La organización Human Rights Watch en desacuerdo con los gobiernos de Lula, Petro y López Obrador
Para el organismo internacional, sería una "burla" que las elecciones en Venezuela se repitan y que se han documentado "graves violaciones a los derechos humanos" bajo Maduro para considerar una amnistía.
Ciudadanos venezolanos en Costa Rica protestan el 17 de agosto de 2024 en rechazo a los resultados proclamados por el CNE sobre las elecciones del 28 de julio.
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Jeffrey Arguedas / EFE
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EFE / Redacción Primicias
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La organización Human Rights Watch (HRW) se dirigió este martes a los presidentes de Brasil, Colombia y México para señalar que repetir las elecciones presidenciales en Venezuela sería una "burla" y conceder una amnistía general "violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades".
Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, afirma en su carta al brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, que a la organización defensora de los derechos humanos le "preocupan" tres propuestas concretas hechas por ellos para resolver la crisis venezolana.
Tras subrayar que una negociación "creíble" entre todas las partes implicadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela, HRW discrepa con las propuestas de Lula, Petro y López Obrador de repetir las elecciones, confiar en el Tribunal Supremo venezolano y conceder una amnistía general.
HRW menciona también en la carta "la represión gubernamental" que siguió al anuncio de resultados electorales por parte del CNE y dice haber recibido "informes creíbles" de 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, muertos en el contexto de las protestas.
Además señalan una "oleada de detenciones arbitrarias" que ha afectado a unos dos millares de personas, incluidos menores y discapacitados.
En ese "alarmante contexto" HRW valora positivamente "los esfuerzos de los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país".
Sin embargo, discrepa con la propuesta del gobierno de Brasil, secundada por Colombia, de celebrar nuevas elecciones para salir de la crisis.
"Una premisa básica de cualquier elección es que debe reflejar la voluntad expresada por el pueblo y dar lugar a la transferencia pacífica del poder al candidato o candidatos vencedores de acuerdo con fórmulas preestablecidas. Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico", dice HRW.
No obstante, agrega la carta, "coincidimos con sus gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos".
Sobre la defensa de la "vía institucional” para resolver las disputas sobre el resultado electoral hecha por Lula, Petro y López Obrador, HRW elogia que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el 22 de agosto la victoria de Maduro, los tres presidentes destinarios de la carta optaron por no dar su reconocimiento hasta que no se difundan las actas desglosadas por mesa de votación, como exige el fallo del alto tribunal.
"Instamos a sus gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial", subraya.
En cuanto a la propuesta de una “amnistía general”, HRW señala que "en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales" y recuerdan que la Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado "graves violaciones de derechos humanos en el país".
"Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios", concluye HRW.
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