¿Dejará de ser un mito la independencia de funciones? Esto prometen los candidatos a la Presidencia

En teoría y en el marco jurídico del Estado, Ecuador tiene un sistema que establece la independencia de funciones. Sin embargo, en la práctica, muchos gobernantes han demostrado que se trata de 'letra muerta'. 

El caso más frontal fue la "metida de mano" de Rafael Correa en el sistema judicial en 2011, apoyada en las urnas por la ciudadanía. Pero tampoco fue una novedad, previo a eso las cortes del país estaban controladas por otros partidos políticos.

Después, en 2018, bajo el argumento de luchar contra la corrupción y limpiar las entidades de control, cuyas autoridades habían sido designadas por un Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) frontalmente correísta durante 10 años, Lenín Moreno llamó a una consulta para legitimar su decisión.

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Así mismo, la historia reciente confirma la tradición de las funciones Ejecutiva y Legislativa de ser el epicentro de la compra y venta de puestos en las instituciones públicas e, incluso, de entidades que han pasado por el control de grupos políticos, económicos y hasta familiares, según la época.

Sin embargo, en los últimos años hay otro actor que ha invadido gran parte del Estado y sus instituciones: el crimen organizado. Los vínculos entre los delitos contra la administración pública y la delincuencia transnacional (lavado de activos, narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal) son cada vez más amplios.

Los casos investigados por la justicia en Ecuador apuntan a una contaminación de las instituciones públicas y de los partidos políticos, puesto que varios representantes de distintas banderas y simpatías políticas han sido sentenciados por interferir en el funcionamiento del Estado.

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Pero, ¿qué es la independencia de funciones? Es un sistema que "opera como un límite al ejercicio del poder de otras Funciones del Estado, pues busca evitar injerencias indebidas o desequilibrio de los pesos y contrapesos establecidos constitucionalmente”, explica la Corte Constitucional en una sentencia de noviembre de 2023.

Se trata de un elemento esencial del sistema democrático, en el que el poder está repartido y controlado por los órganos del poder constituido, en razón de la separación de poderes, sin que una Función del Estado esté por encima de las demás, agrega el análisis constitucional.

La realidad del país y el incumplimiento de esos preceptos han minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones, que además viven en una constante crisis política y administrativa, el mayor ejemplo es la inestabilidad y fracaso del CPCCS y la disolución de la Asamblea Nacional por parte de Guillermo Lasso.

Por ello, apenas un 30% de ecuatorianos confían en la figura del Presidente, un 20% en la Función Electoral, un 18% en la Judicial y un 18% en la Legislativa, según el Latinobarómetro 2024.

¿Qué dicen los candidatos?

Precisamente, el futuro de la institucionalidad ecuatoriana es uno de los temas en juego en la segunda vuelta presidencial del 13 de abril de 2025 y también es una constante en los discursos de los aspirantes a Carondelet.

Tanto el presidente candidato, Daniel Noboa, como la representante del correísmo, Luisa González, ofrecen recuperar las instituciones y respetar la separación de poderes, en caso de llegar a la Presidencia de la República.

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En el debate presidencial, ambos se acusaron mutuamente de no hacerlo. Noboa cuestionó a su oponente sobre si volvería a tomarse las instituciones del Estado, como sucedió en la década correísta, y como lo planeaban hacer con la Judicatura y la Superintendencia de Bancos, con la 'liga azul' en el CPCCS.

González no respondió, ni siquiera negó el contenido de los polémicos chats. Pero sí contraatacó, acusó al Mandatario de ordenar en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral y "hacer de este país lo que te da la gana".

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Sin embargo, ninguno da detalles de cómo, cuándo y con qué recursos cumplirá con esas promesas. Pero reflejan sus intenciones, reales o no, en las premisas establecidas en sus planes de gobierno.

Por ejemplo, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) ofrece:

• Consolidar una institucionalidad pública eficiente, transparente y participativa, capaz de brindar servicios de calidad a la ciudadanía, promover la gobernabilidad democrática y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
• Fortalecer la institucionalidad, promoviendo un gobierno transparente y eficiente. Fomentar la participación ciudadana activa en la toma de decisiones y garantizar la independencia de los poderes del Estado.

Y la candidata de la Revolución Ciudadana (RC) promete:

• Recuperar la independencia, la imparcialidad y la plena sujeción a Ley y a la Constitución de la Función Judicial y la Fiscalía, para que cumplan con su función de sancionar delitos y no personas.
• Garantizar el principio de independencia de las Funciones del Estado y generar las condiciones desde la ciudadanía para un Pacto por la Justicia Independiente e Imparcial, en donde la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, la Función Judicial asuman el compromiso irrestricto de cumplir con efectividad y probidad la garantía de que los procesos judiciales.
• Promover la adopción de leyes orientadas a evitar la intromisión de los poderes fácticos en la administración de justicia y garantizar también su independencia interna.
• Promover la cooperación entre los cinco poderes del Estado basados en la interpretación conforme a la Constitución, la transparencia y el bien común, que ofrezcan un amplio respaldo para dar efectividad a la independencia judicial.

El análisis experto

El economista y politólogo británico, James Alan Robinson, afirma que la diferencia entre los países exitosos y los países pobres son sus instituciones. El también premio Nobel de Economía se ha destacado por sus investigaciones sobre la relación entre el poder político, las instituciones y la prosperidad. 

Lo que tienen los países ricos, según este economista, son instituciones que funcionan, como legislativos y cortes honestas, así como reglas que rigen los derechos de propiedad y fomentan la competencia empresarial, que además tienden a ser justas, predecibles y se aplican a todos.

Bajo esta conclusión, del coautor del libro 'Por qué fracasan las naciones: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza', no hay promesas presidenciales que alcancen para sacar a Ecuador de la creciente y profunda crisis de corrupción y hasta criminalidad que atraviesa sus instituciones sin una real separación y equilibrio entre poderes del Estado.

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Robinson establece una distinción entre lo que él llama instituciones extractivas e inclusivas. Las instituciones extractivas son aquellas que benefician a un pequeño número. Las instituciones políticas y económicas inclusivas benefician a la población en general y crean un entorno propicio para la innovación y el crecimiento económico.

Lamentablemente, la tradición e historia reciente ecuatoriana apuntan en otra dirección. Mauricio Muñoz, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), explica que las tres últimas constituciones (1978, 1998, 2008) “han dejado ver que la independencia queda linda en el papel, pero en la práctica no consigue activarse”.

El director de FCD recuerda que las (originalmente tres) funciones del Estado, dos políticas de elección popular y una no partidista, fueron creadas para girar en torno a la ley y con un poder distribuido, pero que en el país nunca ha habido una independencia total de funciones.

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“Siempre ha existido la intención del poder político de controlar el poder judicial, con el fin de romper con el sistema de controles, de pesos y contrapesos y que “puedan hacer lo que les venga en gana”. Incluso, señala que ahora "el país vive el resultado de que el crimen organizado, con poder económico ilimitado, empezó a adquirir poder político".

Finalmente, para Alarcón las ofertas electorales se tratan solo de discursos vacíos. 

Señala que "tenemos muy malos antecedentes de los dos finalistas, del lado del correísmo ya hemos visto, en periodos pasados, cómo se controló de forma directa la justicia y, en la época reciente, ¿Cómo va a respetar la institucionalidad el presidente candidato si no ha sido capaz de remitir su terna para la Judicatura?

Aunque el director de FCD afirma que sí es posible recuperar la institucionalidad del país y mantener la independencia de funciones: “la clave está en no hacerlo por cuenta única, sino en procesos colaborativos y reales de diálogo, cuando seamos lo suficientemente maduros para sentarnos entre personas que no somos iguales y pensamos distinto y discutir una hoja de ruta e implementar acciones”.