Paro de transporte: Usuarios esperan hasta dos horas por una unidad en medio de un nuevo pulso por el pasaje

El plan de contingencia del Municipio de Guayaquil para mitigar la paralización parcial del transporte público en la ciudad resultó insuficiente para atender a cientos de usuarios que esperaron durante horas por un bus o que, simplemente, no pudieron movilizarse. 

La suspensión del servicio de 44 cooperativas de transporte urbano (de 58 existentes) este lunes 9 de septiembre generó retrasos, incremento en los tiempos de viaje y aumento del costo del pasaje a una media de USD 1 por traslado en furgoneta (cuando el valor del bus es de USD 0,30).

Las furgonetas que prestaron el servicio en reemplazo de unas 1.900 unidades de buses faltantes cobraron hasta USD 1,50 por trayecto. Y los usuarios que salieron con el dinero justo del pasaje carecieron de opciones reales para movilizarse.

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Rosa Sánchez, de 53 años, esperó por más de dos horas una unidad de la línea 54 de buses en la vía Perimetral, al noroeste de Guayaquil, sin poder movilizarse. Ella y una compañera se dirigían a Urdesa (norte) a trabajar y hasta las 9:30 no conseguían bus.

“Vamos a la avenida Las Aguas, pero las furgonetas nos están cobrando USD 1,50 a cada una por llevarnos y no nos alcanza. Mucho menos tenemos para pagar un taxi. Y si conseguimos llegar al trabajo, ¿cómo regresamos a casa?”, reclamó.

Javier, de 18 años, tenía el mismo dilema tras una hora y media esperando por una unidad de transporte en el sector de la Entrada de la 8, al noroeste. Él esperaba por un bus de la línea 4 y aunque vio pasar cuatro buses iban tan llenos que no se detuvieron por más pasajeros.

Ordoñez se dirigía al Suburbio (suroeste) a trabajar en una mecánica. “Estoy pensando en llamar al trabajo para decirles que no voy a poder ir hoy”, dijo.

“Esto es un sálvese quien pueda”

Los usuarios quedaron en medio de posturas intransigentes. La Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug) anunció la suspensión indefinida del servicio y pidió acceder a una nueva tarifa de USD 0,45 (aprobada en mayo), pero con su propio nuevo sistema de recaudo tecnológico.

Mientras, la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, conocida como Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), se niega a suspender un “contrato heredado” de la administración anterior.

La piedra de toque es el consorcio de recaudo STG, que implementa el sistema de cobro con tarjeta única La Guayaca en la ciudad, empezando por la Metrovía, al cual acusan los transportistas de imponer condiciones desfavorables pues se llevaran “unos USD 67.500 diarios de la recaudación de los buses”.

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Cerca del mediodía, Henry Vélez (51) llevaba más de una hora esperando por un bus de la línea 63 en la avenida Francisco de Orellana (centro-norte), para trasladarse a Pascuales (en el norte de la ciudad). Solo tres de decenas de cooperativas que circulan por el lugar estaban operando.

“No es posible que no se haya regulado el precio del pasaje que están cobrando las furgonetas (hasta USD 1,50). El plan de contingencia del Municipio es el sálvese quien pueda”, dijo Vélez. Él evaluaba caminar 15 kilómetros de distancia hasta su casa.

“Sanciones impiden regresar a operar”

En rueda de prensa, Manuel Salvatierra, gerente de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), aseguró que el municipio no cuenta con alternativas para reforzar su plan de contingencia y garantizar la movilización durante la noche del lunes 9 de septiembre y la mañana del martes 10.

Es decir, prevén seguir enfrentando la crisis de la misma forma que este lunes: con 900 buses y 23 unidades adicionales del sistema Metrovía (el servicio de taxis y un horario extendido en la Aerovía) .

En mayo de 2021, durante una paralización similar, también por un pedido del alza del pasaje, el Municipio autorizó a 2.500 unidades de expresos escolares para cubrir rutas de buses urbanos.

Pero consultado por esa posibilidad, Salvatierra dijo que se están centrando en garantizar que los buses que siguen operando pueden circular con seguridad, sin temor a pinchaduras de llantas.

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Entre las cooperativas que han continuado trabajando están Samanes, Inti Rumiñahui, Florida Norte, Atahualpa, Pascuales, Estrella de Octubre, Línea 8, Saucinc, Orsagua, Nueve Unión G9 y Albosau, dijo.

Además, se abrieron 19 procesos sancionatorios a operadoras, lo que establece una sanción de ocho salarios básicos unificados (USD 3.200). Y hay dos personas detenidas por pinchar neumáticos de los buses que continuaron operando.

Christian Sarmiento, presidente de la Fetug, sostuvo que las sanciones a las operadoras no hacen más que agravar el problema porque le impiden a las cooperativas regresar a operar. “Con esas sanciones el que estará impidiendo la prestación del servicio será el ente regulador”, dijo.

Los transportistas insisten en que los asiste el derecho a la resistencia y a contar con condiciones justas de trabajo. Sarmiento dijo que responderán a las sanciones administrativas y a las acciones jurídicas a través de la defensa legal del gremio.