Más de 1.000 niños condenados a prisión en El Salvador en la era Bukele, alerta HRW
En El Salvador de Nayib Bukele, Humans Rights Watch (HRW) reconoció que se ha disminuido la violencia de las pandillas en ese país, pero "a un costo humano muy alto".
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, en la presentación de un informe El Salvador, el martes 16 de julio en San Salvador
- Foto
Rodrigo Sura/EFE
Autor:
Agencias / Redacción Primicias
Actualizada:
Compartir:
Más de 3.000 menores de edad se encuentran detenidos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, afirmó este 16 de julio la organización Human Rights Watch (HRW), que denunció "malos tratos", "detenciones indiscriminadas" y casos de tortura en el país.
En un informe titulado "Su hijo no existe aquí", la organización documentó casos de violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias para combatir a las pandillas.
"Los datos que tenemos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, es que 3.319 niños y niñas fueron detenidos", dijo la directora de las América de HRW, Juanita Goebertus, al presentar el informe en San Salvador.
Niños en prisión
El documento da cuenta de numerosas redadas de la policía y el ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80.000 detenidos, incluidos los menores.
El informe dice que más de 1.000 niños han sido condenados, con penas que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos "por cargos definidos de forma excesivamente amplia [...] y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados".
"Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a los derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno" del presidente Nayib Bukele, aseguró Goebertus.
En "régimen de excepción" desde 2022
Bukele lanzó en marzo de 2022 una "guerra" contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas.
"El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos", afirmó Goebertus, quien aseguró que "no es cierto que el pueblo salvadoreño tenga que escoger entre seguridad o derechos humanos".
"Permitir que se violen derechos humanos, supuestamente para proteger la seguridad, empieza rápidamente a erosionar de tal manera el estado de derecho y la democracia que luego no quedan derechos para proteger a los ciudadanos", expresó.
"Un costo humano muy alto"
Por su parte, el subdirector para las Américas de HRW, Juan Pappier, reconoció que "la violencia por parte de las pandillas ha disminuido" pero matizó al decir que "no podemos saber con exactitud cuál ha sido la disminución debido a la falta de transparencia y debido a reportes de manipulación de cifras en la tasa de homicidios.
Pappier hablo sobre una deuda "histórica" con los niños y adolescentes salvadoreños, quienes "han sido afectados por el abandono y por la violencia de las maras que han cometido todo tipo de atrocidades en contra de los menores".
Además, comentó que si bien la violencia ha disminuido, esto "ha ocurrido a un costo humano muy alto y completamente injustificado".
Hasta el momento, el Gobierno de Nayib Bukele no se ha pronunciado respecto al informe de la HRW.
Compartir: