14 países de la OEA, incluyendo Ecuador, exigen a Nicolás Maduro que permita una transición pacífica en Venezuela
Un total de 14 países emitieron una declaración conjunta sobre la situación en Venezuela y rechazaron la posesión presidencial de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro (c) pronuncia un discurso durante un acto en Caracas (Venezuela) el viernes 10 de enero de 2025.
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EFE
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EFE/Redacción Primicias
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En una declaración conjunta difundida el 15 de enero de 2025, 14 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluyendo Estados Unidos y Ecuador, se pronunciaron sobre la situación en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro se proclamó presidente para un tercer mandato.
Los países rechazaron la posesión presidencial de Nicolás Maduro el pasado viernes 10 de enero, por "carecer de legitimidad democrática" y aludiendo la falta de "pruebas verificables de integridad electoral".
"Preocupados por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela", las delegaciones instaron a la comunidad internacional a "seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos", políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional" en Venezuela.
El documento fue emitido por las delegaciones de la OEA de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Citando los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, continúa la declaración, los países firmantes le exigen al "régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático" para dar paso a una "transición pacífica".
Estos 14 países, que en su totalidad desconocen el triunfo de Maduro -otorgado por el Concejo Nacional Electoral (CNE)- y reivindican la victoria en las elecciones del pasado 28 de julio del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exigen también al "régimen dictatorial venezolano" respeto de los derechos humanos y el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos "sin represalias".
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