atrás, al menos temporalmente, en su decisión de mantener el decreto 883, emitido el 1 de octubre, y con el que eliminaba los subsidios a gasolinas y diésel.

Según el Decreto Ejecutivo No 894, que deroga al decreto 883, la situación se mantendrá mientras el Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas elaboran un nuevo decreto para "focalizar" los subsidios a estos combustibles, que se usan especialmente para vehículos.

El nuevo escenario es el resultado del acuerdo al que llegaron el gobierno y las organizaciones indígenas Conaie, Feine y Fenocin el domingo 13 octubre.

El acuerdo se consiguió, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, tras 11 días de violentas manifestaciones y protestas en rechazo a la eliminación de los subsidios.

¿Qué dirá el FMI?

Pero este desenlace complica la situación de Ecuador de cara al programa de crédito que el país firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a comienzos de año, en medio de una situación fiscal compleja.

Ecuador esperaba que la eliminación de los subsidios a los combustibles le permitiría ahorrar unos USD 1.400 millones al año.

De estos, USD 370 millones iban a ser ahorrados al levantar el subsidio a la gasolina extra y otros USD 1.300 millones gracias a la eliminación del subsidio al diésel.

Junto con otras medidas de austeridad, el impacto fiscal del paquete económico iba a permitir al Estado conseguir ingresos por USD 2.502 millones en 2020.

Y ahorrar USD 484 millones por eficiencia en el gasto público.

El plan incluye una reforma que contiene enmiendas laborales y que debía ser enviada la Asamblea, pero que ahora deberá pasar antes por el filtro de la Corte Constitucional, según el pedido de los indígenas.

La medidas de esta propuesta de reforma incluyen una reducción de 20% en los salarios de los funcionarios del sector público sujetos a contratos ocasionales o a nombramientos provisionales, a la hora de renovar estos contratos.

Además, los empleados del sector público dejarían de tener 30 días de vacaciones y pasarían a tener 15, al igual que en el sector privado.

Los empleados de las empresas públicas tendrían que hacer una contribución mensual de un día de su salario. Esta medida afectará a unos 65.000 burócratas y provocaría un ahorro de entre USD 160 millones y USD 250 millones.

Por otro lado, el programa preveía una inversión por parte del Estado USD 713 millones en protección social, como la ampliación del Bono de Desarrollo Humano, y políticas de reactivación productiva.

¿Renunciará el gobierno a su paquete?

El Decreto Ejecutivo No. 894 consta de dos artículos que dan luces sobre si el gobierno renunciará a la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel de manera parcial o total.

El primer artículo deja sin efecto al decreto 883 y el segundo manda que se inicie de manera inmediata la elaboración del nuevo documento con la política de subsidios bajo tres condiciones:

• Que tenga un enfoque integral.
• Con criterios de racionalización, focalización y sectorialización.
• Y que precautele que el subsidio no beneficie a las personas de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles.

Deja abierto el camino para una política de focalización de los subsidios, es decir, de cobro del valor real de los combustibles a los sectores que tienen mayores ingresos y de compensaciones o subvenciones a la población más pobre y a los indígenas.

Lo que está en juego

El FMI y Ecuador firmaron un acuerdo de tres años en marzo de 2019, que incluye una línea de crédito de USD 4.200 millones.

De los cuales el Fondo ha desembolsado cerca de USD 900 millones y debe desembolsar otros USD 500 millones en lo que resta del año.

Los USD 500 millones serían entregados en dos tramos de USD 250 millones, uno a finales de octubre y el segundo a finales de año, esto si Ecuador cumple con las metas acordadas y pasa las revisiones.

Para ello Ecuador decidió recortar los subsidios a los combustibles como una vía para evitar un alza de impuestos como el IVA, lo que hubiera obligado al gobierno a enviar una reforma tributaria a una Asamblea en la que no tiene los votos garantizados.

En una movida arriesgada, la administración de Lenín Moreno optó por cortar camino y aplicó la medida más fuerte del ajuste, la eliminación de los subsidios, vía decreto presidencial, pero no contaba con que en el camino se iba a dar de frente contra la oposición férrea de los indígenas.