Transportistas de Río Amazonas protestan en la ATM y denuncian trato desigual: “Es algo personal y discriminatorio”

Decenas de socios y conductores de la cooperativa de transporte urbano Río Amazonas acudieron este jueves 9 de enero de 2025 a las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Los Ceibos, en Guayaquil, para protestar por la suspensión de sus operaciones.

Ellos calificaron como una retaliación y un acto de discriminación la salida de operaciones de la cooperativa oficializada por la ATM, luego de que el dirigente de la cooperativa liderará el paro de transporte público en septiembre de 2024.

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Patricia Montero, propietaria de un bus de la línea 54 y socia de la cooperativa, manifestó que la decisión ha afectado económicamente a más de 200 familias, incluyendo choferes y dueños de 82 vehículos.

“Estamos con deudas, y esta paralización nos afecta. Los choferes no pueden trabajar, tienen sus familias que alimentar”.

Patricia Montero, socia de la cooperativa Río Amazonas. 

Los transportistas y su abogado señalan que la suspensión de las líneas 54, 73 y 118 es un acto de represalia dirigido contra Christian Sarmiento, gerente de la cooperativa y presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug).

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Según Montero, otras 30 cooperativas que tampoco cumplieron con la renovación de documentos recibieron una prórroga de seis meses, mientras que a Río Amazonas se le negó la misma oportunidad.

“Esto es algo personal contra Sarmiento. Se nota que hay un trato diferente. A otras cooperativas, con los mismos problemas, les dieron plazo y a nosotros no”, sostuvo.

Impacto en los usuarios y rutas afectadas

La suspensión de las rutas de Río Amazonas ha dejado sin servicio a sectores como Puente Lucía, en una ruta que llega hasta el suroeste de la ciudad. 

Montero subrayó que otras rutas alternativas, como las señaladas por el Municipio de Guayaquil tras la suspensión de permisos de inicios de año, no cubren los mismos recorridos.

“Los usuarios se ven perjudicados porque no hay coincidencia en los trayectos”, explican los transportistas.

ATM señala incumplimiento

Fernando Cornejo, director ejecutivo del Municipio, explicó en días pasados que la decisión no obedece a represalias. Aseguró que la cooperativa tuvo tiempo suficiente para completar los trámites de renovación. 

“Se les dio una prórroga que expiró el 27 de diciembre, pero no ingresaron ningún documento técnico ni legal para operar”, declaró, dejando abierta la posibilidad de un nuevo contrato bajo condiciones actualizadas. Los socios de la cooperativa piden diálogo con el Municipio para reanudar sus operaciones.

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Joselito Argüello, representante de los conductores afectados por la suspensión de la cooperativa Río Amazonas, expresó su preocupación por el impacto económico y social que ha provocado la medida entre 45.000 usuarios del servicio, dijo. 

Afirmó que la suspensión es una retaliación política vinculada a la participación de la cooperativa en el paro de transporte de 2024, y denunció que otras cooperativas en situaciones similares recibieron prórrogas de seis meses para regularizar su documentación. "Se viola el principio de igualdad legal", dijo.

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Argüello solicitó al Municipio reconsiderar la decisión para permitir la continuidad del servicio y preservar el sustento de cientos de familias. Los transportistas tenían prevista una reunión a las 10:00 con dirigentes de la ATM, pero luego la cita se postergó para las 11:00. 

Pero en principio se impedía el ingreso del abogado de los socios. Argüello no descartó iniciar acciones legales por la vulneración de derechos de los transportistas.

"Esto es parte de una retaliación política impulsada por el alcalde Aquiles Álvarez, que en septiembre pasado dijo de forma pública que no renovaría el contrato a la cooperativa de Sarmiento. Pero esta no es una cooperativa de un dirigente, sino de más de 89 socios y 120 conductores y personal administrativo", dijo.

Además, vinculó "la represalia" a la negativa de los transportistas de aceptar el sistema de cobro con la tarjeta La Guayaca, cuyo contrato considera irregular y perjudicial para los ciudadanos, dado que una empresa privada (consorcio STG) manejaría decenas de millones de dólares anuales en tarifas por el cobro electrónico de los pasajes.

Argüello insistió en que, si no se alcanza una solución mediante el diálogo, acudirán a instancias judiciales para defender el derecho al trabajo y a un transporte asequible.

Según el abogado, la salida de servicio de las tres líneas de transporte público obliga a los usuarios a tomar hasta tres y cuatro buses para cumplir el mismo trayecto.