Tras décadas de abusos y pederastia, el grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana se disuelve

El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), poderoso grupo ultraconservador peruano fundado por el laico Luis Fernando Figari en 1971, inspirado en la Falange Española, con rasgos de secta y que pretendía formar “soldados de Dios”, ya es historia. 

Después de 54 años de vida, el escándalo de numerosos casos de pederastia, abusos sexuales y de poder destapado por periodistas peruanos a partir de 2015 ha acabado con la organización: 

Por fin, tres meses después de que el Papa Francisco emitiera el decreto de supresión el 14 de enero de 2025, sus responsables también lo han firmado el lunes 14 de abril, según ha anunciado el Sodalicio en un comunicado.

Aunque la decisión ya era conocida y ahora simplemente se termina de ejecutar, es una medida de gran calado en el Vaticano, pues no es nada frecuente que un pontífice llegue al caso extremo de eliminar una orden. 

En casos anteriores similares, como el de los Legionarios de Cristo, se había salvado la organización tras hacer una limpieza de los culpables de abusos. Pero en este caso Francisco ha considerado que no había nada que salvar y que el Sodalicio estaba podrido desde la raíz.

“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión aprobada de manera específica por el Papa Francisco que pone fin a nuestra sociedad”.

Sodalicio de Vida Cristiana

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“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas, les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, prosigue el comunicado. 

El Sodalicio ha admitido al menos 83 víctimas de abusos desde 1971 y asegura haber pagado ya USD 5,3 millones en indemnizaciones, aunque según los periodistas peruanos que han investigado el caso, Paola Ugaz y Pedro Salinas, puede superar el centenar.

De este modo, el Sodalicio ha cumplido el último trámite que quedaba para completar legalmente el proceso y al que se había resistido durante las últimas semanas. Según había denunciado un grupo de víctimas, trataban de ganar tiempo para ocultar parte de su patrimonio antes del fin de la entidad. 

De hecho, el objetivo del comisario apostólico nombrado por el Papa, el sacerdote español Jordi Bertomeu, es liquidar los bienes de la entidad para recabar la mayor suma posible de dinero para indemnizar a las víctimas.

El Sodalicio era algo más que un grupo religioso, sobre él se había levantado un imperio empresarial calculado en USD 1.000 millones, con intereses en los sectores inmobiliarios, mineros, agrícolas y educativo, entre otros. 

Comenzaron sus negocios con nueve cementerios privados de lujo a partir de 2000, que gestionaron como “misiones” libres de impuestos gracias a una interpretación forzada de las reglas, avalada por dos juristas canónicos, el español Luis Martínez Sistach, luego cardenal y arzobispo de Barcelona, y el italiano Gianfranco Ghirlanda, ahora cardenal.

El Sodalicio actualmente es investigado en la Fiscalía peruana por blanqueo de dinero y delitos tributarios, tras las revelaciones de la prensa que indicaron la formación de empresas en paraísos fiscales de Panamá, Islas Vírgenes y Estados Unidos. De hecho su sede en este momento está en Denver.

Como otros movimientos eclesiales ultraconservadores, creció amparado por Juan Pablo II, que les dio su aprobación en 1997 como sociedad de vida apostólica laical de derecho pontificio. Ocurría en el contexto del choque ideológico de la Guerra Fría y para contrastar en Latinoamérica la llamada Teología de la Liberación. 

Con fuertes conexiones políticas, se hizo influyente entre las clases altas peruanas, se extendió por varios países de Latinoamérica y llegó a tener 20.000 miembros, también con dos ramas femeninas.

Sin embargo, ocultaba una realidad infernal, de forma similar a lo que ocurrió en otro de esos movimientos, los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel, un depredador sexual. En este caso el gurú carismático del Sodalicio era un laico, Luis Fernando Figari, que ahora tiene 77 años y luego fue acusado de pederastia y de abusos sexuales y psicológicos:

Sodomizaba a los reclutas que querían entrar en la organización. También fueron acusados otros dirigentes del círculo de confianza de Figari.

Las primeras denuncias, hace 25 años

Las primeras denuncias internas de abusos surgieron ya en 2000 y en 2011 varias víctimas acudieron a denunciar al arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, sin obtener ninguna respuesta. El propio Cipriani fue luego apartado de su cargo en 2019 por Francisco tras recibir una denuncia de abusos, algo que solo salió a la luz el pasado mes de enero, según desveló EL PAÍS.

El escándalo estalló definitivamente en 2015, con la publicación del libro de investigación 'Mitad monjes, mitad soldados', de los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, que revelaba abusos sexuales, humillaciones y control psicológico. Ambos reporteros han sufrido estos 10 años acoso mediático y judicial, pero el tiempo les ha dado la razón. 

El Vaticano tardó en reaccionar. En 2012 Figari fue apartado de la vida pública y en 2015, enviado a residir en Roma. Solo en 2018 el Vaticano decidió comisariar el Sodalicio, tras “conocer la gravedad de las informaciones acerca del régimen interno, la formación y la gestión económica-financiera”, según resume este lunes el portal informativo de la Santa Sede, Vatican News.

Aún así, como en otros casos de pederastia y abusos, la situación solo cambió realmente cuando el Papa conoció de primera mano la información, tras varios encuentros en persona con los periodistas Ugaz y Salinas en 2022. En el verano de 2023 Francisco por fin intervino. 

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Envió a Perú dos investigadores de confianza, el maltés Charles J. Scicluna y el español Jordi Bertomeu, que ya habían sacado a la luz la verdad de los abusos en Chile, un escándalo que llevó al Pontífice a obligar a dimitir a toda la cúpula de obispos del país en 2018. La investigación confirmó las acusaciones y comenzaron a rodar cabezas.

Figari fue expulsado de la entidad en agosto de 2024 y luego se sucedieron 12 destituciones más de dirigentes, entre ellos un obispo, José Antonio Eguren, de la diócesis de Piura. En la fase final, el propio investigador vaticano, Jordi Bertomeu, ha sido objeto durante meses de una campaña de desprestigio con denuncias y ataques en medios de la prensa ultraconservadora, el último intento de evitar la sentencia definitiva.

Contenido publicado el 14 de abril de 2025 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.