Contener la violencia y reducir los asesinatos, el verdadero reto del futuro presidente de la República

Ecuador atraviesa el inicio de año más violento desde que hay registros públicos. Entre enero y febrero de 2025, en el país se cometieron 1.529 asesinatos. Es decir, en promedio, cada día en Ecuador mueren violentamente 26 personas.

Lo más preocupante es que los valores han ido al alza. Febrero de 2025, con 736 muertes violentas, es el mes en el que más crímenes de este tipo se han cometido desde diciembre de 2023 y, además, es el  sexto mes más violento desde enero de 2011. Además, en promedio, en enero de 2025 se cometieron 24 asesinatos cada día y en febrero de 2025, 26.

Si este último promedio se mantiene en lo que resta del año, Ecuador podría cerrar 2025 con más de 9.600 muertas violentas. Eso llevaría a una nueva ruptura de este récord negativo y sería el año más violento de la historia nacional. En 2023, el año con peores cifras, hubo 8.248 asesinatos y en 2024 la cifra bajó a 7.033.

Para evaluar el nivel de violencia y criminalidad en un país, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) recomienda utilizar la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Justamente, el país tuvo sus peores tasas en 2023 y 2024: 46,2 y 39,1, respectivamente

Y con las proyecciones de 2025, la cifra podría cerrar el año en 53,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que significaría un incremento del 15,94%, respecto con 2023; y del 35,81%, con relación a 2024.

Las hipótesis oficiales apuntan al narcotráfico como la causa de este problema. La guerra de grupos criminales han provocado miles de asesinatos dentro y fuera de las cárceles. 

Las propuestas de los presidenciables

Este escenario de violencia y criminalidad en Ecuador coincide con un período electoral. El 13 de abril de 2025, Luisa González, candidata por alianza Revolución Ciudadana (RC) - RETO; y Daniel Noboa, presidente - candidato por la Acción Democrática Nacional (ADN), se enfrentarán un balotaje para definir al presidente de la República para el período 2025-2029.

La situación de seguridad ha destacado en el centro de las agendas de ambos presidenciables. 

Por un lado, Noboa —que busca la reelección— ha hecho énfasis en profundizar su estrategia marcada por un discurso de mano dura, en el que resalta la militarización del país a través del conflicto armado interno, que se declaró en enero de 2024, apenas llegó al Palacio de Carondelet. 

Apenas declarada esa guerra contra 22 bandas narcocriminales, ahora denominadas como terroristas, hubo una importante reducción de muertes violentas. 

En los siguientes días a la declaratoria, la reducción llegó a ser del 63% y la contención de la violencia se profundizó al siguiente mes. En febrero de 2024 hubo 384 crímenes, convirtiéndose en el mes más pacífico desde abril de 2022.

Sin embargo, la reducción no pudo convertirse en tendencia. Desde marzo de 2024, las muertes violentas empezaron a subir nuevamente, hasta llegar a enero y febrero de 2025, en donde las cifras casi llegan a los peores momentos de 2025.

En su plan de Gobierno, Noboa resaltó la reducción en su primer año de gestión. Pero, recalcó que todavía hace falta trabajar en esto para lo que se necesita que las "decisiones en el ámbito de seguridad tengan todo el respaldo de los otros poderes del Estado", haciendo énfasis en la Asamblea Nacional. 

Durante la campaña electoral y como Presidente en funciones, Ecuador ha vivido una nueva ola de violencia, Noboa ha abordado el problema con un enfoque de cooperación internacional. Ha solicitado asistencia militar extranjera, así como firmó una alianza con Erik Prince, polémico empresario estadounidense en materia de seguridad, que ha sido señalado por supuestamente manejar equipos de mercenarios.

Además, el presidente candidato ha señalado directamente al correísmo como responsable de la crisis de seguridad. Asegurando que medidas como la aprobación la llamada tabla de consumo de drogas y el cierre de la Base Militar de Estados Unidos en Manta, permitieron el crecimiento del narcotráfico y, por lo tanto, de la violencia. 

Del otro lado de la papeleta electoral, Luisa González ha recalcado públicamente que el deterioro de la seguridad se desató desde 2017, cuando el movimiento político se distanció del entonces presidente Lenín Moreno y dejaron de ser Gobierno. 

A primera vista, las cifras respaldan esa teoría. En 2016, Ecuador tuvo una tasa de muertes violentas de 5,8 casos por cada 100.000 habitantes. La más baja de la historia y una de las menores de América Latina, que es la región más violenta del mundo. 

Sin embargo, también hay objeciones sobre ese análisis. En este momento, la Asamblea Nacional investiga una supuesta manipulación de las cifras de homicidios intencionales durante el Gobierno de Rafael Correa. La Comisión de Seguridad, manejada por legisladores cercanos a Noboa, aprobaron un informe en el que se ordenó a la Fiscalía investigar este hecho. 

En su plan de gobierno, González no hace menciones directas al narcotráfico o a las muertes violentas. Pero, hay una sección dedicada a la seguridad en la que se ofrece reestructurar todo el aparato de seguridad incluyendo a los Ministerios del ramo y fortaleciendo a la fuerza pública.

Mientras que en sus más recientes declaraciones, en el marco de la campaña electoral, González ha apuntado directamente a Noboa como el responsable de la nueva ola de violencia por "incompetencia y corrupción". 

Además, durante el reciente debate presidencial, González tomó una postura nueva para el correísmo. La política habló de incorporar una política "de mano dura" con un principal énfasis en mejorar el control fronterizo y el sistema de inteligencia nacional.

El análisis experto

Mientras los candidatos presidenciales insisten en estrategias basadas en el poder militar y la llamada 'mano dura' para combatir la delincuencia, desde la academia y las voces de expertos se ensayan otras alternativas.

Luis Córdova Alarcón, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, explica que hay dos cosas fundamentales, factibles y de corto plazo que podrían aplicarse.

Primero, el jurista considera que hace falta una política de control de armas. Al existir un verdadero control de la circulación de armas de fuego, dice, se reducirían sustancialmente los asesinatos. Mientras que ha ocurrido lo contrario y en el mercado negro circulan muchas armas que provienen de varias partes del mundo, sobre todo, desde Estados Unidos.

La segunda estrategia, en cambio, sería intervenir 10 de los 140 distritos que hay en el país, que aglutinan el 84% de los homicidios. Pero, enfatiza Córdova, la intervención tiene que ser integral y bien planificada. 

Incluso, agrega que si se empezara únicamente por los cinco más violentos, en tres o cuatro meses, podría reducirse significativamente los homicidios. 

Además, Córdova aclara que no solo hace falta estas intervenciones en seguridad, desde el nivel coercitivo. Sino que también, el Gobierno tiene que mejorar en el ámbito de infraestructura, es decir, invertir en la dotación de servicios básicos y bienes públicos en estos sitios, caso contrario cualquier intervención de la fuerza pública será estéril.