Multinacional reclama por supuestas irregularidades en contrato para planta de agua en La Puntilla, Samborondón
La empresa española Acciona Agua S.A. denunció “inseguridad jurídica y desigualdad entre los oferentes”, pues asegura que fue descalificada por un error ‘subsanable’. La empresa ganadora ofreció el precio más alto, casi USD 4 millones más. Municipio dice que el proceso aún está en curso.

Vista panorámica de La Puntilla, parte del cantón Samborondón.
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Municipio de Samborondón
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La empresa multinacional Acciona Agua S.A. reclamó por su descalificación de la licitación del contrato para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para la Puntilla, Samborondón, valorado en USD 43.570.701, financiados con recursos de la Corporación Andina de Fomento, CAF.
A fines de febrero, una semana antes de que el contrato fuera adjudicado, el pasado jueves 6 de marzo, el apoderado de la multinacional, Aurelio López Mier, presentó su queja ante la representante de la CAF en Ecuador, ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y ante la municipalidad de Samborondón.
“Esta descalificación injustificada impidió que la entidad contratante evaluara la oferta más conveniente para el interés público, afectando la transparencia, igualdad y eficiencia del proceso de contratación”.
Aurelio López, apoderado de Acciona Agua S.A.
La multinacional española Acciona tiene presencia en 40 países y en 2023 reportó ingresos mundiales por USD 18.382 millones. En Ecuador, Acciona Agua S.A. se estableció como sucursal extranjera en 2014 y en 2023 registró ventas por USD 36.053.248 en el país.
En su reclamo, Acciona Agua S.A. expone que la comisión técnica del municipio la dejó fuera de la licitación argumentando que en su oferta había presentado una tabla de salarios inferiores a los vigentes en el país, un “error subsanable”, pero que, sin embargo, la entidad no le dio la posibilidad de convalidarlo.

“La decisión de la Comisión Técnica contraviene una norma expresa y vulnera los derechos de Acciona Agua, ya que el artículo 79 del reglamento establece que cualquier error en el llenado del formulario de la oferta puede ser convalidado”, señala el representante de la firma en Ecuador.
Además, Acciona Agua -analizando la legislación ecuatoriana en materia de contratación- señala que “una oferta solo puede ser descalificada por causales expresamente establecidas en el pliego, lo que no ocurre en este caso, ya que dicha causal, extrañamente se ha incluido en el documento denominado Términos de Referencia para la contratación de la obra”.
La multinacional menciona otras irregularidades como, por ejemplo, que el municipio no publicó simultáneamente los pliegos y los términos de referencia de la contratación, sino con nueve días de diferencia, lo que afectó la transparencia del proceso y pudo generar incertidumbre entre los oferentes.
A esto -señala- se suma otra irregularidad: el límite señalado para la subsanación de errores era el 21 de febrero, pero el municipio lo aplicó tres días después del plazo, lo que vulnera el cronograma establecido y provoca “inseguridad jurídica y desigualdad entre los oferentes”.

Adicionalmente, Acciona Agua aseguró que su oferta económica era un 9,63% menos costosa que la presentada por la ganadora de la licitación.
“Nuestra oferta es la más beneficiosa para los intereses de la entidad contratante. La misma asciende a USD 39.744.530, mientras que la siguiente mejor oferta tiene un valor de USD 43.570.701. Esto representa una diferencia de USD 3.826.170, equivalente a un 9,63% de incremento de precio”, señala la multinacional.
Rechazar nuestra oferta por un error subsanable -recalca- implicaría un gasto adicional injustificado para el municipio, que podría ser objeto de revisión por parte de los órganos de control.
La respuesta del municipio
PRIMICIAS solicitó, la mañana del miércoles 12 de marzo, una entrevista sobre este tema, pero el municipio informó que se atenderán entrevistas cuando culmine el proceso en su totalidad, pues "aún se encuentra en curso". Según los documentos, solo está pendiente la firma del contrato.
Sin embargo, dentro del proceso de contratación de la obra consta la respuesta de la entidad municipal ante el reclamo de Acciona Agua S.A.
La contestación la emitieron el pasado 5 de marzo los miembros de la Comisión Técnica de la contratación, presidida por Santiago Álava, e integrada por Diego Yánez, Cristhian Barberán, Carlos Limongi y Elba Tagle, y está dirigida a la entonces alcaldesa encargada, Silvia Tutivén.
En ella señalan que Acciona Agua S.A. definió el pago de sueldos de acuerdo con los valores de la Cámara de la Construcción y publicados por la Contraloría para 2024, cuando lo correcto era utilizar los fijados para el año 2025.
“Esto no constituye un mero error de forma de la oferta, por lo tanto, no era posible solicitar una convalidación”, justifica la comisión técnica de la municipalidad, pues señala que el ajuste de este rubro genera “un impacto en la planificación financiera del oferente”, incluso puede “afectar la viabilidad económica del proyecto”.
Además, la Comisión desvaneció el argumento de haber descalificado a Acciona Agua S.A. con base en un documento irregular, pues -aunque publicó con nueve días de diferencia los pliegos y los términos de referencia de la contratación- “los oferentes tenían hasta el 14 de febrero de 2025 para presentar sus ofertas”, es decir 37 días.

El desfase de fechas se produjo porque la entidad municipal cometió un “desliz producto de un error involuntario” al publicar inicialmente un documento sin firmas de responsabilidad, razón por la cual tuvo que publicarlo correctamente nueve días después.
Además, señala la comisión técnica que “la oferta económica no es el único lineamiento para considerar al momento de la calificación (…), el mejor costo es la oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes o futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección”.
La comisión se ratificó en su decisión de descalificar a Acciona Agua S.A. y recomendó que se declare “improcedente” el reclamo presentado.
¿Quién ganó la licitación?
El jueves 6 de marzo, María Peré Idrovo, delegada del alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, adjudicó el contrato para la construcción de la planta de tratamiento de agua en La Puntilla, por USD 43.570.701, al Consorcio BI Samborondón, conformado por las empresas BTD Proyectos 12 S.A. y por Industrias Tecnológicas Álvarez Intal S.A.
En su resolución argumenta la adjudicación por “convenir a los intereses institucionales y por cumplir con lo solicitado en los pliegos”. No obstante, la empresa descalificada Acciona Agua S.A. denunció que uno de los integrantes del consorcio no cumple con los pliegos de la contratación.
“Los oferentes deben demostrar su solvencia económica y capacidad financiera para la ejecución del contrato. Sin embargo, se ha detectado que uno de los integrantes del Consorcio BI Samborondón no cumple con estos requisitos, lo que debería haber sido motivo suficiente para su descalificación”, reclama Acciona.
La empresa Industrias Tecnológicas Álvarez Intal S.A. -señala Acciona- no cumplió con el indicador de solvencia del año 2023 y en los años 2019, 2020 y 2021 no cumplió con los indicadores de endeudamiento, “lo que refleja una situación financiera comprometida”.
Este hallazgo pone en evidencia un trato desigual en la evaluación de las ofertas, se queja la multinacional: “A Acciona Agua se le rechazó la oferta por un error subsanable y no sustancial, mientras que al Consorcio BI Samborondón se le permitió continuar en el proceso a pesar de no cumplir con los requisitos financieros”.

La comisión técnica respondió que tras la revisión de la documentación tributaria del consorcio se determinó que sí cumple con la solvencia económica.
En los registros de la Superintendencia de Compañías consta que la segunda integrante del consorcio ganador, Industrias Tecnológicas Álvarez Intal S.A., -creada en 2007 y de propiedad de Pablo y María Álvarez Wilches y Arnando Álvarez Torres-, reportó ingresos en 2023 por USD 5.584.166.
Mientras que la primera empresa del consorcio, la firma española BTD Proyectos 12 S.A., -sucursal establecida en Ecuador en 2013 y que está presente en 26 países del mundo- registró ingresos en 2023 por USD 3.000 y ese año reportó pérdidas por USD 1.442.
“La situación financiera de la compañía, y los resultados anuales de la ejecución económica 2023, tiene poco movimiento”, señala el informe gerencial de ese año, firmado por la entonces apoderada Narciza Cadena.
Como apoderado actual figura Jerónimo Darquea, quien se desempeñó como asesor de la Presidencia en el gobierno de Lenin Moreno, y ocupó cargos en la Secretaría Planifica Ecuador y la Corporación de Telecomunicaciones (CNT), entre 2019 y 2021; mientras que en el gobierno de Guillermo Lasso fue director de Seguimiento de Proyectos en el ministerio de Energía y Minas, entre 2021 y 2022.
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