Corte Nacional de Justicia da sentencia sobre caso comuna Valdivia y empresa Marfragata S.A.
Washington Reyes, comunero de Valdivia, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia.
Eduardo Varas
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Afuera del edificio de la Corte Nacional de Justicia esperaba parte de la delegación de la Federación de Comunas de la Provincia de Santa Elena. Habían viajado casi 12 horas, con la idea de recibir lo que consideraban justicia. Y al parecer, por los gritos de triunfo, lo consiguieron.
En una audiencia que, de acuerdo a los presentes, duró menos de 10 minutos, el Tribunal de la sala de lo Civil y Mercantil, conformado por juezas Magaly Soledispa, Beatriz Suárez y María Rosa Merchán, declaró nulo lo actuado por la Corte Provincial de Santa Elena, que falló a favor de la compañía Marfragata S.A. ante una demanda de nulidad de escritura pública, que planteó la comunidad de Valdivia.
Leonel del Peso es el presidente de la Federación de Comunas y para él la lucha que llevan es más justa: “La Ley de Patrimonio Territorial del Estado, de 1927, dice que los comuneros y la gente nativa son los únicos dueños de los territorios. Por eso no puede venir otra empresa, que no es del lugar a apropiarse de 276 hectáreas y, lo peor, tirando al desastre el tema de Patrimonio Cultural”.
Este punto revela una dificultad adicional a la situación. Como sitio en el que se han localizado restos que dejan en evidencia la existencia de la cultura Valdivia, de hace más de 5.000 años. Considerados los más antiguos y mejor realizados de esa época en América, las 1.572 hectáreas de la comuna adquieren una importancia adicional.
Para los comuneros el valor patrimonial no puede ser obviado en este caso y el Colegio de Profesionales Arqueólogos del Ecuador coincide en lo mismo.
En un comunicado publicado en redes sociales, los arqueólogos aseguraron que “Valdivia representa una de las cunas de las civilizaciones por lo que su estudio es fundamental para comprender el pasado del Ecuador y el Nuevo Mundo”. Por eso exigen al Estado la protección a los contextos arqueológicos y a las comunidades que se encuentran en esos territorios.
“No entiendo la celebración de estos caballeros -dice Antonio Gómez, gerente de Marfragata- Yo solo quiero tener mi tierra tranquila. Siempre me he defendido y nunca he atacado”. Para los representantes de Marfragata, la decisión de la Corte lleva el reclamo de la comuna a foja cero.
Si bien hasta el momento de conversar con ellos no habían recibido la sentencia por escrito, para el abogado de la compañía, Oscar Ceballos, la situación es una sola: “Marfragata no se ha visto afectada por la decisión. En la sentencia expuesta de forma oral se aseguró que esta no era la manera idónea para que la comuna reclame derechos colectivos”.
“La propiedad privada de las hectáreas data de 1886 y desde entonces se ha ido vendiendo hasta que en 1990 la compré”, cuenta Gómez, para quien no hay manera de asumir que el terreno no sea de ellos.
Marfragata presenta documentos, títulos de propiedad -el gerente de la compañía afirma que incluso ganó una acción extraordinaria de protección- y tienen hasta la escritura de la comuna, en la que se lee una nota al margen que afirma que esas 276 hectáreas son de Marfragata, gracias a una providencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 1998.
Los comuneros, por su lado, no reconocen estos documentos y aseguran que no son reales.
La situación legal está lejos de resolverse, porque en tantos años de litigio -desde hace seis años se han generado denuncias- este no es el único problema. Hay una acción extraordinaria que debe resolverse en la Corte Constitucional y un juicio penal que ha recibido sentencia en contra de tres de los comuneros de Valdivia. Leonel del Peso resume la situación en el siguiente audio:
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