Contraloría cuestiona transparencia del contrato de recaudo que motiva el paro de transporte en Guayaquil

Un examen especial de la Contraloría General del Estado le da la razón a los transportistas de los buses urbanos de Guayaquil, que mantienen una paralización parcial del servicio desde el lunes 9 de septiembre de 2024, en rechazo a la imposición de un nuevo sistema de recaudo. 

La manzana de la discordia es un opaco contrato de alianza estratégica público-privada entre la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y el Consorcio STG para el recaudo del pasaje urbano, suscrito en mayo de 2022 y honrado por la actual administración municipal.

Un informe de Contraloría acusa falta de publicidad en el proceso de selección del aliado estratégico y la afectación del principio de transparencia de la información, entre otras irregularidades.

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Los reparos a la alianza público-privada coinciden con los reclamos de los transportistas que acusan que la empresa se contrató prácticamente a “dedo” en un proceso sin difusión, ni socialización.

La Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad, más conocida como ATM, abrió el proceso de selección el 16 de febrero de 2022 y adjudicó el contrato en menos de dos meses (el 12 de abril).

Se trata de un contrato con una inversión inicial estimada en USD 30,9 millones, de lo cual un 75% corresponde al aliado estratégico y el 25% al aporte municipal (USD 7,7 millones).

El Consorcio STG se seleccionó para brindar por 20 años el servicio tecnológico de recaudo y control de flota, tanto del sistema de transporte masivo Metrovía, como del transporte público convencional (buses urbanos) de Guayaquil.

La empresa ya implementa el sistema de cobro del pasaje a través de una tarjeta única (la tarjeta La Guayaca) en la Metrovía.

Y el Municipio de Guayaquil condiciona su implementación en los buses urbanos para aplicar un aumento de tarifa aprobado en mayo pasado (de USD 0,30 a USD a USD 0,45). También se pide implementar mejoras como aire acondicionado para poder subir el pasaje.

Esto provocó la suspensión del servicio de la mayor parte de los transportistas de la ciudad, que piden se les permita acceder a un aumento de tarifa con su sistema de cobro tradicional y aplicando mejoras en las unidades de forma progresiva durante los siguientes seis meses.

Un rosario de fallos en la contratación

Según la Contraloría, la ATM adjudicó el contrato de alianza estratégica sin contar con un reglamento aprobado que estableciera los lineamientos para llevar a cabo los procesos de selección y la celebración de alianzas estratégicas, como lo establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

El examen especial abarcó el período del 1 de enero de 2018 al 31 de mayo de 2023,. Y evaluó las fases preparatoria, precontractual y contractual del proceso.

Contraloría observa la ausencia de documentos claves, como el soporte del cálculo del presupuesto referencial fijado en los términos de referencia para el proceso.

Es decir, el proceso careció de la documentación necesaria para verificar el comportamiento real de los precios en el mercado y si el precio adjudicado fue el más adecuado a los intereses de la ciudad, algo que va en contra de los preceptos legales.

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“No se adjuntó la documentación de soporte del presupuesto referencial determinado para el proceso, inobservando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”

Informe de Contraloría.

También se echó en falta informes que no fueron publicados en el portal oficial de la ATM (como la certificación presupuestaria, la aprobación de pliego e inicio del procedimiento, las ofertas presentadas o la evaluación de dichas ofertas), lo que afectó “el principio de transparencia”.

Además, se detectó una falta de segregación de funciones, con un mismo funcionario asumiendo múltiples responsabilidades durante el proceso de contratación.

“Todo esto ocasionó falta de publicidad en el proceso y la adecuada independencia de funciones de los servidores”, refiere el documento.

Entre las recomendaciones de la Contraloría está determinar responsabilidades en cuanto a las autorizaciones, publicidad del proceso, segregación de funciones y documentación.

Uno de los responsables es el gerente general de la ATM hasta mayo de 2023, previo al cambio de administración municipal. También se instó a elaborar un reglamento interno para regular los procesos de selección y garantizar una mayor transparencia y control en futuras alianzas estratégicas.

ATM se niega suspender el contrato

Manuel Salvatierra, gerente general de la ATM, informó que se trata de un contrato heredado de la administración anterior, de la exalcaldesa Cynthia Viteri (periodo 2019-2023).

Pero el funcionario manifestó la imposibilidad de suspender el contrato de recaudo pues el “holding municipal se expone a sanciones graves”, dijo. Y lo cierto es que el contrato le otorgará al Municipio poder para controlar la flota de buses y reevaluar frecuencias, según demanda.

No obstante, Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), recordó que el Municipio terminó en marzo pasado, de forma unilateral, con el contrato de la Troncal 2 de la Metrovía.

“Las cosas se deshacen como se hacen”, dijo Sarmiento. “Por qué se afana el señor alcalde en que firmemos con este consorcio, si lo contrató una administración anterior nefasta”.

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“¿Qué hay detrás para que se nos condicione a firmar con STG por 20 años para elevarnos la tarifa?. ¿Por qué se nos amenaza con no renovar los permisos de operación”.

Christian Sarmiento, Fetug.

El valor del contrato dependerá de la demanda de pasajeros y de la tarifa vigente, por lo tanto es indeterminado, según la Contraloría. Sin embargo el porcentaje acordado sobre el monto de recaudo que recibirá STG será el 6,69% de la tarifa vigente más IVA.

Si el pasaje se aumenta a USD 0,45, la operadora cobrará USD 0,03 centavos, más los costos asociados a la transaccionalidad por un valor del 2% de la comisión más IVA.

El dirigente gremial explicó que la empresa encargada de la recaudación obtendría un promedio de USD 1,4 millones mensuales (una media de USD 21 diarios por los 2.350 buses urbanos que tiene Guayaquil).

“Están pensando en aplicar un recaudo para alimentar las arcas de una empresa, cuando lo que necesitamos es resolver la crisis de la tarifa que es lo que tiene a nuestras unidades en condiciones precarias, según reconoce el propio Municipio”, agregó Sarmiento.