Daniel Ortega cierra 1.500 organizaciones civiles e incauta sus bienes en Nicaragua

El régimen de Nicaragua anunció este lunes, 19 de agosto de 2024, la clausura de 1.500 organizaciones no gubernamentales, la mayoría religiosas, como parte, según opositores, de una nueva arremetida contra grupos de la sociedad civil que considera hostiles al presidente Daniel Ortega.

Este cierre masivo, sin precedentes en Nicaragua, eleva a más de 5.100 las organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas en su contra de 2018, y ocurre tres días después del anuncio de nuevas normas que obligan a las ONG a trabajar en alianza con el Estado.

Según una decisión del Ministerio del Interior, publicada en el diario oficial La Gaceta, las 1.500 organizaciones sin fines de lucro incumplieron sus obligaciones, pues "no reportaron por periodos de entre 01 hasta 35 años sus estados financieros".

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En la lista de entidades cuya "personalidad jurídica y registro" fueron cancelados, y cuyos bienes serán confiscados, figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados; también clubes rotarios y de ajedrez.

También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80.

El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra la oenegés tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.

Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, sostiene que las oenegés y sobre todo la Iglesia Católica apoyaron esas protestas, que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

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"La mesa limpia"

El pasado viernes, el gobierno dictó una polémica normativa que obliga a las organizaciones no gubernamentales a trabajar únicamente en "alianzas de asociación" con entidades estatales.

Esa medida fue anunciada un día después de que Venezuela, un aliado de Managua, aprobara una ley sobre oenegés que, según activistas de derechos humanos, "profundizará la persecución" de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.

Medios opositores nicaragüenses editados en el exilio criticaron la nueva norma que regula en Nicaragua la labor de las oenegés.

El gobierno impuso a las oenegés de Nicaragua un "nuevo modelo de operatividad", que les arrebata la autonomía de sus proyectos, y pretende controlar los recursos que éstas reciben, según analistas.

Amaru Ruiz, ambientalista y exdirector de la cancelada Fundación del Río, ahora en el exilio, calificó el cierre masivo como una "barrida" contra la sociedad civil. "Quieren mantener no solo controlada la vida orgánica de las organizaciones, ahora quieren estar sobre los recursos que gestionan", agregó.

"Deja la mesa limpia completamente, elimina prácticamente todas las oenegés del país. Más de 5.100 en lo que va de la crisis (2018). Esto obedece a un mayor control (...) Otro zarpazo a la sociedad civil", dijo en su cuenta de X Juan Sebastián Chamorro, exprecandidato presidencial nicaragüense, exiliado en Estados Unidos.

Religiosos encarcelados y exiliados

Acusándolos de traición a la patria, en 2023 el gobierno excarceló, expulsó del país y despojó de nacionalidad y bienes a 316 políticos -entre ellos Chamorro-, periodistas, intelectuales y activistas críticos.

El gobierno de Ortega, que enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea que lo acusan de medidas autoritarias, también ha cerrado radios y universidades católicas.

A fines de 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y luego enviados al Vaticano. Este mes estuvieron detenidos una quincena de sacerdotes, la mayoría también expulsados a Roma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó la semana pasada al gobierno a cesar "la represión generalizada y la persecución religiosa en el país", y denunció que siguen en "detención arbitraria" al menos 141 personas.